Mi relación actual con la SAT comienza en diciembre de 2014. Necesito cambiar mi domicilio y también mi régimen tributario. Es decir, debo cumplir con las obligaciones de ley de informar en dónde recibir notificaciones y de pagar más impuestos por haber excedido el máximo permitido por el régimen de pequeño contribuyente.
Llego a la SAT y se me informa que tengo que llevar un recibo de agua o de luz y una carta de la persona que me renta el apartamento en el que vivo. Como lo que me piden parece lógico, me voy sin reproches por las tres horas que me han hecho perder en la espera.
Una semana después vuelvo con la documentación y se me informa que días antes habían recibido un memo según el cual ahora se debe presentar el contrato de alquiler. Esta vez esperé cuatro horas sin fruto.
En enero regreso con contrato en mano, el recibo de electricidad, mi DPI original con copia y la carta de la dueña del apartamento. Espero, para mi sorpresa, solamente dos horas. La señorita de la ventanilla me indica amablemente que mi NIT está bloqueado por no haberme presentado a una citación del 2013. Nunca recibí esa citación, pero la amabilidad con que me lo comunica me disuade de decir mucho más que gracias. Me imprime la citación y me retiro.
Esa misma semana llevo la documentación para desbloquear mi NIT. Tras cuatro horas me atiende una señora no tan amable como la anterior: «Usted no puede dar trámite a la solicitud porque tiene omisos», me dice. Tengo que pagarlos. Yo creía que ya estaba todo pagado, pero, con la lista de omisos en mano y un fólder ya bastante engrosado por todos los requisitos anteriores, me retiro con molestia cada vez más notoria.
Pago los omisos. Espero unos días para asegurarme de que la SAT ya haya registrado la transacción. Regreso. Cinco horas en la cola, documentación en mano.
«Seguro que ahora sí podré imprimir facturas con el nuevo régimen».
Pues no.
Ahora hay cargos, recargos y nuevas multas por un concepto que solo ellos entienden. Rechazado de nuevo: «Pague».
Pago ese mismo día todo lo indicado y le hablo a un amigo sobre mi problema. Me recomienda a un contador que puede poner orden a mi contabilidad. El contador me llama por la noche: ha hablado con un su conocido dentro de la SAT para que él nos indique cómo proceder.
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En febrero vuelvo a la SAT. Dos veces. La primera vez me indican que los procesos internos de la SAT han cambiado y que tengo que cumplir con nuevos requisitos. La segunda vez, también.
Ya no tengo ni omisos ni multas ni cargos ni nada por el estilo. Pero tampoco consigo el visto bueno.
El 20 de febrero recibo una llamada. La persona me dice que trabaja en la SAT y que quiere juntarse conmigo para explicarme cómo solventar mi situación. Me cito con él y con un colega suyo. Me piden Q5 000 para habilitar mi NIT. «Nosotros nos aseguraremos de que en 24 horas pueda imprimir sus facturas». Yo me indigno. Ellos me informan que mi NIT nunca sería desbloqueado porque estaba bajo «sospecha». Si quería seguir normalmente con mi trabajo, tenía que entregarles ese monto y ellos harían el resto: tienen que «hackear el sistema» para desbloquear mi NIT. No tengo por qué preocuparme, me dicen: pueden ofrecerme facilidades de pago. La mitad ahora y la otra mitad cuando imprima mis nuevas facturas. Además, me ofrecen otros servicios como imprimir facturas duplicadas por el cómodo monto de Q50.00 cada una.
La propuesta es ilegal, pero, comparada con las frustrantes visitas a la SAT, resulta refrescante. Al menos me ofrecen una solución. La SAT solo me ofrece una silla para sentarme.
Aún así decido ir a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos a poner una demanda: había tratado de solucionar todo legalmente, cumpliendo con todo lo que pedía la SAT. Ahora recibía una propuesta para cometer un delito. No podía creer que un ciudadano que quería cumplir con la ley debía sufrir tantas trabas burocráticas, mientras que otros ciudadanos que estaban dispuestos a quebrantar la ley tenían atención personalizada, soluciones claras y acciones efectivas.
En la oficina del PDH espero de nuevo dos horas. Cuatro horas en la SAT y dos más en la oficina del PDH el mismo día. Me preguntan si tengo pruebas de mis visitas a la SAT, y caigo en la cuenta de que nunca me dieron nada que evidenciara que yo había iniciado el trámite. Me rechazan la demanda. Dicen que tengo que ir al Ministerio Público, pero me aseguran que enviarán dos personas para que me acompañen en el trámite. Me llamarán para ponernos de acuerdo. Han pasado tres meses desde entonces. Aún espero la llamada.
Días después, el MP me conmina, por carta, a poner mi denuncia. Se me recuerda que, si no comparezco, el MP puede enviar agentes de la PNC para que me lleven a la fuerza a presentarla. Me citan a las 5 p. m. en una delegación del MP localizada en la zona 3. Cuando llego, el policía de la puerta me dice que ellos cierran a las 4 p. m. Con la hora de cierre pasada, ya no había, naturalmente, nadie que me pudiera atender.
SAT, PDH y MP, todos parecen cortados con la misma tijera. Ineficiencia y descontrol en la atención al ciudadano parecen ser el objetivo y la meta de estas instituciones públicas.
Sin apoyo del PDH y del MP retorno a la SAT a seguir con mis trámites. Nuevos memos y nuevos requisitos. El 5 de mayo hago mi visita número 16. Espero una hora y 15 minutos para que me atiendan y una hora más para que me digan que me deniegan mi solicitud. Esta vez, furioso, demando que reciban mis documentos y que abran un expediente. Quería evidencia de que yo había llegado a la SAT a hacer el trámite. En cada ocasión anterior se negaron con la excusa de que todos mis documentos debían estar completos. Hoy no saldré de allí hasta que ellos hagan constar que es la decimosexta vez que vengo.
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Entonces me entregan una carta firmada y con un sello que solamente contiene la fecha del día. Nada que indique que era una firma de un funcionario de la SAT. Demando que se selle con el sello oficial de la SAT. Se niegan. «No me moveré hasta que lo hagan». Lo hacen. Me sellan las cartas, y la jefa de agencia de Galerías del Sur, Igrid Filippi, accede a recibir toda mi documentación para enviarla al Dubai Center, pero vaticina que la rechazarán. «¿Por qué?». Solo me puede decir que el lector de DPI que acaban de instalar en la SAT no lee mi documento de identificación y, por lo tanto, no puedo hacer ningún trámite. La única solución es ir al Renap y obtener otro DPI.
Y luego podía hacer mi trámite.
Es decir, la única solución era visitar a otra institución conocida por su total ineficiencia. Después de todo, ellos me dieron este DPI defectuoso.
¿Qué hacer cuando se vive en un Estado gobernado por ineptos, ineficientes y corruptos? ¿Qué hacer cuando las burocracias imponen reglas administrativas arbitrarias y volátiles?
Como ciudadano, debo decidir si comienzo una carrera en el sector informal de la economía nacional, me mudo a otro país y sigo con mi carrera académica o acepto las propuestas corruptas dentro de la SAT.
Esta última opción parece ahora más atractiva. Lo que me parecía un acto criminal y oneroso lo veo ahora como un simple acto de supervivencia en un sistema ineficiente donde el PDH, el MP, la SAT y el Renap empujan al ciudadano a buscar soluciones corruptas para simplemente poder darles de comer a sus hijos. Después de todo, los corruptos ofrecen efectividad, rapidez y planes de pago, cosa que las instituciones de Gobierno simplemente no tienen intención de ofrecer.
Los rituales burocráticos, que son mediados por papeles y tecnología, así como por funcionarios incompetentes e inflexibles, hacen que los corruptos tengan un mercado cautivo dispuesto a cualquier cosa para sobrevivir.
¿Qué hacer?
¿Sigo con mi intención de cumplir con la ley y continuar este proceso burocrático que no sé si terminará algún día? ¿Me mudo de país y que se pudra la SAT con su alegatos de falta de cultura tributaria? ¿Me retiro a criar cabras y vender productos en el mercado informal nacional? ¿O hago lo que otros cientos hacen y acepto la oferta del mundo corrupto nacional? Mmmm, es difícil decidir.
Creo que retirarse totalmente de este sistema sería lo más indicado y así mantendría la integridad moral. Después de todo, si el Gobierno de Guatemala no desea que le pague más impuestos, entonces mejor será que comience a buscar mis cabritas. Por lo menos sé que las cabritas no se van a ir a comprar fincas en Chimaltenango o chalets en el Pacífico. Sé que no se comprarán cinchos de mal gusto que cuestan más que mis ingresos mensuales o que se harán liposucción o se inyectarán bótox.
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