Resultado de este enfoque: masacre en Totonicapán. Sus asesores, creyentes en Las 48 leyes del poder de Robert Greene, no tienen capacidad de decirle que esos derechos son manifestados y garantizados en la Constitución Política de la República; y que por consiguiente, son compatibles con la preminencia del derecho a la vida tal como lo recordaran, recientemente, el arzobispo metropolitano Óscar Vian y Alberto Brunori de Naciones Unidas. La responsabilidad política del Gobierno se desprende del incumplimiento de la obligación constitucional de proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos de Totonicapán. Es elocuente el dicho: “un rey, cuyos consejeros siempre están de acuerdo con él, obtiene consejos mediocres”, eso es la historia entre los consejeros y el actual Presidente.
En las declaraciones de Harold Caballeros, Otto Pérez Molina y Mauricio López Bonilla, ante los embajadores acreditados en Guatemala, sobre lo ocurrido el 4 de octubre de 2012, en el Km. 170 de la ruta Interamericana, observamos una estrategia política-militar orientada a culpar a los 48 cantones de Totonicapán y a los indígenas campesinos, no solo con la finalidad de desviar la atención sobre los responsables de la muerte de ocho indígenas, sino tratando de colocar a la opinión pública que la protesta es un acto de terroristas.
Este enfoque de la estrategia militar es erróneo; inmoral, porque busca la guerra psicológica contra ciudadanos que buscan solución a problemas rurales. A los de Totonicapán no se les ve como ciudadanos, sino a “indios” enemigos, agitadores que hay que destruirles; y en esa lógica de inteligencia militar, simplemente no se gana el corazón ni la mente de nadie, sino levanta un humo de odio y condena nacional, ya que vuelve a resucitar el temor de las persecuciones políticas, ejecuciones extrajudiciales, y que la bota del autoritarismo de los chafas, se imponga de nuevo. Poniendo más leña al fuego, se escucharon con indignación las lamentables expresiones del Canciller: “pues todos los días tenemos el doble de muertos de ocho”. Que dicho sea de paso, con lo dicho enterró sus aspiraciones a la presidencia de la Republica, a pesar de sus disculpas hechas fuera de tiempo.
El anuncio del Presidente sobre que el ejército ya no participará para dispersar manifestaciones, es una táctica positiva que va de acuerdo a lo anunciado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta; pero es débil, ya que si la estrategia militar no cambia y la doctrina en tiempos de paz no se aplica, los policías con armas, simplemente harán lo mismo.
La estrategia y las tácticas militares deben ser coherentes, cuando hay guerra o conflicto armado; pero en tiempos de paz y en democracia incipiente, la estrategia principal es el diálogo y la participación ciudadana. Por eso, recibir balas porque se reclamaron derechos, deja un amargo sabor por el dolor de las familias que entierran a sus muertos. La alarma a la comunidad internacional que esta acción se constituyó en la primera masacre militar hacia el pueblo indígena maya-quiché, se legitima. Las familias al enterrar a sus muertos y lloran ante la prepotencia y las contradicciones de los que ostentan el poder, simplemente gritan: “¡Gobierno mentiroso y asesino!”
La soberbia gubernamental no ha aprendido del arte de la prudencia. Parece que el ministro de Gobernación sigue pensando que “si quieres la paz, prepárate para la guerra”. Algunos de sus aliados ven comunistas por todos lados, creen que los soviéticos y los cubanos están aquí (como se excusaban en la Guerra Fría); creen que países europeos están financiando el terrorismo, y simplemente se ciegan ante la verdad, que las protestas sociales y el cierre de caminos se dan porque no hay diálogo franco, no hay canales de comunicación legítima de parte del Estado para dar solución a la problemática de desarrollo rural. Los indígenas no tienen poder económico y político para presionar como lo hacen las cámaras empresariales o los partidos políticos, y por eso ejercen su único derecho a la manifestación. Resultado por reclamar derechos: ocho indígenas masacrados.
El Partido Patriota y sus aliados, deben aprender de la lección de Totonicapán, ya que actitudes aberrantes y de soberbia, solo contribuyen a la intolerancia y la violencia; al no considerar la causa de las protestas, que entre otros están: la alta tarifa eléctrica a pagar por cada hogar, la reforma Constitucional sin participación indígena y la carrera magisterial, impuesta desde la capital. El Gobierno, capo de inteligencia militar debe recordar que: “horrores ocurren cuando las decisiones finales son tomadas por generales que se encuentran muy lejos del frente, donde solo pueden adivinar las condiciones y las posibilidades conocidas únicamente por aquellos que se encuentran en el campo”. ¿Acaso esto no es la falla del trabajo de inteligencia, señores de inteligencia?
Los diputados han pedido informes a los ministros de Gobernación y de la Defensa, y estos dan informaciones confusas y contradictorias. El procurador está en trapos de cucaracha, porque el oficialismo no lo dejó mediar y los indígenas lo ven con pantalones aguados, porque ante la evidencia no ha dicho que el Estado ha cometido ejecuciones extrajudiciales. El Ministerio Público esta siendo acosado y emplazado por los del CACIF, porque quieren cobrarle una factura a Claudia Paz y Paz. Parece que hay sectores que quieren legitimar que la masacre se hizo como un acto legítimo.
La contradicción del oficialismo ha sido evidente, primero que no había ejército participando, luego que iban algunos pero que no estaban armados, después que 11 de ellos llevaban armas. Luego que los soldados dispararon al aire para defenderse. En fin, no dicen quién dio la orden de disparar. Ahora, ante el informe de INACIF sobre que las armas usadas y el calibre de las balas son de uso exclusivo del ejército, las contradicciones se acrecientan, y todos piensan que el Gobierno prepara una estrategia de encubrimiento para que quede en la impunidad. Solo un demente podría pensar que esas balas vinieron del cielo y mataron a ocho personas.
La actitud del Gobierno solo legitima los comentarios que el ejército sirve para reprimir a los indígenas, pero es incapaz de combatir a los narcotraficantes, mareros y criminales. También legitima la idea que el Gobierno solo escucha al CACIF, ya que estos solo quieren que se encuentre a los culpables de la protesta, porque defienden la libre locomoción y no quiere encontrar los culpables de los asesinatos, porque parece que el derecho a la vida de los indígenas de Totonicapán no les sirve. Eso es doble moral, doble estándar y simplemente validan que para ellos hay privilegios.
Mientras vemos cómo el Gobierno trata de aplicar sus 33 estrategias para ganar la guerra; el desangramiento indígena, y Guatemala nunca más, se convierte en Guatemala una masacre más.
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