Entre sonoros platos y bombillos anunció que sus componentes eran el Fortalecimiento del Sistema de Justicia y Seguridad, Fortalecimiento de Transparencia y Rendición de Cuentas, Fortalecimiento del Sistema Político, y Fortalecimiento Fiscal del Estado. Inicialmente la propuesta generó buena expectativa, estaba compuesta de 51 artículos pero después de siete semanas de diálogo, aceptación y rechazo radical de algunos sectores se ha disminuido a 35 artículos y el apoyo hacia los cambios, se ha desvanecido. El postulado principal del gobierno es que es necesario hacer esos cambios para modernizar el Estado y cumplir con las demandas de varios sectores. Pero esos sectores le han dicho un rotundo, no.
A pocas semanas que se presentó la propuesta por el Ejecutivo, esta está moribunda, casi muerta porque no hay consensos, no hay confianza de los sectores de la sociedad y sumado a esto, el Ejecutivo se encuentra en medio de una creciente pérdida de credibilidad ante sectores económicos, políticos y sociales que le cuestionan por la velocidad que quiere hacer los cambios a la Carga Magna y porque los intereses de varias entidades, se ven afectados y no se percibe pronta conciliación.
Los sectores que han rechazado la propuesta son varios. Los campesinos integrados en la Asamblea de la Marcha Campesina y Popular rechazan la propuesta porque excluye la discusión de la tierra, la necesidad del campesino y porque quieren que se haga cambios por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. El sector privado organizado por medio del CACIF ha reiterado su rechazo al plan de reformas, una especie de reacción oligárquica contra su abanderado político, en especial lo relacionado a la parte fiscal. Los mineros pidieron mayor análisis a la reforma y sorprendentemente, dentro del mismo ejecutivo surgió la propuesta, de que las empresas estatales para el sector minero, sean descartadas.
Adicionalmente, la Universidad de San Carlos ha cuestionado la propuesta porque amenaza sus potestades y competencias actuales, enmarcadas en la Constitución. El principal partido opositor Lider de Manuel Baldizón ha dicho que no es conveniente hacer cambios en esta coyuntura, y recién el grupo G4 integrado por la más alta jerarquía de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Procuraduría de los Derechos Humanos y Universidad de San Carlos aconsejaron al Presidente que debe haber mayores consensos antes de seguir con la propuesta. ¿Entonces por qué seguir con una propuesta que ha generado adversidad? ¿Es una cortina de humo?
Todo parece que Otto Pérez Molina ha perdido la oportunidad de cambiar estructuralmente la Constitución, y lo que se percibe ahora, es terquedad, una medición de fuerza bruta, de aplicación de estrategias moldeadas de huisachadas. La inteligencia militar no puede reemplazar la inteligencia de la sociedad en general. La imagen de Otto Pérez ya no es estratégica porque hay desconfianza hacia su administración, que incluye entre otros, la falta de transparencia sobre el proceso de usufructos del Puerto Quetzal, que contradice su aparente esfuerzo por la transparencia y rendición de cuentas.
Algunos dirigentes indígenas de Guatemala, queriendo aprovechar la coyuntura, y alentados por los postulados de descolonización, plurinacionalidad e interculturalidad que aparecen en las Constituciones de Bolivia y Ecuador le dijeron a uno de los asesores del Presidente que lo iban a apoyar, si además del reconocimiento a la identidad, se reconociera el Estado Plurinacional, y la justicia consuetudinaria indígena. La respuesta del ejecutivo no se hizo esperar, y fue un rotundo, no al Estado Plurinacional y no al Derecho Consuetudinario.
Ante la negativa de incluir los intereses diversos de la sociedad, y ante toda esta adversidad generada ¿Quienes están apoyando la Reforma Constitucional y por qué? ¿Será que se quedaron solos hablando los asesores del General? La estrategia militar de la derecha se le olvidó las Leyes del Poder de la Evolución social y que la sociedad de los setenta, dominados por dictaduras, se empieza a diluir.
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