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Samari Gómez sonríe al subir al pick up del Sistema Penitenciario, en su último viaje hacia la cárcel. La ex auxiliar fiscal del MP fue absuelta, mientras el ex director de ElPeriódico fue condenado a 6 años de prisión por lavado de dinero. Simo Dalmasso

Veredicto contra Zamora: una sentencia, una absolución y el enojo del MP

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Veredicto contra Zamora: una sentencia, una absolución y el enojo del MP

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En doce audiencias se resolvió el juicio contra un prominente periodista y una exfiscal. La sentencia dejó al Ministerio Público golpeado por haber llevado a Tribunales un caso sin sustento legal. El tribunal a cargo declaró inocente a la abogada y rechazó dos delitos contra el periodista José Ruben Zamora, a quien condenó a seis años de cárcel por lavado de dinero. Este es el relato del veredicto en uno de los casos más controversiales de los últimos años en la justicia de Guatemala y que dejó como principal víctima el cierre de uno de los diarios más críticos de los gobiernos.

José Rubén Zamora llegó a la Torre de Tribunales, como las últimas once audiencias de este juicio,  escoltado por más de media docena de agentes del Sistema Penitenciario. Portaba un traje formal negro y una apariencia serena. Antes de iniciar la audiencia se paró un momento frente a los periodistas, como contemplando que esta vez él era la noticia. Esto ocurrió después del cierre de elPeriódico, el 15 de mayo, el medio que fundó en 1996 y que publicó cientos de investigaciones de corrupción contra ocho gobiernos.

Este miércoles 14 de junio, el Tribunal Octavo Penal, integrado por las juezas Oly González, Griselda Ordónez y el juez Otto Valverth, dictó sentencia en el caso contra José Rubén Zamora, periodista y Samari Carolina Gómez, exauxiliar fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), unidad del Ministerio Público que investigó casos de corrupción en el gobierno, pero que bajo la dirección del fiscal Rafael Curruchiche puso sus ojos en exfiscales, exjueces, abogados y periodistas.

El Tribunal declaró inocente a Zamora de los delitos de chantaje y tráfico de influencias, y dijo que la Feci, representada por la fiscal Cinthia Monterroso, no presentó pruebas concretas para sustentar su caso. También encontró a Zamora culpable del delito de lavado de dinero y lo condenó a pasar seis años en la cárcel y a pagar una multa de 300,000 quetzales. Esta fue la pena mínima que el Tribunal pudo haber impuesto, ya que la Feci pidió una sentencia de 40 años agravada porque supuestamente el periodista «menospreciaba la autoridad de la Fiscal General Consuelo Porras y Curruchiche». Esto último fue rechazado por el Tribunal.
 
En los once meses que han pasado desde su captura, el 30 de julio de 2022, elPeriódico, el medio que fundó, pasó de tratar de continuar develando casos de corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei, a despedir al 80% de su personal por la asfixia económica que provocó el caso, a cerrar por completo sus operaciones y despedirse del público.

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A diferencia de Zamora, Gómez fue absuelta de todo cargo y se ordenó que este mismo miércoles recupere su libertad. La abogada, quien tenía 12 años de trabajar en el Ministerio Público, investigaba su primer gran caso de corrupción cuando fue denunciada por uno de los implicados, el exdirectivo del Banco de los Trabajadores, Ronald García Navarijo, quien también denunció a Zamora y lo grabó a escondidas durante 17 meses. García Navarijo está a las puertas de enfrentar su propio juicio por lavado de dinero en la misma institución bancaria.
 
Gómez denunció que durante su proceso fue tratada como una criminal, ya que pasó once meses encarcelada en una bartolina aislada en la que solo podía salir a recibir una hora de sol al día. Casi un año después de su detención, el tribunal dictaminó que no cometió ningún delito, sin embargo, tenerla en el caso fue estratégico para la FCT, ya que existía una condición legal que sus representantes Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla pudieran estar en el debate.

El artículo 116 del Código Procesal Penal de Guatemala establece que cualquier persona puede querellarse en el caso contra un funcionario público. Zamora no es un funcionario público, por lo que para estar presente y acusarlo, la FCT debía tener un gancho: la exfiscal Gómez.
 
Este fue el primer juicio de la mancuerna Feci-FCT, que tras la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la destitución de Juan Francisco Sandoval, antiguo jefe de esa fiscalía, consolidaron una alianza para perseguir a operadores de justicia y a periodistas que investigaron o escribieron sobre la corrupción en el gobierno.

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La FCT ha sido una de las mayores denunciantes de Juan Francisco Sandoval, a quien el exjefe de la Feci critica constantemente y contra quien ha pedido cuatro órdenes de captura. Esos casos no han avanzado porque Sandoval se encuentra exiliado en Washington.
 
El juicio terminó a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en Guatemala, programadas para el 25 de junio, que se llevarán a cabo en un contexto de retrocesos democráticos y persecución de voces disidentes, según han denunciado organizaciones internacionales y locales.

Un discurso interrumpido

Al final del juicio, el periodista Zamora tuvo la oportunidad de dirigirse al Tribunal para hacer peticiones. Para eso preparó un discurso de 17 páginas que escribió a mano. El tribunal le advirtió que no podía leerlo porque su intervención debía ser espontánea; sin embargo, Zamora explicó que su profesión es de ingeniero y periodista, y que desconoce el proceso penal. Los jueces suavizaron su postura y le permitieron usar el documento como referencia bajo la advertencia de que se concretara a los hechos discutidos en el juicio.
 
Zamora asegura haber sido denunciado en más de 200 veces a lo largo de su carrera de 30 años investigando al poder público. Citó las acusaciones hechas por el expresidente Alfonso Portillo o las hechas por la exvicepresidenta Roxana Baldetti, pero ninguna, enfatizó, fue por chantaje.

 
Así inció Zamora su discurso con un agradecimiento para el tribunal por impedir la «violencia y terrorismo verbal ejercido por el (primer) juez contralor, la señora fiscal (Cinthia Monterroso) y los querellantes (la FCT)». Esto pasó porque a inicio del debate, el periodista le pidió a la jueza González que impidiera que Raúl Falla, abogado de la FCT, se refiriera a él como «criminal», «lavador de dinero» y «chantajista», argumentando que todavía no había sido condenado y que su inocencia no había sido quebrantada. La jueza accedió. La lectura de esa frase provocó que la fiscal Monterroso hiciera un gesto de desaprobación y que se preparara para detener la intervención de Zamora.
 
«En este debate oral y público se vulneraron todos mis derechos», dijo el periodista previo a hacer un detalle de cómo sus abogados defensores fueron perseguidos uno a uno y cómo un juez rechazó toda la prueba que tenía para defenderse en el juicio. Zamora pasó por nueve abogados defensores. Cuatro de ellos terminaron en la cárcel coaccionados, según denunció el periodista, para aceptar cargos penales. Otros dos salieron del país.

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«Cada defensor cambiaba la estrategia de defensa porque cada uno tenía la propia. Estos abogados cada vez conocían menos del caso porque los plazos ya establecidos por el tribunal, perjudicandome gravemente», dijo Zamora a los jueces.
 
El periodista fue interrumpido por la fiscal Monterroso, quien pidió al tribunal que lo llamara al orden para leer el documento. Zamora se quedó en la página nueve y se limitó a pedir que se dictara una absolución a su favor o que se ordenara repetir el juicio. También dijo que llevaría su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
Más adelante los jueces le dieron la razón en un tema: no tuvieron a la vista las pruebas suficientes para demostrar que el orígen del dinero que le acusaban de lavar, fuera lícito. Y también ese argumento sirvió para condenarlo.

Lo que quedó fuera y lo que fue aceptado

Según la tesis de este caso, el lavado de dinero ocurrió así: Zamora recibió 240,000 quetzales de un empresario llamado Alejandro Girón Lainfiesta por la compraventa de una obra de arte. Zamora agregó una parte de su dinero para completar 300,000, y mandó a empleados de elPeriódico a que entregaran el efectivo, un recibo de caja y una factura en las oficinas de García Navarijo, el exbanquero que lo grababa a escondidas, quien se había ofrecido a recibirlos y darle un cheque a cambio, es decir a bancarizarlo. Una parte del dinero entregado tenía cintillos bancarios y otra estaba sostenida con hules.
 
Dicho dinero serviría para pagar salarios del personal del medio de comunicación. García Navarijo coordinó la entrega con Zamora, y en secreto también concretó con la Feci para grabar todo y que la operación terminara en la captura de Zamora. Así fue. Entre la denuncia y la detención del periodista y la exfiscal Gómez pasaron 72 horas.

El Tribunal dijo que hizo la concatenación de hechos y que eran válidas las declaraciones de los extrabajadores de elPeriódico, los agentes policiales que fueron parte del operativo, del contacto de García Navarijo e incluso los empleados de la agencia bancaria que estuvieron involucrados, unos sin saberlo, en la transacción.

«La intención era intercambiar el dinero en efectivo por un cheque, con la finalidad de ocultar el orígen ilícito del dinero», dijo el juez Otto Valverth, «que de ser lícito no existía razón lógica para intentar intercambiarlo», añadió.

Para los jueces esta fue una transacción simulada que afectó la economía nacional y la solidez del sistema bancario.

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Otra de las principales pruebas de la Feci fue el testimonio de Ronald García Navarijo, quien dijo que «su percepción era que podría ser afectado o no» con salir en elPeriódico si no bancarizaba fondos para financiar el medio, pero no mostró pruebas de ese supuesta extorsión. Por ello el Tribunal resolvió absolver al periodista de los delitos de chantaje y tráfico de influencias.

Zamora, casi inmóvil, escuchaba con atención, a veces asentía con la cabeza. Cuando escuchaba un argumento a favor de Gómez, volteaba a verla con una sonrisa. La abogada se mantenía concentrada en el Tribunal.
«Se trató de justificar el origen lícito del dinero; sin embargo, ni siquiera se acreditó la existencia de dicha obra de arte», señaló el juez Valverth, quien mencionó que las dos personas que estuvieron involucradas en la transacción, Alejandro Girón Lainfiesta y Juan Carlos Marroquín Godoy, no fueron presentadas como testigos.

Si ambos Girón y Marroquín quedaron fuera del proceso contra Zamora, es debido a que fueron capturados, en diferentes momentos, por el delito de obstaculización a la acción penal. Ambos aceptaron cargos de la Feci y la FCT a cambio de recibir penas menores y no ir a la cárcel. Fueron rechazados como testigos por el juez que llevó la primera parte del caso.

Al terminar el juicio Zamora mostró a los medios fotocopias de fotografías de una pintura del artista Elmar Rojas que recibió como regalo y que vendió para financiar elPeriódico, a manera de probar su existencia.
«Primero, muy contento por Samari, era una injusticia espantosa. En cuanto a mí, soy inocente de los tres delitos. Si me pagaron en efectivo es porque gente que me ha apoyado ha recibido represión; yo tenía que proteger a la persona, su seguridad, no era la licitud del dinero lo que estaba protegiendo sino que al propietario que hizo el negocio conmigo, porque no se quiere exponer», señaló Zamora.

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Las reacciones

Al finalizar la audiencia, Samari Gómez rompió en llanto luego de que dos amigas corrieron a abrazarla. Durante la sentencia ambas mujeres permanecieron orando con rosarios, en el área del público, por primera vez abarrotada de periodistas, fotógrafos, observadores internacionales y otras personas que llegaron a presenciar la sentencia.

Gómez dijo que salir libre y volver a ver a sus hijas sería el segundo día más feliz de su vida. El primero fue cuando nacieron. También se mostró preocupada porque el Ministerio Público pueda empezar un nuevo caso en su contra.

«El futuro es incierto, lamentablemente ha existido un patrón de conducta en estos casos, no tenemos la certeza de que pueda existir otro señalamiento con tal de opacar este momento. Si esto sucede yo estaré dispuesta a seguir defendiendo mi inocencia y siempre mantener que Samari Carolina Gómez Díaz nunca se ha involucrado en corrupción», señaló.

El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, quien estuvo presente en casi todas las audiencias, dijo a la prensa que apelará la sentencia contra ambos acusados y que buscará una condena de 40 años. Se mostró molesto ante los cuestionamientos y dijo que espera que el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluya a Zamora en la Lista Engel porque «él es un corrupto».

En septiembre de 2022, Curruchiche y su jefa, la fiscal General Consuelo Porras, fueron incluidos en esta lista de personas consideradas por ese gobierno como actores antidemocráticos y que obstaculizan la lucha contra la corrupción.

Cuando se le preguntó por la investigación contra seis experiodistas y dos excolumnistas que escribieron sobre el caso y que ahora son investigados por supuesta obstrucción a la justicia dijo: «A través de ese medio de comunicación se denigraba, se insultaba en su honor y prestigio a fiscales, jueces y magistrados y diversas personas de la sociedad civil (...)».

Aunque este caso contra Zamora llegó a una nueva etapa, el periodista también debe enfrentarse a otro caso de la Feci: dos días antes  de la sentencia, el MP lo señaló de supuestas anomalías en una de sus firmas en un registro migratorio. La estrategia es similar a la usada contra Virginia Laparra, quien semanas antes de que llegara a fin su juicio por una demanda de la FCT, fue denunciada en un segundo caso. Eso aseguraría que los señalados no puedan salir de la cárcel aunque sean absueltos.

José Carlos Zamora, hijo del periodista, dijo a Plaza Pública antes del juicio que de existir jueces  independientes su padre sería absuelto porque al revisar las pruebas se darían cuenta que «el caso es fabricado».

«Lo único que queda es seguir haciendo todo lo legal que se pueda hacer para dejar un récord de todas las ilegalidades y violaciones,con la esperanza de que en un futuro alguien revise las cosas y las y las corrija», concluyó.

Afuera de la Torre de Tribunales, sentados en un arriate bajo la sombra estaban Guillermo Cian Cano y Carolina del Cid García, abogados defensores de Gómez. Ambos tomaban agua, se abrazaban y derramaban lágrimas. Son esposos y ya la conocían. Cian fue quien la casó. Se mostraron conmovidos y aliviados porque se reconoció la inocencia de Gómez, se tomaron del brazo y regresaron a Antigua Guatemala, de dónde son, al igual que lo hará esta noche la abogada.

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