Aceptando esto, tiene mucho sentido que se convierta en el mensaje principal de varios candidatos a la Presidencia: hay que parar esta violencia que nos desangra, que intimida a toda la población, que nos impide usar transporte público (y de ahí los atascos en la capital), que extorsiona a los pequeños comerciantes y que ha convertido todo el país en un campo de tiro con impunidad total.
Hasta aquí estamos todos de acuerdo, aunque todo consenso tiene siempre algún “pero”. A pesar de lo que usted lector pueda pensar, la violencia de los narcos, maras o delincuentes comunes mata menos personas en este país que el hambre. Sí, sí, como se lo digo. El año pasado, las balas de las pistolas, de las semiautomáticas o de los M-16, que cada vez asesinan con armas más pesadas, segaron la vida de 6502 personas, entre inocentes y ajustes de cuentas varios. Es una cantidad brutal, que pone los pelos de punta a cualquiera y que motiva, con cierta razón, que muchos países extranjeros adviertan a sus nacionales sobre lo peligroso que es viajar a Guatemala. Y, sin embargo, no es la mayor causa de muerte violenta.
El hambre se llevó por delante el año pasado a 6575 personas, tanto por desnutrición aguda severa (no comer hasta que el cuerpo dice basta), como por las enfermedades asociadas que se ceban sobre los cuerpos ya debilitados por la falta de alimento. Y claro que es una muerte violenta porque, aunque no he experimentado personalmente la sensación, morirse de hambre debe ser una muerte terrible.
Puede que algunas de las víctimas de la violencia no sean tan inocentes, pero seguro que todas las víctimas del hambre sí lo son, tanto niños como ancianos, que forman la mayoría de las víctimas, así como mujeres, indígenas y ladinos pobres. La Parca es terrible, pero al menos no discrimina, se los lleva a todos y todas. Su único delito fue haber nacido en el seno de una familia pobre, de esas decenas de miles de familias pobres que hay aquí. Se los llevó el hambre, y no tenían culpa. Bueno, ni tierras, ni salario, ni reservas alimentarias, ni educación ni nada de eso que sirve para ganarse la vida.
Aunque algo de culpa sí que debe tener el Estado de Guatemala, ese Estado formado por un Gobierno que no hace lo suficiente y deja abandonada la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Desnutrición Crónica; un Congreso que no asigna los fondos suficientes, sólo se preocupa de la obra gris, y no fiscaliza adecuadamente los presupuestos públicos; y un poder judicial que todavía no se ha enterado que el derecho a la alimentación es un derecho justiciable, y que los dos millones de guatemaltecos desnutridos tienen derecho a exigir este derecho. La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala está vigente desde mayo de 2005 y, sin embargo, parece que sólo el procurador de los Derechos Humanos se siente obligado a cumplirla. Por cierto, muy bueno su último informe sobre el hambre que mata en Guatemala. De ahí saqué los datos, y recomiendo vivamente su lectura: el análisis es sólido y las recomendaciones de acción muy concretas. La existencia de estos informes que sacan los colores al Gobierno es un avance de la ley, así como la propia existencia de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Vamos a acabar con un halo de esperanza. No vaya a ser que las balas acaben con ella. Pero recuerden: el hambre mata… aunque sólo sea a los pobres.
hom-ca@acf-e.org
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