Magistrado comparte oficina con abogado principal del caso B410

«Ortiz Recinos & Asociados», se lee en la puerta transparente de la oficina 601 en el nivel 6 de la Torre Masval, un edificio ubicado en la zona 9 capitalina. Es la sede del bufete José Alexander Ortiz Ruiz, abogado que ostenta dos cargos importantes en el sector justicia.

El primero lo ejerce desde finales del año pasado, cuando fue electo como magistrado de Corte de Apelaciones. El segundo desde este año, es comisionado de postulación a cargo de nominar aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 2024-2029.

Su oficina fue allanada el pasado 16 de agosto por fiscales de Delitos Económicos en seguimiento al caso de evasión fiscal conocido como B410. Esta oficina, que cuenta con varios ambientes, es la dirección que registran David Francisco Barrera Maldonado y José Luis Orpín Mollinedo, abogados que figuaran como representantes y notarios de la mayoría de empresas involucradas en este caso.

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Barrera conformó más de 400 empresas —sin bienes ni infraestructura real— que sirvieron para evadir al menos 300 millones de quetzales al fisco, y que realizó transacciones por casi 6 mil millones de quetzales durante el gobierno de Alejandro Giammattei, según la investigación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Se graduó como abogado en la Universidad Da Vinci en 2017,  ha ocupado cargos como representante legal, gerente o administrador único en 509 sociedades desde el 2004 a la fecha, según consta en el Registro Mercantil. Actualmente. Solo 62 de estos nombramientos se encuentran vigentes, el resto ya fueron cancelados.

Por otra parte, de las empresas mencionadas por la SAT, al menos el 75 por ciento fueron constituidas con la asistencia de Oropín Mollinedo.

El factor común entre Barrera Maldonado, Oropín Mollinedo y el magistrado Ortiz Ruiz es que los tres registraron la oficina 601 de la Torre Masval en el directorio del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Barrera Maldonado, además, ha reportado esa dirección en su tarjeta de presentación.

La SAT hizo público el caso B410 el pasado 14 de agosto en una conferencia de prensa. Dos días después, los fiscales del Ministerio Público llegaron a la oficina de la Torre Masval para secuestrar documentos y computadoras.

Al consultar al Ministerio Público sobre el caso, aseguró que fue a Barrera Maldonado a quien se le notificó allanamiento y quien dio paso a los fiscales, ya que él «arrienda un espacio dentro de la oficina», informó el portavoz de esa institución, Juan Luis Pantaleón.

El portavoz dijo que no se procedió contra Barrera Maldonado porque, de momento, no tiene orden de captura. «El caso fue presentado el miércoles pasado y —recién— se inició la investigación», dijo.

Plaza Pública consultó en la oficina del edificio por el comisionado Ortiz Ruiz y por Barrera Maldonado. Sin embargo, la secretaria indicó que no han frecuentado el lugar en los últimos días.

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Magistrado y exasesor de la UNE

Ortiz Ruiz inició su carrera en cargos de auxiliar fiscal en el MP y luego director jurídico de su bufete Ortiz Recinos & Asociados.

En 2020, se postuló como candidato a magistrado de salas de apelaciones. En esa ocasión el Ministerio Público remitió un informe con los postulantes que tenían denuncias y procesos penales vigentes en atención a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad.

En el caso de Ortiz Ruiz, se informó que había sido sentenciado por los delitos de estafa propia, casos especiales de estafa, falsedad material y falsedad ideológica por un proceso que conoció la Fiscalía Distrital Metropolitana en 2009. El MP no confirmó si esta condena permanece en firme.

Esto no impidió que, en noviembre del año pasado, un grupo de 110 diputados del anterior oficialismo lo eligieran para completar el período 2019-2024 de las Cortes de Apelaciones. Desde entonces, funge como vocal II de la Sala Tercera del Ramo Penal.

El 7 de junio, fue elegido como uno de los seis magistrados de Corte de Apelaciones para la comisión que definirá la lista de aspirantes a magistrados de CSJ, la cual debe ser enviada al Congreso de la República para la elección final.

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Asesor de la UNE

En 2022, Ortiz Ruiz fue asesor de la Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y devengó 22,000 quetzales mensuales.

Integrantes de la UNE en esa legislatura refirieron que quien lo llevó al cargo fue el entonces jefe de bancada, Estuardo Vargas. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) dirigida en ese entonces por Juan Francisco Sandoval,  identificó a Vargas como uno de los operadores con quien Gustavo Alejos, sindicado en múltiples casos de corrupción, se reunió en febrero de 2020 para interferir en la elección de cortes.

Vargas confirmó que contrató a Ortiz Ruiz para «asesorar temas de la bancada», aunque no precisó cuáles. «Él es un profesional del Derecho. Se evaluaron varios perfiles y él fue contratado», añadió.

Sobre la oficina que comparte con Barrera Maldonado, refirió que es «el libre ejercicio profesional y yo no lo puedo limitar».

Plaza Pública buscó a Ortiz Ruiz en la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal para consultarle por qué compartía oficina con Barrera Maldonado, y si conocía las más de 400 empresas que constituyó el abogado, pero personal de la judicatura indicó que no estaba presente. Al cierre de esta nota, tampoco respondió mensajes y llamadas telefónicas.

El día del allanamiento en su oficina, el MP informó que no se encontraba presente. «La finalidad de la diligencia fue recabar información o documentos relacionados con la creación de empresas que conforman el grupo denominado por la SAT B410. Dicha diligencia fue positiva, toda vez que fue secuestrada información y computadoras las cuales son objeto de análisis», dijo el vocero del MP.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo calificó este caso como «el mayor fraude fiscal de nuestra historia» y aseguró que no se permitiría que »las estructuras corruptas sigan operando impunemente».

Mientras tanto, la SAT continúa la investigación del caso B410 y, según el superintendente Marco Livio Díaz, la suma de impuestos evadidos podría llegar hasta los 800 millones de quetzales.