No hay necesidad de hacer grandes análisis en materia de infraestructura vial. Es suficiente con salir a manejar en las carreteras de Guatemala para darse cuenta del ineficiente modelo de administración y gestión de caminos. Por una parte, las carreteras asfaltadas se encuentran en muy mal estado, a tal punto que se puede perder la vida al maniobrar en ellas o caer en uno de los muchos hoyos de diferentes tamaños y profundidades que pueden encontrarse. Además, se arriesga la vida a causa de la carente supervisión de los vehículos de transporte pesado, que incumplen todos los requerimientos de seguridad vial.
En los últimos dos viajes que he realizado a otros departamentos, especialmente al suroccidente, los gastos en que he incurrido incluyen la compra de llantas nuevas por daños irreparables y servicios completos al tren delantero a manera de prevención. Esos gastos son un daño y perjuicio ocasionado por incumplimiento del Estado mismo. Así pues, debería acudir a este a solicitar que se me reparen dichos desperfectos, pero estoy seguro de que encontraría un sistema de ignorancia y de evasión de responsabilidad. En uno de esos malos ratos en carretera, junto con otros tres vehículos más, todos detenidos por llantas explotadas, algunos camiones nos rebasaban sin llevar sus luces encendidas. A algunos solo una luz les funcionaba. Cambiar las llantas se volvió una proeza, con adrenalina al tope y con nuestros acompañantes de vigías gritando: «Viene uno. Eso parece».
El modelo de gestión de carreteras ha fracasado no solo por ineficiencia administrativa, pues también hay que sumarle corruptos y corruptores. Pero, en todo caso, ¿cómo crear un sistema de gestión que permita tener redes viales con mejor mantenimiento? Me di a la tarea de indagar quiénes eran los responsables en ciertas carreteras, caminos y rutas. Encontré que las respuestas son: «Esa calle sí entra al municipio, pero es carretera, así que no es la municipalidad la responsable. Le toca al ministerio». Y así podríamos encontrar una serie de responsabilidades evadidas.
Promuevo a partir de ello que el Estado busque alternativas. Quizá sea cuestión de un sistema subdividido ya no por regiones, sino por departamentos. Así, cada gobernación, en conjunto con las direcciones departamentales del Ministerio de Comunicaciones, debería tener un presupuesto para administrar sus redes viales y con ello generar un sistema de gestión coordinado con las municipalidades, o bien la descentralización de la unidad ejecutora de la red vial. Eso, a mi criterio, tiene implicaciones en cuanto a descentralizar el impuesto de circulación para que los vehículos del departamento aporten a este. Además, se requiere un sistema de peaje para vehículos pesados que obligue a mayores controles de circulación. Me parece fundamental hacer crecer el sistema de policía de tránsito en carreteras para que como unidad especializada aplique acciones de supervisión, control, auxilio y sanción a infractores.
Por supuesto que todo ello conlleva una amplia fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y de otros órganos de supervisión. Lo importante es encontrar soluciones rápidas y asumir responsabilidades. Ya no se trata solo de movilización o de desarrollo económico, sino de la vida misma.
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