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Encabezados - Especiales

30 de Agosto de 2021
Autor: Elsa Cabria
Edición: Enrique Naveda

Cuando en 1991 el embalse de Chixoy no se llenó lo suficiente y tuvo que racionarse la electricidad, se desató una carrera para proveer energía al Estado que duró casi cinco años. Fue una dura competencia en la que se hicieron grandes fortunas y sobre la que aún planean sospechas de corrupción.

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Autoria: Asier Andrés
Ilustración: Dénnys Mejía

El gran negocio de los 90: el ingeniero y la fiebre

¿Los casi 64 millones eran una comisión legítima o un soborno que Sun King repartiría con las autoridades de la EEGSA o la presidencia?
Ramón Campollo, entonces un azucarero no muy conocido, logró que el gobierno de Ramiro de León le adjudicara a dedo la generación de 220 megavatios/hora. El doble de lo que obtuvo Enron
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El gran negocio de los 90: el ingeniero y la fiebre

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Autoria: Asier Andrés
Ilustración: Dénnys Mejía
Historia completa Temas clave

Cuando en 1991 el embalse de Chixoy no se llenó lo suficiente y tuvo que racionarse la electricidad, se desató una carrera para proveer energía al Estado que duró casi cinco años. Fue una dura competencia en la que se hicieron grandes fortunas y sobre la que aún planean sospechas de corrupción.

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Alfonso Rodríguez Anker es un hombre vigoroso de 76 años que hace tres décadas protagonizó un periodo clave para la historia de Guatemala. 

Y a pesar de todo lo que esto supuso para él —acusaciones de corrupción, un escándalo internacional que investigó el Senado de Estados Unidos, que algunos diputados le desearan la muerte— nada parece haber afectado el orgullo con el que presume de su legado.

Rodríguez Anker fue pionero en dos asuntos. A finales de los 60, fue el segundo ingeniero eléctrico graduado en Guatemala. Y, a comienzos de los 90, el primer funcionario en Latinoamérica que firmó un gran contrato de compraventa de energía (un PPA, en la jerga del sector) con una empresa privada.

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Lo que ocurrió entre ambos hechos es también la historia reciente de la generación eléctrica: cómo una actividad que había dominado el Estado, en gran parte, quedó en manos de un reducido grupo de empresarios.  

Cuando se relata la liberalización del sector eléctrico, tiende a pensarse en un presidente y una fecha: Álvaro Arzú y 1996. Suele quedar en segundo plano el papel de sus dos antecesores: Jorge Serrano y Ramiro de León.

En 1996, durante la administración de Arzú, el Congreso aprobó leyes que permitieron que cualquier empresa generara y vendiera electricidad. El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y la EEGSA, dos empresas estatales, perdieron su monopolio. La EEGSA, además, la compraron inversores privados poco después. 

Pero fueron Serrano y de León, entre 1991 y 1995, quienes decidieron qué empresas serían las principales beneficiarias de la liberalización de Arzú. 

Este reparto del negocio comenzó poco después de que Rodríguez Anker llegara a la presidencia del Inde y la EEGSA, en el último tercio de 1991. 

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El ingeniero

Cuando Rodríguez Anker se graduó en la Universidad de San Carlos, a finales de los 60, lo natural era que un ingeniero eléctrico trabajara para el Estado. Y fue así como él inició su carrera, trabajando en una de las hidroeléctricas del Inde. Pero aquellos años de crecimiento económico y expansión del gasto estatal, eran propicios para que un joven ingeniero prosperara en el sector privado como contratista del Estado. Y ese fue el camino que finalmente tomó.

A mediados de los 70, Rodríguez Anker se convirtió en gerente de un exitoso grupo de empresas que proveían insumos y construían instalaciones para la EEGSA. También se asociaban con transnacionales para hacer estudios para el Inde. O diseñaban las instalaciones eléctricas de los centros comerciales, edificios de oficinas y apartamentos que por entonces brotaban por la Ciudad de Guatemala y que construían empresarios como el futuro presidente Jorge Serrano.

Así erigió el ingeniero poder y relaciones. Y con ello se le haría más fácil  saltar a la política una vez que el Ejército entregó el gobierno a civiles en 1986. 

Rodríguez Anker ocupó cargos en la alcaldía capitalina durante el primer mandato del derechista Álvaro Arzú. Y, en las elecciones de 1990, fue candidato al Parlamento Centroamericano del partido que formó Arzú para competir por la presidencia: el Partido de Avanzada Nacional. 

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Aunque ninguno de los dos tuvo suerte, ambos terminaron en el gabinete que formó el ganador de aquellos comicios: Jorge Serrano. Arzú fue nombrado canciller y Rodríguez Anker, en septiembre de 1991, presidente del Inde y de la EEGSA. El ingeniero, que había prosperado como contratista de estas empresas estatales, ahora sería su máximo responsable.

Cuando se hizo cargo, el sector eléctrico se encontraba en un momento decisivo. La demanda de energía crecía rápido . Se necesitaba más suministro, pero desde la inauguración definitiva de la hidroeléctrica Chixoy en 1986 no se habían puesto en marcha proyectos de generación significativos. Esto provocaba riesgo de escasez si algo le sucedía a Chixoy.

No es que el Inde no supiera cómo solucionar el problema. Había planes detallados: debía construir varias térmicas y al menos otras tres hidroeléctricas. Entre ellas la de Chulac, en el río Cahabón, que llevaba erigiéndose desde 1979. 

El Inde sabía que carecía de los recursos y que estas obras se ejecutarían con participación privada, como explicaban en un documento de 1992. 

El Inde llevaba ya años invirtiendo en mediciones y estudios, especialmente de hidroeléctricas, con la idea de que empresas privadas las desarrollaran.  

La geotérmica de Zunil ya había sido concebida como un proyecto público privado. Una empresa israelí había ganado una licitación organizada por el Inde en 1991 para operar esta central.  

Pero algunas empresas privadas parecían tener otros planes que no consistían en invertir siguiendo las normas del Estado. 

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La nueva Constitución ya había establecido que cualquier particular podría participar en el sector eléctrico. Y desde 1986 existía una ley que eximía de ciertos impuestos a quienes desarrollaran proyectos de energía renovable. Esto había incentivado que grandes empresas planearan generar electricidad. 

En el momento en el que Rodríguez Anker asumió la dirección del Inde, varios de los ingenios azucareros estaban decididos a producir energía quemando los residuos de la cosecha. 

Esto, de hecho, ya había ocurrido en 1990, cuando la EEGSA adquirió una pequeña cantidad de energía del ingenio Pantaleón durante la zafra, según se explica en el anuario del Inde de ese año. Otros ingenios albergaban la misma intención.

“En los primeros meses de 1991 considerando la factibilidad de generar energía eléctrica a base de excedentes de bagazo, proyectamos hacer más eficiente nuestra fabricación de azúcar para obtener más exceso de bagazo y empezamos a hacer mejoras en el equipo”, escribió Ramón Campollo, uno de los propietarios del Ingenio Madre Tierra, en un documento interno al que se accedió para este reportaje. 

Además, grupos industriales como las familias Arimany, Ayau, Torrebiarte o Gutiérrez-Bosch ya tenían autorización para construir hidroeléctricas. 

Estas grandes empresas que querían entrar en el sector, sabían que la legislación del momento no impedía al Estado comprar electricidad a generadores privados.  

También eran conscientes de que la EEGSA, que entonces atendía gran parte de la demanda de energía del país, podía contratarles a dedo. Aunque era de propiedad estatal, la EEGSA funcionaba como una empresa privada, exenta de las leyes de contratación pública. La compra de energía al ingenio Pantaleón en 1990 se había hecho de manera discrecional.

Esta primera adquisición marcó el camino de lo que sucedería después.  

Grupos poderosos llevaban años planificando vender energía al Estado. Y ahora, en el Inde y la EEGSA, había un funcionario dispuesto a comprarla. 

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Sequía

Poco después de que Rodríguez Anker tomara posesión, se concretó un viejo temor: algo le sucedió a Chixoy.  

Aquel año fue de larga canícula y lluvias tardías. El embalse de la hidroeléctrica no se llenó lo suficiente y el gobierno tuvo que racionar la electricidad, en algunos lugares, hasta 18 horas diarias.

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El ingeniero reaccionó ordenando la reparación de una central estatal que funcionaba con combustible. “Entré, reparamos la turbina de gas y antes de navidad salimos del racionamiento”, recordó Rodríguez Anker.

Pero, a partir de entonces, el miedo a que los apagones se repitieran, incentivó a los funcionarios a actuar.

Rodríguez Anker tenía varias opciones sobre la mesa. 

Podía atraer inversión privada para alguno de los proyectos que tenía en cartera el Inde , en los que se habían invertido millones de dólares en mediciones y estudios. Podía organizar licitaciones para que hubiese un mecanismo competitivo para elegir a los grupos que se beneficiarían del nuevo negocio. 

O podía firmar contratos de compra de energía (PPA) a discreción, favoreciendo a quienes fueran más cercanos al poder.

Rodríguez Anker, quien se define como “un ferviente admirador de los procesos de privatización, especialmente del modelo chileno”, eligió esta última opción. 

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Tres meses después de asumir la presidencia del Inde y la EEGSA, el ingeniero ya había firmado un gran contrato para comprar electricidad. 

Se construiría la mayor central térmica del país hasta ese momento. En dos barcazas amarradas en Puerto Quetzal, Escuintla, se instalarían 20 enormes motores diésel, que consumirían 4,000 barriles diarios de combustible búnker. Sería la segunda mayor fuente de electricidad para el país, la más contaminante y la primera central privada de la región. 

La fiebre por el negocio eléctrico había comenzado. 

Las barcazas

La versión de Rodríguez Anker de cómo se fraguó este negocio es sencilla. A finales de 1991, Guatemala había superado los racionamientos, pero necesitaba energía lo antes posible. Entonces surgió una oportunidad. 

Estados Unidos había prohibido meses antes perforar pozos de petróleo en sus aguas nacionales. Empresas que se dedicaban a construir las barcazas generadoras de electricidad que se usaban para esta actividad quedaron sin pedidos. 

“Texas, Ohio, tenía estas barcazas y así firmamos el primer PPA de Latinoamérica”, dijo Rodríguez Anker. “Después Texas, Ohio, le vendió a Enron en no sé qué términos –prosiguió– pero toda la responsabilidad de este contrato la tengo yo, ni Jorge (Serrano Elías) ni nadie”.

Él no supo del pago de comisiones, ni de un grupo de empresarios guatemaltecos que se resguardaban detrás de una sociedad panameña llamada Sun King, el Rey Sol.

Pero años después Enron quebró en medio de un escándalo de fraudes y corrupción, y una comisión del Congreso de Estados Unidos se metió a husmear en sus cuentas. Entonces, quedó claro que todo fue un poco más oscuro de lo que cuenta el ingeniero.

El informe que elaboraron los congresistas, publicado en 2003, dejó al descubierto cómo se gestó el negocio. 

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Un grupo variopinto de empresarios formó Sun King. Entre ellos estaban dos exdeportistas con conexiones con la élite y la política –Oswaldo Méndez Herbruger y Marco Antonio Lara Paiz– y un naviero de 25 años –Henrik Preuss– . 

Era una empresa de cartón que solo existía sobre el papel en Panamá y cuyas sedes eran un apartamento en Miami, propiedad de Lara Paiz, y las oficinas de Preuss en la Ciudad de Guatemala.

El propósito “probable” de Sun King, según establecería la investigación de los congresistas, era “atraer a empresas para participar en la privatización del sector eléctrico en Guatemala”. 

Ellos carecían de experiencia o el capital suficiente para invertir, pero tenían buenas conexiones políticas. Tan buenas como para conseguir que la EEGSA adjudicara un PPA a quien se asociara con ellos.

Sun King buscó interesados. Y a través de Raúl Arrondo, un cubanoamericano que se dedicaba a vender plantas eléctricas en Guatemala, encontraron a Texas Ohio Power. 

A esta empresa le ofrecieron un trato. El gobierno de Guatemala le adjudicaría el suministro de 110 megavatios/hora de potencia durante 15 años, alrededor del 10 % de las necesidades de energía del país en 1991. A cambio pedían un beneficio. 

Querían un pago mensual del 6 % de los ingresos brutos del negocio. Esto representaría una cifra cercana a los 64 millones de dólares del momento. El dinero debía recibirse en dólares, libre de impuestos y depositado en cuentas bancarias fuera de Guatemala. Los nombres de los socios de Sun King no figurarían en documento alguno. El pago se debía camuflar como un gasto relacionado a la compra de combustible.

El interés por ocultar los pagos y el hecho de que Texas Ohio fuera a pagar una suma millonaria a un grupo de personas cuyo mérito principal, en palabras de la empresa, había sido “convencer” al gobierno de Guatemala de firmar el contrato, levantaron sospechas.  

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¿Los casi 64 millones eran una comisión legítima o un soborno que Sun King repartiría con las autoridades de la EEGSA o la presidencia?

Los senadores estadounidenses se inclinaron por sospechar que lo segundo era más probable. Pero lo cierto es que su gobierno nunca persiguió este presunto delito (pagar sobornos en otros países es ilegal en Estados Unidos).

Cuando estos hechos se hicieron públicos, en 2003, el Congreso de Guatemala solicitó al Ministerio Público que abriera una investigación. Pero tampoco ocurrió. En una solicitud de acceso a la información presentada para este reportaje, la fiscalía informó que Puerto Quetzal Power –la empresa que se creó para operar las barcazas– no ha figurado como investigada en causa alguna.

Sun King cumplió su promesa y Texas Ohio Power firmó el contrato con la EEGSA, representada por Rodríguez Anker, en enero de 1992. Como EEGSA era, formalmente, una empresa privada, el contrato se otorgó a dedo sin necesidad de ninguna justificación. 

Poco después, por dificultades para obtener financiamiento, Texas Ohio Power vendió el contrato a Enron. 

Esta empresa pagó casi dos millones de dólares por el PPA y mantuvo el compromiso de que Sun King recibiría su 6 %.  

Enron era una gran transnacional que logró con facilidad apoyo del Banco Mundial para financiar el negocio. Las barcazas se inauguraron en febrero de 1993 y desde entonces y hasta agosto de 1995, Sun King recibió alrededor de 200,000 dólares mensuales de comisión. 

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A partir de entonces, Enron “recompró” a Sun King su derecho a recibir su 6 % a cambio de 12 millones de dólares. 

Poco después también permitieron que uno de los socios de Sun King, Henrik Preuss, se convirtiera en accionista. Enron le vendió el 50 %  de las barcazas, lo que le convirtió en uno de los principales beneficiarios del negocio eléctrico hasta su muerte en 2010, cuando su helicóptero se desplomó en Iztapa, cerca de las barcazas que hicieron su fortuna.

La fiebre

El contrato inmediatamente alimentó las sospechas de corrupción que perseguirían a Jorge Serrano y Rodríguez Anker. 

El Congreso citó en varias ocasiones al ingeniero y lo cuestionó por el negocio, y sus enemigos parecieron multiplicarse. 

Una vez, durante una interpelación, el diputado Obdulio Chinchilla –un poderoso congresista que sobrevivió a dos atentados– le dijo : “Ojalá si ponen una bomba en el edificio, esté usted adentro”. 

Lo acusaron de todo tipo de actos de corrupción: comprar maquinaria sobrevalorada, vender en secreto acciones de la EEGSA, otorgar a una empresa de televisión por cable de su propiedad el derecho a usar los postes del tendido eléctrico, según la prensa de la época. 

“Fui atacado políticamente porque esa es la cultura de este país”, dijo el ingeniero.

No es casualidad que el contrato atrajera tanta atención. Aunque los detalles de cómo se gestó permanecerían ocultos durante años, había algo que ya resultaba evidente: era un negocio fabuloso, la clase de actividad en la que empresarios y diputados querían involucrarse.

Todo en el contrato estaba orientado a garantizar una rentabilidad sustancial para la empresa. 

La EEGSA se comprometía a pagar por el costo de las barcazas como si estuvieran siempre funcionando a su máxima capacidad y a remunerar a los inversores con un aumento del 3 % cada año. Además, compraría al menos, el 50 % de la energía que generasen. 

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Aunque los pagos serían en quetzales, los precios se fijarían en dólares y se actualizarían automáticamente si aumentaban los precios del combustible, para proteger a la empresa de devaluaciones y oscilaciones de costos. 

Se eximió a Enron de impuestos de importación y combustible. EEGSA le garantizó que tendría prioridad para cobrar antes que otros proveedores y le adelantó siete millones de dólares.

Según las previsiones de Enron, publicadas en la investigación que haría el Congreso de Estados Unidos, el costo de construir las barcazas era de 95 millones de dólares. De esta cifra, 71 millones provendrían de un préstamo del Banco Mundial y siete millones serían el adelanto de la EEGSA. 

Los inversores aportarían casi 14 millones de dólares. A cambio, tenían garantizados por contrato 203 millones en utilidades; 14 dólares por cada uno que invirtieran como mínimo. La cifra aumentaría, en función de la energía que lograran vender.     

“Este era una inversión que se pagaba en tres años, y el resto de la duración del contrato eran beneficios”, dijo un inversor del sector eléctrico que pidió no ser identificado. 

Cuando en 2001 la Cepal realizó un estudio sobre PPA en Centroamérica, concluyó que el de Enron era uno de los más lucrativos de la región, con una rentabilidad de casi el 26 % . La inversión se recuperaba en el cuarto año y durante los 11 restantes se obtendrían unos 315 millones de dólares en utilidades.

En la actualidad, una rentabilidad razonable en un proyecto similar sería del 10 %, menos de la mitad, explicó el inversor.

“Las autoridades decían que si no se garantizaba que fuera un buen negocio, nadie iba a venir a Guatemala”, comentó Víctor Moreira, un directivo del sindicato del Inde en aquellos años. “Pero esto era un negocio idílico”. 

Rodríguez Anker sostuvo que los precios que se pactaron “no eran malos” y que el contrato debía ofrecer garantías porque Guatemala era vista como “el moroso que no paga sus cuentas”. “No había otra opción”, dijo. 

Pero también explicó que el contrato buscaba “abrir el mercado” a la inversión privada y que para ello “había que ofrecer precios, había que ofrecer rentabilidad”. “Si uno quiere ir rápido tiene que apretar el acelerador”.

Cambio sin cambio

De haber tenido tiempo, es posible que la administración de Serrano hubiese firmado más contratos con Enron –y quizá Sun King– siguiendo el mismo modelo de las barcazas. Un documento de la compañía de 1993 muestra cómo en su cartera ya figuraban dos proyectos adicionales al de Puerto Quetzal, uno en Puerto Barrios, Izabal, y otro identificado como Guatemala II. Pero el intento de autogolpe de Estado de mayo de 1993 terminó con el presidente y con Rodríguez Anker. Y con ellos también terminó el periodo de gracia de Enron. 

Con la nueva administración de Ramiro de León cambiaron algunos protagonistas, pero el guion fue idéntico. Funcionarios vinculados al PAN como Leonel López Rodas o Guillermo Rodríguez Mahuad volvieron a ocupar cargos clave en el sector. Y de nuevo se adjudicaron PPA a discreción.

A Serrano solo le había alcanzado el tiempo para finalizar uno. Su sucesor, en cambio, otorgó contratos sin cesar durante dos años: 1994 y 1995. 

La EEGSA siguió suscribiendo PPA como y con quien quiso. Sus beneficiarios fueron los azucareros y entre ellos, uno en especial: Ramón Campollo Codina 

Este empresario, entonces un azucarero no muy conocido, logró que el gobierno de Ramiro de León le adjudicara a dedo la generación de 220 megavatios/hora. El doble de lo que obtuvo Enron.

Plaza Pública envió un cuestionario a Campollo a través de un abogado de su ingenio, pero tras un mes de espera no se obtuvo respuesta.

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El Inde también se sumó a la fiebre de los PPA. Gracias a una serie de acuerdos gubernativos firmados por el presidente, la institución utilizó procedimientos de excepción para otorgar contratos a discreción. 

Durante 1994, el Inde otorgó a dedo contratos a industriales como los Arimany, Ayau o Gutiérrez-Bosch, que les permitieron construir las primeras hidroeléctricas privadas. En algunos casos (como el de la central Río Bobos, en Izabal, propiedad de los Ayau) los empresarios se beneficiaron de proyectos en los que el Estado había invertido grandes sumas en mediciones y estudios. 

Para entonces, ya resultaba claro que estos PPA no eran, como habían planteado las autoridades, una solución de emergencia para evitar inminentes apagones. En realidad, se estaba repartiendo la generación que el país necesitaría en la década siguiente. 

Varios de estos contratos implicaban construir centrales que tardarían cinco o seis años en operar.

Lo que era inminente no eran los apagones, sino la liberalización del sector eléctrico. Los empresarios interesados sabían que era cuestión de tiempo que ocurriera. Y todos querían estar en primera fila para entrar en el negocio. Para conseguirlo, nada mejor que contar con la garantía de que su energía sería comprada.

“Nadie empieza ni un proyecto de 5 megavatios sin un PPA. Con él se consigue el préstamo, se pagan los estudios de factibilidad y se construye la planta”, explicó Moreira, el sindicalista.  

La sombra de Enron

La figura de Rodríguez Anker estaba muy ligada a Serrano –“era la niña bonita de Serrano”, dijo de él un funcionario en una ocasión–, por lo que no ocupó altos cargos durante el gobierno de Ramiro de León. 

Pero su influencia se extendió sobre este periodo. Y no solo porque algunas personas, como sindicalistas del Inde y fuentes consultadas para este reportaje, piensen que él continuó como un poder en la sombra tras el autogolpe. Sino porque las condiciones que él negoció con Enron se convirtieron en el estándar de los PPA que se suscribieron durante el gobierno de Ramiro de León.

“El contrató con Enron contaminó el mercado. A partir de entonces, todos querían esas mismas condiciones, plazos y precios”, dijo el inversor que pidió no ser identificado. 

Y efectivamente obtuvieron condiciones muy similares: plazos de 15 años, precios en dólares, compras forzosas de energía, la garantía de que la inversión se pagaría y se remuneraría con utilidades seguras. 

El informe de Cepal de 2001 que estudió los primeros PPA de Guatemala calculó que la rentabilidad de los contratos otorgados durante el gobierno de Ramiro de León fue similar a la de Enron.  

Aun los PPA hidroeléctricos que adjudicó el Inde –inversiones a más largo plazo y que ofrecen beneficios menos inmediatos– ofrecían una rentabilidad de alrededor el 20 %, calculó Cepal.

De hecho, cuando la Junta Directiva del Inde debatió la concesión del PPA de la hidroeléctrica Renace, un ingeniero que evaluó las finanzas del proyecto opinó que el contrato era demasiado ventajoso para la empresa. Según consta en las actas del Inde , el experto consideró que la rentabilidad del proyecto era demasiado alta y sería más barato que el Estado desarrollara la central. 

Hoy, Renace es la hidroeléctrica privada más importante de Guatemala, uno de los grandes negocios de la familia Gutiérrez-Bosch.   

Azucareros al poder

Pero quienes resultaron más beneficiados en este periodo fueron algunos de los principales azucareros: los Herrera, Botrán, Leal, García, Campollo. Obtuvieron seis PPA en abril de 1994 para venderle a EEGSA 160 megavatios/hora. 

La idea de que los ingenios produjeran energía durante la zafra venía de lejos. Se había concebido como una forma de aprovechar el bagazo de la caña: un desecho renovable y sin coste. Sin embargo, este enfoque, basado en producir energía barata con un bien que el país no debía importar, terminó convertido en algo diferente. 

La EEGSA se comprometió a comprarle energía a los ingenios todo el año. Cuando no tuvieran bagazo, las calderas quemarían combustibles fósiles. Y sería el coste del fuel oil el que fijaría el precio de la energía que se pagaría siempre.  

Además, en vez de hacerles competir entre sí para obtener mejores ofertas, la EEGSA permitió que los azucareros pactaran un precio único al que venderían la electricidad. 

Así, sus PPA se convirtieron en un negocio tan redondo como el de Enron. “Estos contratos fueron también a precios altísimos”, dijo Pepo Toledo, vicepresidente del Inde durante el gobierno de Arzú.  

En un informe de Cepal de 1995, se afirma que a pesar de que la cooperación de Estados Unidos (Usaid) había asesorado al Estado para negociar precios adecuados para la generación con bagazo, estas recomendaciones se habían ignorado en gran parte. Los precios “han quedado establecidos a un nivel superior, prevaleciendo como referencia los establecidos en el contrato con Enron”, afirma el documento. 

En su informe sobre PPA de 2001, Cepal estableció que la rentabilidad de los contratos con los ingenios era de alrededor del 25 %, casi tan elevada como la de Enron.

En un escrito elaborado por la gremial de azucareros, Azasgua, y remitido a Plaza Pública, los empresarios reconocieron que uno de los retos del momento fue establecer un mecanismo para calcular los precios a los que venderían su electricidad a EEGSA. 

“No existían referencias de los costos reales de producción de la energía, ya que el Estado era el único generador”, expusieron. Sin embargo, en su opinión, la fórmula de establecer el bunker como precio de referencia, que fue idea del Estado, según explicaron, fue un acierto. “Las autoridades decidieron usar de referencia el precio de dicho combustible, que en su momento tenía un valor estable y resultaba en precios de electricidad muy competitivos”, dijeron.

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Rey Moncho

Cuando se firmaron estos contratos, en abril de 1994, pareció que los azucareros se habían repartido la generación de forma equitativa. Sin embargo, pronto fue evidente que este proceso tenía un claro ganador: Ramón Campollo. 

El empresario logró contratos para sí mismo y, como había hecho Henrik Preuss con Enron, se convirtió en el hombre en Guatemala para otra compañía estadounidense: Teco Energy. Para ellos conseguiría dos grandes PPA.

Inicialmente, Campollo había formado parte del grupo de azucareros que obtuvieron contratos con la EEGSA. Su ingenio le vendería 40 megavatios/hora a la empresa estatal. Pero este PPA, sin mayor justificación, se fue ampliando hasta convertirse en uno de unos 100 megavatios/hora, según muestran las modificaciones de los acuerdos, consultados para este reportaje.

Campollo solo pretendía producir unos 20 megavatios/hora en su propio ingenio, así que logró que la EEGSA le permitiera variar las condiciones del PPA. Los 80 megavatios/hora restantes se podrían generar con carbón, un insumo contaminante y no renovable que además debía importarse. 

Así, lo que comenzó como un contrato de 40 megavatios de bagazo, terminó siendo el origen de la primera central carbonífera del país, la de San José, en Masagua, Escuintla. 

Campollo logró ampliar aún más el contrato. Este finalmente consistiría en construir una planta de 180 millones de dólares que vendería 120 megavatios de energía producida con carbón a la EEGSA.

Una vez logrado el acuerdo, en 1995, Campollo vendió el PPA a Teco y a otro inversor y se quedó con un 8 % de las acciones de la empresa que se formó. En el año 2000 Teco recompró esta participación , cuando San José comenzó a operar.  

El esquema se repitió con otro PPA de 78 megavatios adjudicado por la EEGSA en 1995. Este contrato permitió construir la central La Alborada, en Escuintla, que funciona quemando combustible búnker. Primero, Campollo logró el contrato, después lo vendió a Teco y se quedó con  el 12.5 %, que Teco también recompró después de empezar a funcionar.

En este caso, Teco sí informó que había pagado cuatro millones de dólares a Campollo por sus acciones. 

Según el informe de Cepal de 2001, el de Alborada sería el PPA más caro de todos los firmados en el periodo, con una rentabilidad del 31 %. 

“No está mal”

Cuando Álvaro Arzú alcanzó la presidencia, en 1996, sus dos antecesores ya habían adjudicado PPA para generar 600 megavatios/hora de energía al año y el Estado estaba obligado a comprar esa electricidad durante la siguiente década y media.

En la presidencia de Arzú se decidirían los detalles de la liberalización: cómo funcionaría el mercado, qué empresas estatales serían privatizadas. Pero nada de eso afectaría a las compañías que ya tenían firmados sus PPA. 

Aunque aún no existía un mercado libre, en la práctica, el mercado había sido abierto a unos cuantos y repartido en negociaciones opacas. Guatemala había convertido al sector eléctrico en un negocio lo suficientemente lucrativo y seguro como para atraer a grandes capitales.

Para Rodríguez Anker en esto consiste su legado.

“Las líneas aéreas venían cargadas de ejecutivos del sector eléctrico”, dijo con orgullo.

“Abrimos un periodo de inversión, atrajimos empresas que invirtieron cientos de millones de dólares. Hoy exportamos energía hasta Panamá. No está mal para un país del Tercer Mundo, ¿no?”.

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