Casi todos los municipios son vulnerables «pero no es imposible evitar la pérdida de vidas»
Casi todos los municipios son vulnerables «pero no es imposible evitar la pérdida de vidas»
En esta entrevista, Michelle Tercero, experta en sistemas de información geográfica del Incyt, explica por qué la devastación que provocó la tormenta Eta a su paso por Guatemala no sorprende. Un estudio basado en indicadores del censo de 2018 revela que casi todos los municipios del país tienen una vulnerabilidad social alta o muy alta. No obstante, las mayores debilidades están en Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Petén y Sololá. Cuatro de estos departamentos viven ahora en un estado de calamidad.
La vulnerabilidad está ligada a la ruralidad, y Guatemala es lo suficientemente rural como para vivir en emergencia permanente. Lo rural es débil y quienes lo habitan no tienen acceso a educación, vías de acceso o servicios básicos como agua entubada, drenajes o electricidad. Y si hablamos de las viviendas, en lo rural son construidas con materiales poco resistentes y en áreas de riesgo, en medio de pendientes y áreas sin vigilancia para evitar deforestaciones.
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Michelle Tercero, investigadora en urbanismo y experta en sistemas de información geográfica del Instituto de investigación y proyección sobre ciencia y tecnología (Incyt) de la Universidad Rafael Landívar, participa en la elaboración del estudio Vulnerabilidad Social Multidimensional en Guatemala: Análisis de privaciones basado en el Censo Nacional 2018.
Los resultados confirman que la mayoría de municipios del país son frágiles ante los riesgos. Sin embargo, un sistema de alerta temprana para monitorear y reaccionar ante los eventos naturales y el ordenamiento territorial son la clave para evitar pérdidas humanas.
Las tormentas tropicales, como Eta, tienen la capacidad de arrasar con la infraestructura vial y anegar pueblos enteros en poco tiempo. ¿Qué nos hace tan vulnerables ante las emergencias?
En general, es el cambio climático el que provoca estas fuertes tormentas, sin embargo, hay dos aspectos que podrían trabajarse para proteger, primero, la vida de las personas y segundo, sus hogares y comunidades.
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Para proteger la vida, el monitoreo climático con un sistema de alerta temprana a la población es esencial. Para proteger las comunidades y los hogares de las personas se debe invertir en planificación y ordenamiento territorial.
Según datos del ranking municipal 2018, los departamentos más afectados por la tormenta cuentan con escasos o ningún sistema de drenaje pluvial urbano ni rural. En este sentido, en el Incyt se ha desarrollado un observatorio urbano que permite evaluar distintas variables útiles para la planificación territorial. (Puede consultarlo aquí)
El Incyt trabaja en un estudio de vulnerabilidades a nivel nacional. ¿Qué han descubierto hasta ahora?
El análisis de vulnerabilidad que estamos realizando utiliza datos del censo 2018 y considera los ámbitos socio-demográfico, educación, empleo, vivienda, servicios básicos y equipamiento. Lo que el estudio ha revelado es que los ámbitos en los que la población es más vulnerable son el de educación, servicios básicos y equipamiento, que se utilizó en este caso como un indicador de ingresos, ya que el censo no contaba directamente con esta información.
En cuanto al mapa de vulnerabilidad que suma los seis ámbitos descritos, hemos encontrado que la mayoría de los municipios del país tienen un índice de vulnerabilidad social alto o muy alto, siendo los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Petén y Sololá los más vulnerables.
¿Cuáles son las características de las poblaciones más vulnerables del país?
En general, la población es muy vulnerable económicamente. Si vemos los porcentajes de población económicamente inactiva, esta supera el 50% de la población en más de 200 municipios, sin contar que la población que se declara económicamente activa suele tener salarios que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de una familia.
También somos excesivamente vulnerables en cuanto al acceso a servicios básicos como el agua, con casi 100 municipios donde más del 50% de la población no tiene tiene fuentes seguras como la distribución municipal o pozos, o carecen de la electricidad y a servicios sanitarios.
(El estudio titulado «Vulnerabilidad Social Multidimensional en Guatemala: Análisis de privaciones basado en el Censo Nacional 2018», será publicado el próximo año con un tablero digital interactivo para la visualización de los datos).
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¿Quiénes son más vulnerables, de acuerdo con su investigación?
El estudio ha revelado que entre más población rural existe en un municipio, más vulnerable tiende a ser dicho municipio, y a la inversa, entre más población urbana existe, el municipio es menos vulnerable. En cuanto a los departamentos, el de Alta Verapaz destaca como el más vulnerable de todos.
¿Cuál fue la motivación para hacer este estudio?
La motivación nació de la pandemia COVID19. A los pocos meses de estar en emergencia, notamos que la crisis se volvió económica además de sanitaria, y tanto el gobierno como otras entidades empezaron a brindar apoyo en diferentes áreas. Nos preguntamos si la ayuda estaba llegando a los lugares más necesitados y de allí nació el interés en realizar este estudio.
Finalmente, no agregamos todos los indicadores que hubieran revelado vulnerabilidad ante la pandemia en específico, sino redirigimos el estudio hacia la vulnerabilidad en general.
Al hablar de la vulnerabilidad por eventos naturales, ¿qué podríamos hacer para que no causen tanta destrucción y estar mejor preparados para enfrentarlos?
En primer lugar, tener un sistema eficiente de monitoreo climático, pero más que eso, de alerta temprana. Esto incluye tener mesas técnicas, comisiones o enlaces a nivel municipal, pero también pueden existir enlaces en las aldeas.
Estas mesas o enlaces deben capacitarse para que las mismas puedan generar planes para la transmisión de la información oportuna y planes de evacuación o de acción que permitan proteger a las personas. Ahí deberían recibir la información meteorológica de manera oportuna y alertar a las comunidades.
En segundo lugar, deberíamos contar con una adecuada planificación territorial, para que no se construya en terrenos con mayor riesgo a deslizamiento o inundación. Según el ranking municipal del 2018, de los 340 municipios del país, únicamente siete contaban con un plan de ordenamiento territorial publicado en el Diario Oficial.
¿Qué lecciones aprendemos después de vivir tantas calamidades por eventos naturales?
Por nuestra ubicación y geografía, Guatemala es un país vulnerable ante los desastres naturales, pero esto no quiere decir que sea imposible evitar la pérdida de vidas. Se deben generar sistemas de alerta para las personas que viven en las zonas de riesgo.
Las municipalidades deberían estar fortalecidas para tener la capacidad de recibir alertas tempranas de parte de entidades como Insivumeh o Conred (la primera entidad se ocupa de informar de las emergencias naturales y la segunda, de atender la prevención y atención de emergencias), y de organizarse e informar a los habitantes de posibles riesgos ante fuertes lluvias o erupciones. Para ello es importante el monitoreo climático, pero también el volcánico. Desde la erupción del volcán de Fuego en 2018, Incyt ha desarrollado un sistema de monitoreo de sus erupciones, que son más de 60 diarios. La intención es formar un sistema de alerta temprana junto con Insivumeh y Conred.
Segundo, debe existir un ordenamiento territorial para asegurar la construcción de viviendas en áreas seguras y la protección de bosques que son útiles para la retención y absorción de agua.
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De las comunidades afectadas, destaca el caso de la aldea Quejá, en San Cristóbal Verapaz. ¿Qué características destacan de este pueblo?
Debido a que nuestro análisis fue a nivel municipal, únicamente puedo responder acerca de San Cristóbal Verapaz, en Alta Verapaz, que es donde se encuentra ubicada la comunidad. Según nuestro estudio este es un municipio de vulnerabilidad alta.
Los reportes noticiosos indican que las construcciones de la comunidad eran frágiles, con materiales como bajareque y lámina. El municipio en general refleja una población mayoritariamente indígena, con escaso acceso a la energía eléctrica y al agua, lo que puede darnos una idea de la falta de infraestructura en este poblado.
En 2005, la tormenta Stan soterró a la aldea Panabaj, hoy la crisis es en la aldea Quejá. En materia de ordenamiento territorial y habitacional, ¿cómo identificar y prevenir las zonas en riesgo?
En general debe evitarse la construcción de viviendas en pendientes mayores a los 15 grados. En Quejá, el problema parece haber sido la deforestación de una pendiente cercana a la comunidad y construcción de viviendas sobre y al lado de esta pendiente. Los árboles ayudan a absorber el agua, pero cuando estos son podados de las pendientes y no existe una buena infraestructura para retener la tierra los deslizamientos son inevitables.
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Varias comunidades pobres de Alta Verapaz siguen incomunicadas debido a las inundaciones. ¿Qué aspectos deberían prever las autoridades y comunidades antes de pensar en reubicar o devolver a sus viviendas a las poblaciones que fueron afectadas?
Reubicar a las comunidades es un tema difícil, ya que por lo general las personas no quieren ser desplazadas de sus áreas de residencia, sin embargo, en este caso el desplazamiento de los sobrevivientes es la mejor opción. Todo el terreno del área de Quejá es irregular, montañoso y con altas pendientes. Lo mejor es buscar un terreno plano, que no esté rodeado de pendientes y con infraestructura adecuada para su acceso vial y provisión de servicios básicos.
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