Desde que el domingo cinco de mayo, el presidente Bernardo Arévalo emitió en cadena nacional su discurso sobre la necesidad de remover a la Fiscal General del Ministerio Público, se ha desatado una nueva ola de discusión sobre la posibilidad de que este objetivo político del partido de Gobierno, finalmente se realice; recordemos que ese fue uno de los principales objetivos del ahora presidente antes de tomar posesión, ya que la fiscal Porras es identificada como la principal gestora de la crisis que amenazó con evitar que llegara al poder el Partido Semilla.
Durante estos meses de forzada convivencia, ha habido siempre dos posturas. Debido a la actual correlación de fuerzas en las Cortes de justicia y bajo el marco legal actual, Consuelo Porras no puede ser removida, por lo que lo único que le queda al presidente Arévalo es llevar la fiesta en paz, ya que hay múltiples formas de relación que existe entre el Ministerio Público y el gabinete de Gobierno, en especial con el Ministerio de Gobernación. Esa convivencia forzada, opinan algunos de los analistas, debe llevarse en la mejor armonía, por lo que la postura y los gestos que predominan en las fotografías de reuniones de coordinación conjunta entre funcionarios del Ejecutivo y del Ministerio Público han sido ampliamente comentadas: demasiada cordialidad de los primeros a los segundos se identifica como una victoria de Consuelo Porras.
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La segunda postura es que existen suficientes causales para la remoción de la fiscal Porras, debido a que la ley que la blinda es de rango menor, mientras que la Constitución de la República es clara en cuanto a las causales para su destitución. Otros han dicho que el presidente hubiera podido convocar a un referéndum popular para fundamentar la necesidad del cambio en el Ministerio Público, aspecto que ya ha provocado un movimiento ciudadano para recabar firmas al respecto. En esta misma línea, existe quien afirma que debería haber una acción osada y firme de parte del gobierno, de manera que se elimine de una vez por todas este molesto obstáculo, lo que significaría una destitución exprés, aún cuando pudiera haber consecuencias posteriores. Al final, quien piensa de esta forma, recuerda que el sistema guatemalteco es de tipo presidencialista, por lo que es el titular del Organismo Ejecutivo quien controla los principales ejes del poder en el país.
Lo primero que se podría decir es que esta iniciativa presidencial ha demorado demasiado tiempo, ya que existe la hipótesis que, si esta ofensiva se hubiera lanzado en los primeros 15 días del actual gobierno, probablemente hubiera encontrado una mejor correlación de fuerzas. Esta afirmación considera que una parte de la población ve con desagrado la pasividad del nuevo gobernante, por lo que ahora hay algunos que le denominan «tibio Bernie». Una segunda apreciación proviene de los opositores, quienes han aprovechado la oportunidad para señalar las deficiencias que ya algunos notan respecto a estos primeros 100 días, ya que difícilmente se puede señalar algún cambio espectacular, al punto de que ya hay voces que hablan de una total decepción.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad que emitió un amparo provisional favorable al Ministerio Público para evitar cualquier acto que pudiera atentar contra su independencia, así como la reiterada falta de quorum en el Congreso para analizar la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo para facilitar la destitución de Consuelo Porras fueron calificadas como un rotundo fracaso para Bernardo Arévalo. Al respecto de esa falta de quorum en el Legislativo, el diputado Álvaro Arzú Escobar develó una de las razones del rechazo: la pretendida superioridad moral que caracteriza al nuevo gobierno no le va bien, por lo que esa prepotencia es un obstáculo para alcanzar un consenso más amplio. La segunda clave del rechazo la dijo la misma Fiscal General cuando afirmó que ella no recibe órdenes en inglés, lo que es corroborado por algunos diputados que ya han dicho en el pasado sobre la presión de la embajada de Estados Unidos para promover estos cambios. El desenlace de este conflicto depende directamente de la capacidad de maniobra del actual gobierno: una permanencia en el cargo de la fiscal Porras significaría un duro golpe que quizá apagaría drásticamente la posibilidad de la prometida nueva primavera democrática, mientras que un relevo en el MP sería un aliento a las posibilidades reales de que se concreten los cambios prometidos.
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