El 13 de septiembre el pleno del Congreso de la República conoció la iniciativa de ley 6283, que dispone la aprobación de la «Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales» la cual fue enviada a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para que esta la estudie y dictamine.
Esta no es la primera vez que se pretende aprobar una ley de este tipo, en 2014 las movilizaciones campesinas fueron las que lograron detener una iniciativa con el mismo nombre, solo que en ese momento bajo el Decreto 19-2014. A pesar de ello, en agosto de ese mismo año, se publicó en el Diario de Centroamérica la «Política Nacional de Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados 2013-2023», cuyo reglamento (Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para uso Agropecuario) fue puesto a consulta pública en julio de 2018 por parte del Ministerio de Economía, todo esto se desarrolló en un ambiente de secretividad y desinformación hacia la población.
Esta clase de leyes también se han impuesto en países como México, Chile, Colombia y Argentina, en donde también han sido llamadas o reconocidas como «Ley Monsanto», por sus intenciones de querer privatizar las semillas para beneficiar a corporaciones multinacionales, a partir de la obtención de patentes sobre estas y la inserción masiva de transgénicos, lo cual implica un directo atentado en contra de la soberanía alimentaria y la propiedad intelectual de los pueblos originarios.
[frasepzp1]
La agricultura es una actividad muy importante en Guatemala, tanto por los tipos de suelos y el clima, pero también por la historia milenaria que hay detrás de especies emblemáticas que fueron desarrolladas durante siglos, a través de la experimentación y el amplio conocimiento generado por los pueblos nativos, los cuales las han preservado generación tras generación implementando técnicas y herramientas de conservación que demuestran un legado que va más allá de los 200 años que tiene el Estado de existir en este territorio.
Es precisamente la fertilidad de la tierra (y lo que en ella subyace) la que ha determinado su valor para el modelo extractivista, colonial y capitalista, con ello se han generado distintas formas para su control y expropiación a sus legítimos dueños, que son los pueblos que ya vivían en estas tierras antes de la invasión de los españoles y posteriormente la de los alemanes, gringos, entre otros.
Por supuesto que cederle al Estado el poder de controlar y decidir sobre nuestras semillas causa no solo desconfianza sino que también pavor, ya que como lo indica la iniciativa de ley 6283, el Estado tendría la potestad de explotar una variedad protegida, así como también la de otorgar licencias obligatorias, además de que contempla «el registro, inventario y caracterización genética de las variedad vegetales existentes silvestres, nativas, criollas, originarias, autóctonas o endémicas del país», lo cual implicaría control total sobre su composición genética para fines desconocidos.
La aprobación de esta iniciativa de ley puede venir a empeorar la ya grave situación de hambre y desnutrición: según datos de 2023 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del 1 de enero al 26 de agosto, los casos confirmados de mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años han sido 30, siendo Alta Verapaz el departamento que presentó la mayoría de estos.
Más de este autor