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Flora Emilza Silva Flores, ex gerente Financiera y Administrativa de Aldea Global, juramenta frente a la jueza Oly González antes de dar su testimonio, el jueves 04 de mayo. Simone Dalmasso

Juicio a Zamora, día 3: la explicación de los Q300,000 del supuesto chantaje y el lavado de dinero

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Juicio a Zamora, día 3: la explicación de los Q300,000 del supuesto chantaje y el lavado de dinero

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En la tercera jornada del juicio contra Zamora, el Tribunal escuchó a un exdiputado, al expresidente de Bantrab y cuatro personas que trabajaron o todavía tienen vínculo laboral con Aldea Global, la casa editora de elPeriódico. El tema central de los testimonios e interrogatorios fue una transacción por 300,000 quetzales —unos US$38,400—, la forma en que el medio de comunicación se financia, y el supuesto chantaje por publicaciones en la sección de chismes políticos, elPeladero.

300,000 es un número importante en el caso contra José Rubén Zamora. Es la cantidad de quetzales que sirvieron a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) para denunciar el supuesto lavado de dinero y el chantaje del periodista José Rubén Zamora contra el exbanquero Ronald García Navarijo.

La fiscalía busca probar los delitos en el juicio, el periodista se defiende al decir que el dinero es producto de la venta de una pieza de arte para financiar la planilla de elPeriódico, y los empleados y exempleados del medio confirman parte de esa declaración. Zamora vive los días más cruciales en un juicio en el que, aunque se declara inocente, se reconoce vencido.

El jueves 4 de mayo, la Feci presentó a seis testigos para que con sus declaraciones contribuyan a la acusación por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias que enfrenta el periodista Zamora. La primera persona en ser convocada ante el tribunal fue Roberto Eduardo Vicente Sandoval, piloto personal de Zamora desde 2003 hasta julio de 2022. En su declaración dijo: «Yo fui la persona que trasladó el dinero de la zona 12 a la zona 10».

A Zamora se le acusa de lavar 300,000 quetzales y de supuestamente chantajear al exgerente general del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Ronald Giovanni García Navarijo para que recibiera los fondos y los devolviera en un cheque con la justificación de compra de publicidad a la empresa Aldea Global, casa editora de elPeriódico.

La Feci busca unir las piezas del rompecabezas con las declaraciones de los testigos que ha propuesto para esta acusación: el 28 de julio de 2022, el piloto de Zamora recibió la instrucción de trasladar una bolsa con dinero a la oficina 305 del edificio Centro Empresarial, zona 10. Ahí coincidió con otro empleado de elPeriódico, un mensajero que llevaba la factura y recibiría a cambio un cheque para depositar a las cuentas del medio.

Quien recibió el dinero era personal de confianza de Navarijo. La entrega quedó grabada con una cámara oculta que el exbanquero presentó a la Feci para respaldar la denuncia contra Zamora por chantaje.

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Vicente contó que un hombre los atendió de manera muy jovial. Abrió la bolsa y sacó el dinero del sobre de papel. Contó 100,000 quetzales —unos US$12,800— y dejó otro monto sin revisar. La mayoría de los fajos de billetes tenían identificador del Banco Industrial, y otra parte llevaba hules. El día de la primera declaración de Zamora, en agosto de 2022, la defensa argumentó que los billetes que la Feci presentó ante juez no llevaban los distintivos bancarios.

Vicente dice que cumplió con su tarea y vio que el mensajero se encargó de la documentación —recibió un cheque y entregó una factura de Aldea Global, S.A. por concepto de venta de publicidad a la empresa Instrumental, Audio y Más—. No quedó claro cuánto tiempo pasó desde que el mensajero salió de la oficina hasta que llegó al banco para hacer el depósito. Lo que declaró Flora Emilza Silva Flores, exgerente Financiera y Administrativa de Aldea Global, es que el mensajero la llamó para contarle que no pudo depositar porque la cuenta «estaba bloqueada o inexistente».

El cheque no llevaba el rótulo de Instrumental, Audio y Más —a la que ya conocían porque en febrero de 2022 también compró publicidad, pero intentó pagar en efectivo los 150,000 quetzales —unos US$19,200— que costaba el servicio—.  El mensajero le dijo a su jefa que el cheque no llevaba el mismo nombre del cliente al que le habían facturado.

En lugar de Instrumental, Audio y Más tenía el título de Nijo, S.A. Ante esa novedad, Silva Flores se comunicó con Zamora y recibió instrucciones de hacer una nueva factura para gestionar un cheque nuevo en otra dirección un día después,  el 29 de julio de 2022. Esa fecha es clave, porque fue el día de los allanamientos en las oficinas de elPeriódico y la casa de José Rubén Zamora.

Silva Flores declaró que el dinero del cheque serviría para pagar salarios y el Bono 14 de los empleados, el salario extra que debe quedar saldado en la primera quincena de julio.

Nijo S.A. es la empresa con la que García Navarijo hizo la simulación de la transacción para que la fiscalía acusara por supuesto lavado de dinero.

Dos días antes de esta fallida operación financiera para elPeriódico, el 26 de julio, García Navarijo se había presentado ante la Feci para denunciar que era víctima del chantaje de Zamora. En 72 horas la Feci organizó la operación que bautizó como «Chantaje Impunidad y Lavado de Dinero» que se materializó el 29 de julio y derivó en la captura de Zamora, Flora Emilza Silva Flores, la fiscal Samari Gómez, y más tarde de los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya, quienes no pudieron ejercer la defensa de Zamora el día de la primera declaración.

Silva Flores, Castañeda y Montoya se sometieron a proceso abreviado de aceptación de cargos, con el objetivo de salir de prisión de forma más rápida. Silva Flores fue condenada en dos ocasiones. En diciembre de 2022 por lavado de dinero y en enero de 2023 por obstrucción a la justicia. Los abogados también fueron sentenciados por obstrucción judicial.

García Navarijo, el denunciante, está ligado a proceso penal por el caso Arca, que fue presentado en octubre de 2016 por la Feci que entonces colaboraba con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Tiene cargos por lavado de dinero, asociación ilícita y peculado debido a una supuesta transacción que implicó el uso de fondos del banco para adquirir propiedades. Estuvo prófugo dos años, fue capturado en 2018, desde 2022 es colaborador eficaz en el caso contra Zamora y tiene el beneficio de arresto domiciliario.

Una transacción por pauta, no por una obra de arte

Zamora declaró el 3 de mayo que el dinero que le mandó a García Navarijo no es producto de una transacción anómala. Aseguró que él era una fuente de confianza, que lo agasajaba constantemente, y que el dinero lo obtuvo por la venta de una pintura y que el intermediario de la transacción fue su primo Juan Carlos Marroquín Godoy.

En meses anteriores, la defensa de Zamora argumentó que el cuadro, firmado por el pintor Elmar Rojas, fue vendido al empresario Alejandro Girón Lainfiesta, quien supuestamente hizo el pago de 240,000 quetzales —unos US$30,700— en efectivo. De esta manera justificaría la legalidad de una parte del dinero en efectivo que el piloto de Zamora trasladó a una oficina de la zona 10.

Sin embargo, Marroquín Godoy también fue capturado y acusado de obstaculizar la investigación contra el periodista, y de mentir sobre la venta del cuadro. Marroquín Godoy se declaró culpable de los cargos penales el viernes 5 de mayo, justo en medio del desarrollo del juicio contra su primo, José Rubén Zamora.

Se acogió a un proceso de aceptación de cargos a cambio de una condena mínima que puede ser condonada. Marroquín Godoy declaró que no dijo toda la verdad en cuanto a la venta del cuadro y aclaró que cuando hicieron la transacción, Girón Lainfiesta, quien también fue sentenciado por obstaculizar la acción penal, no había decidido si iba a comprar el cuadro o publicidad a cambio del dinero que estaba entregando. El contrato de compra-venta presentado como prueba de descargo se realizó varias semanas después de la captura de José Rubén Zamora.

Hasta esta parte del juicio no hay indicios claros de que el dinero sea de origen ilícito. Lo que sí se ha confirmado es que elPeriódico funcionaba con pérdidas millonarias —de 2.5 a 5 millones de quetzales— y que José Rubén Zamora se encargaba de buscar financiamiento. Recibía donaciones, pero también vendía publicidad, rubro del cual provenía la mayoría de ingresos para el sostenimiento del medio de comunicación. En algún momento, la crisis llevó a la empresa a vender certificados financieros por 10,000 dólares —unos 78,000 quetzales— a un plazo de cinco años para autofinanciarse.

Los 300,000 quetzales serían recibidos como pago de publicidad, bajo el sistema usual de elPeriódico: sin fecha exacta de cuándo serían utilizados en pauta. Lo confirman las declaraciones de Flora Emilza Silva Flores y Gabriel Antonio Oliveros de León, quien es el contador general de Aldea Global y tiene 19 años de trabajar en la empresa.

Tanto Oliveros de León como Flora Emilza Silva Flores relataron que elPeriódico tenía problemas financieros por lo menos desde 2015. Silva Flores aseguró bajo juramento que muchas empresas pagaban por publicidad, pero no la consumían de inmediato y que esa cuenta, registrada como «por pagar» ascendía a 20 o 22 millones de quetzales —unos US$2.8 millones—. A estos paquetes Zamora les llamó «pre-inversión».

Los dos encargados de las finanzas de Aldea Global dijeron que había anticipos de publicidad que no eran facturados en el momento en que recibían los fondos, sino hasta que los clientes decidían usar los espacios publicitarios.

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Los dos testigos dijeron que José Rubén Zamora también proveía fondos propios a la empresa. Ambos dijeron que escucharon rumores de que había hipotecado su casa para proveer capital a la entidad y que había menciones de que incluso vendería un cuadro para obtener fondos.

Los empleados reconocieron que por los aportes que Zamora había dado a elPeriódico, la empresa tenía una deuda que abonaban cada mes con un pago de 75,000 quetzales —unos US$9,600—. Lo que admitieron no saber es el origen del dinero que entraba desde las empresas.

El 28 de julio, cuando el cheque de Instrumental, Audio y Más fue rechazado, Flora Emilza Silva Flores lo reportó a Zamora y recibió la instrucción de anular la factura y emitir una nueva. El viernes 29 de julio, enviaron al mensajero con el nuevo documento a otra dirección en donde le darían un cheque nuevo, no por los 300,000 quetzales, sino por 265,486.75 quetzales —US$34,000—, con el descuento de los impuestos.

El mensajero esperó y esperó, pero nadie le abrió en la nueva dirección. Su jefa, Silva Flores le pidió que esperara, porque tenía la esperanza de recibir dinero para pagar la planilla. A las 16:30 horas se volvieron a comunicar. A esa hora Silva Flores le pidió al mensajero que se fuera a su casa porque las oficinas de elPeriódico estaban allanadas, al igual que la casa de Zamora.

El otro empleado convocado a dar su testimonio fue Sergio Geovani Ramírez Cotom, quien trabajó 16 años en el área de soporte técnico y actualmente presta servicios facturados en esa misma área. Su aporte fue breve, el interrogatorio se enfocó en consultar el procedimiento del allanamiento y cómo atendió la solicitud de dar acceso a los correos electrónicos del área de créditos y cobros.

El chantaje

Sergio Anibal Hernández Lemus, quien fungió como presidente de la Junta Directiva de Bantrab, se presentó para declarar cuándo y en qué contexto inició el vínculo comercial entre el banco y elPeriódico. Según su testimonio, el banco se vio obligado a pagar publicidad en cantidades «generosas» luego de que el medio publicó una investigación sobre un préstamo bancario sin garantía a un polémico personaje de la política nacional.

Según Hernández Lemus todo esto ocurrió en tiempos del gobierno de Ramiro de León Carpio, quien se convirtió en presidente después del autogolpe de Estado de Serrano Elías. Sin embargo, en esa fecha Zamora dirigía Siglo XXI y elPeriódico todavía no existía, pues fue fundado en 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú.

Hernández relató que una mañana la Junta Directiva descubrió que en la primera plana aparecía «un acto de corrupción en el banco», en la que se señalaba que habían otorgado un crédito a Obdulio Chinchilla Vega, un personaje polémico que fue diputado y sobrevivió a dos atentados antes y después del golpe de Estado.

El banquero daba detalles del acontecimiento y, como si se hubiera trasladado al pasado, decía con efusividad que el préstamo «tenía todas las garantías porque (Chinchilla Vega) tenía su hotel El Gran Chortí, sede del Parlacen, teníamos garantía en La Perla… » y hasta ahí llegó la evocación histórica porque la jueza presidenta del tribunal, Oly González, le pidió brevedad. En la historia de Hernández apareció el exembajador Julio Ligorría, a quien le pidieron ayuda para atender la crisis mediática que enfrentaron.

De acuerdo con su testimonio, el banco sufrió pérdidas económicas por la publicación, y todo se arregló cuando se convirtieron en clientes de publicidad. «Hasta el 29 de octubre de 2016 las aguas con la prensa eran maravillosas, en todos los medios. A partir de esa fecha —cuando lo vincularon al caso Arca junto a García Navarijo— fue muerte civil y financiera para todos los directores de la junta directiva de Bantrab».

Luis Enrique Hernández Azmitia, quien fue diputado por el partido Visión con Valores —que respaldó la candidatura de Zury Ríos en 2015— y fungió como viceministro del Ministerio de Desarrollo Social por menos de un año de 2012 a 2013, fue el más contundente al hablar del supuesto chantaje de Zamora.

Dijo que fue objeto de elPeladero, la sección de chismes políticos de elPeriódico y que se atribuye por completo a Zamora, «78 veces» y que le dedicaron tres notas de investigación en la que le señalaban de tener intereses en minería, puertos y laboratorios farmacéuticos.

El epicentro de su relato se centra en 2018, el año en el que se convirtió en jefe del bloque Movimiento Reformador —grupo que respondía al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi— y los diputados discutían las iniciativas para reformar el delito de financiamiento electoral ilícito, sancionar el transfuguismo e imponer fiscalizaciones a las oenegés.

«El 20 de mayo de 2018 aproximadamente, me dice Orlando Blanco —diputado de la Une en aquella fecha y ahora del partido Vos— que necesitaba tener una reunión en la colonia El Carmen, zona 12». El punto de reunión era la casa de Zamora. Hernández Azmitia asegura que no quería ir, pero accedió porque le dijeron que le convenía.

Zamora, según dijo, lo trató con cordialidad y le ofreció whisky. Cuando le reclamó por elPeladero, Zamora le respondió «así es esto, vos» y cuando estaban en el parqueo le pidió que le diera 200,000 quetzales —US$25,600—, incluso en cuotas, para dejar de mencionarlo en elPeriódico. En su silla, Zamora hacía gestos de incomodidad, pero se abstuvo de hablar porque le habían advertido que si volvía a comentar en voz alta lo expulsaban de la sala.

Hernández Azmitia seguía con su relato detallado, insistía en haber salido 78 veces en elPeladero en un término de cuatro años y haberse ganado cinco menciones más por no pagar. Incluso dijo que alguien le avisó que le dedicarían una investigación sobre sus intereses en el Puerto Quetzal. No dijo si finalmente hubo publicación.

Cuando su relato se desvió hacia anécdotas no relacionadas al objeto del testimonio, la jueza González le pidió que se abstuviera de contar detalles innecesarios. Hernández Azmitia insistía y cuando interrumpió a la jueza, ella lo calló. «¡Por favor, señor testigo, ya!». Entonces le impidió seguir con su testimonio y pidió a la fiscalía que iniciara con el interrogatorio.

Durante la audiencia, la nueva defensa de Zamora señaló que no tenía acceso a toda la documentación del caso y la jueza pidió que le compartieran el material. Este es el cuarto grupo de abogados que se involucra en el proceso. Dos han sido condenados por supuestamente obstruir el proceso y otros dos fueron capturados poco antes del inicio del juicio por ese mismo delito y supuesto patrocinio infiel —actos perjudiciales a los intereses de su cliente—.

 

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