El 2 de febrero, el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por John Biden y Kamala Harris, proclamó una orden ejecutiva para revertir todas aquellas que dictó el expresidente Donald Trump y que tanto daño hicieron al sistema internacional y a su propio país, referidas al asilo y el refugio, al interés superior de la niñez y a los avances en documentación de jóvenes, de grupos vulnerables y de familias separadas por una condición administrativa, así como a las relaciones con sus vecinos del sur para, a toda costa, detener la migración indocumentada.
La orden ejecutiva de Biden terminó con las restricciones de solicitud de asilo en los mismos Estados Unidos. Asimismo, se estableció un equipo que busca unificar a las familias separadas por la política de tolerancia cero y ampliar las posibilidades de vías legales para que estas puedan reunificarse en aquel país o retornar al propio de forma segura. Además, dio por terminados acuerdos de cooperación de asilo en Guatemala, Honduras y El Salvador que estaban al margen de toda legalidad y transparencia.
Sin embargo, dicha orden ejecutiva reza explícitamente que su estrategia es de enfoque múltiple en la gestión de la migración en Centroamérica y Norteamérica, incluyendo abordar las causas de la migración. Los componentes de esta estrategia van en el sentido de atacar la corrupción; favorecer la gobernabilidad democrática; fomentar el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, de los derechos laborales y de la libertad de prensa; contrarrestar y prevenir la violencia de las redes criminales y de la trata, además de la violencia sexual, de género y doméstica, y abordar la inseguridad económica y la desigualdad.
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El 1 de marzo conocimos el acuerdo entre el presidente mexicano, Andrés López Obrador, y el estadounidense, Biden, para atender juntos la migración y las causas que la generan. México le encargó la tarea a la Cepal en 2017 para establecer un plan de desarrollo que, debido a las dificultades de negociación regional, se concretó en dos proyectos: Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, los cuales empezaron a implementarse en Honduras y El Salvador con la asignación de una suma de 25,000 millones de dólares cada cinco años para los cuatro países del norte de Centroamérica. Estados Unidos, por su parte, hizo una nueva asignación de 4,000 millones de dólares a estos mismos países para la misma estrategia: gestionar la migración y las causas que la generan.
El contexto regional brinda una oportunidad de alinear a gobernantes y a élites económicas y políticas para que generen bienestar para sus poblaciones, pero esa posibilidad se aleja por la ceguera y la manera tradicional de actuar de esos gobiernos y de esas cúpulas, que saquean el Estado y sus riquezas naturales, mantienen democracias de fachada sin tomar en cuenta a las mayorías y pagan salarios de miseria sin cumplir las leyes laborales nacionales e internacionales y sin propuestas para ampliar la base productiva.
Hace algunos años, Ricardo Stein, quien fuera integrante del Consejo Político de la Paz, hablaba de que las sociedades abiertas generarían los cambios en estas sociedades arraigadas en el conservadurismo. Es decir, esas élites tendrían que cambiar por voluntad propia o no hay sometimiento que aguante, más en estos tiempos en que las protestas sociales y los cambios de régimen vienen cuando menos se esperan. En todo caso, es necesario que otras fuerzas vivas progresistas de nuestras sociedades asuman el reto de pensar esa plataforma socioeconómica para el cambio junto con la apropiación de estas y otras oportunidades.
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