Desde octubre de 2018 hemos sido testigos de una nueva modalidad migratoria: la del sujeto colectivo constituido a través de la denominada caravana de migrantes (que diversas organizaciones de derechos humanos catalogaron más bien como éxodo migratorio), especialmente de mujeres, hombres jóvenes (si bien hubo algunos adultos), niños y adolescentes, la mayoría hondureños, aunque semanas después se unieron grupos de salvadoreños y de guatemaltecos.
Quedó comprobado, gracias a distintos testimonios documentados por los medios de comunicación y de otras entidades acompañantes del éxodo, que las personas tomaron la decisión de sumarse a la caravana luego de enterarse por la radio y las redes sociales de la convocatoria abierta para migrar hacia Estados Unidos. Las causas que continúan detonando la migración son la situación de violencia, la carencia de empleo, la pérdida de cosechas y la falta de perspectiva de futuro. Lamentablemente, algunas personas murieron en el intento, otras fueron deportadas o tomaron la decisión de retornar y la mayoría, que llegó a la frontera México-Estados Unidos en Tijuana, se estableció en los albergues destinados para su estancia mientras esperan turno para ingresar su solicitud de refugio o de reunificación familiar. Su situación temporal es precaria, y algunos empiezan a tratar de ganarse la vida con empleo temporal en la zona. Otros deciden romper el muro y buscan ingresar por sus medios, sin esperar la resolución de Estados Unidos. Y no ha terminado de resolverse aún este primer éxodo cuando ya se ha conformado una nueva caravana durante la segunda quincena de enero de 2019. Al parecer, las nuevas decisiones de los Gobiernos están posibilitando, con intentos de reprimir, un ingreso organizado y documentado, basado en ley, respetando el CA4, que permite el libre tránsito de los cuatro países centroamericanos, en tanto México se prepara para recibirlos con alternativas de documentación como visa humanitaria y permisos de trabajo, refugio y estancia temporal. Persisten las causas en los tres países de origen, agravadas con que Honduras no termina de solventar su situación política, una especie de rompimiento institucional que vive Guatemala y el hecho de que en El Salvador no parece importar que próximamente se llevarán a cabo las elecciones. Allí también se organiza un nuevo éxodo.
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Mientras esto sucede en Centroamérica, Estados Unidos vive también un entrampamiento político: la necedad del presidente Donald Trump de cumplir su compromiso de campaña, la construcción del muro, uno altanamente fortificado y controlado que garantice la seguridad nacional, a pesar de que se ha recibido la noticia del descubrimiento de un nuevo narcotúnel. Frente a ello, la oposición demócrata, con mayoría parlamentaria, se niega a cumplir el capricho. Esto hizo que el presidente decidiera cerrar las instituciones públicas por más de 20 días y dejar sin pago a más de 800,000 empleados públicos. Y desde entonces la lluvia mediática ocupa el ojo del debate público.
Antes de la toma de posesión del recién electo presidente mexicano se hicieron diversos esfuerzos para que México aceptara detener a esta población en su territorio. Se escucharon ofrecimientos de nuevos fondos y la creación de condiciones de empleo en las áreas fronterizas, a manera de zonas de amortiguamiento de la migración, que posibilitaran su desarrollo.
Ya instalado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se le dio nombre a lo que México pretendía de Estados Unidos para suscribirse al esfuerzo por detener la migración centroamericana: una especie de Plan Marshall que implicaría un alto financiamiento para crear proyectos de desarrollo en México. Es decir, un plan de México para los centroamericanos. Esto, frente al vacío generado por la ausencia casi total de los Gobiernos del Triángulo Norte centroamericano, que más bien están enfrascados en su defensa personal y en la de sus allegados que en esfuerzos serios para cambiar las causas estructurales que generan la migración forzada y estos nuevos flujos migratorios colectivos.
Ninguno de los planes o rutas para generar mejores condiciones de vida para la población de los países centroamericanos fructificará mientras persistan las democracias débiles, sustentadas por vínculos perversos entre el poder político y el económico que mantienen secuestrados a los Estados. Así las cosas, ningún muro será capaz de contener el derecho humano a migrar y a tener una vida digna. La migración se constituye entonces en la picota de la profundización de las crisis o de las salidas para la gobernabilidad y el desarrollo sostenible de la región.
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