Elementos Antimotines de la Policía Nacional Civil desalojaron a pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, quienes desde febrero han permanecido en La Puya, sitio que funciona de ingreso al proyecto minero VII Derivado, una de las 12 licencias de exploración aprobadas para el megaproyecto extractivo El Tambor.
Los pobladores se oponen a la actividad minera de forma pacífica. Sin embargo, por la mañana del viernes, las fuerzas policiales procedieron a desalojarlos. Lanzaron ...
Elementos Antimotines de la Policía Nacional Civil desalojaron a pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, quienes desde febrero han permanecido en La Puya, sitio que funciona de ingreso al proyecto minero VII Derivado, una de las 12 licencias de exploración aprobadas para el megaproyecto extractivo El Tambor.
Los pobladores se oponen a la actividad minera de forma pacífica. Sin embargo, por la mañana del viernes, las fuerzas policiales procedieron a desalojarlos. Lanzaron gases lacrimógenos y capturaron a cuatro pobladores.
Varias personas fueron trasladas a un centro de salud con signos de intoxicación. Grupos de derechos humanos se presentaron al lugar y los antimotines se detuvieron. No obstante la presencia policial era numerosa. Casi al fin de la tarde, pobladores y el Vice Ministro de Gobernación, Edi Juárez, trataron de llegar a un acuerdo.
Las comunidades dijeron no estar de acuerdo con el proyecto minero por el daño que ocasiona al medio ambiente, mientras que el funcionario señaló que “están violentando la propiedad privada”. Los agentes se pusieron en guardia, en tanto que los pobladores se cubrían los rostros para protegerse de los gases que los otros lanzarían.
Se veía su miedo, pero no se fueron. Oraban y cantaban coros cristianos: quizás sígno del carácter urgente de su necesidad, de su desesperación de no encontrar solución en lo terrenal.
Una de las líderes, Yolanda Oquelí, le decía a Don Santiaguito: “Debemos permitir el paso. Ellos lo que quieren es meternos presos a todos”. El anciano le respondió: “Entonces que nos metan presos a todos”. Oquelí agregó: “Presos ya no haremos nada”. Antes de las seis de la tarde, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla indicó que “se llegó a un punto en que el Gobierno debe asumir sus responsabilidades”. Y advirtió que se cumplirá la ley. La de Minería en este caso concreto. Refirió que es importante garantizar la inversión extranjera, y en la situación particular de El Tambor. Algunos agentes se retiraron del sitio, otros permanecen ahí haciendo guardia. Este lunes tratarán de llegar a un diálogo.
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Aquí el reportaje de Plaza Pública sobre el conflicto, de un terreno de mil kilómetros cuadrados de exploración minera, situado a 10 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Fue publicado en junio de 2012.