El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) es quizá la organización gremial con mayor influencia en el país. Su participación directa en la elección de fiscal general y de magistrados de todas las categorías, su manejo de millonarias sumas de dinero en el fondo de pensiones y su uso de la unidad académica como una plataforma para la exposición de cuadros políticos en crecimiento explican por qué los distintos grupos de interés del país invierten esfuerzos y recursos en tomar la dirección de la entidad.
Desafortunadamente, los males del sistema electoral se han replicado en los eventos del CANG. El financiamiento no regulado de las campañas electorales del colegio ha permitido que grupos proimpunidad impulsen planillas y candidatos cuestionables para los puestos de dirección de la institución y para la ocupación de puestos en el sistema de justicia.
Una prueba de lo anterior es el caso Comisiones Paralelas 2020, en el que las investigaciones de la FECI revelaron cómo un político ligado a cinco procesos penales por actos de gran corrupción logró la colocación de representantes del CANG en las comisiones de postulación en 2019 con el propósito de manipular la elección de magistrados, que a la fecha sigue detenida en el Congreso de la República. Por si esto fuera poco, el mes pasado el CANG eligió como magistrado de la Corte de Constitucionalidad a Mynor Moto, contra quien días después fuera emitida una orden de captura por su posible participación en el mismo caso.
Lamentablemente, estos esfuerzos de los grupos corruptos encuentran poca o ninguna resistencia debido al abstencionismo de la gran mayoría de los agremiados. En el pasado evento electoral de enero, menos del 10 % de los agremiados marcaron el destino del país y de la Corte de Constitucionalidad, con nefastas consecuencias para el país. Este fenómeno solamente se puede explicar a través del desinterés de la mayoría de los agremiados, que ven el colegio y las cortes como entidades distantes y destinadas a ser el objeto de sus quejas e insatisfacciones.
[frasepzp1]
Hoy, en el CANG, nos encontramos a las puertas de dos procesos electorales de importancia nacional: la elección de la próxima junta directiva, que tendrá incidencia directa en la próxima elección de fiscal general en 2022, y la elección de integrantes titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026. Ambos eventos serán determinantes para el mantenimiento de pesos y contrapesos en el sistema político guatemalteco, la lucha contra la corrupción y la independencia de jueces, magistrados y fiscales en el futuro.
No puedo culpar a las mayorías por el desgano de la elección de enero, pero, a diferencia de ese evento electoral, hoy existen propuestas de profesionales decentes optando a ocupar estos importantes cargos: por una parte, la planilla Transparencia y Cambio, integrada por un grupo de abogados y exfiscales involucrados en la lucha contra la corrupción, y por la otra, la planilla de la alianza de las agrupaciones Juristas por Guatemala, Alternativa Independiente y Asociación Rubén Contreras (ARCO), integrada por abogadas y abogados de los sectores público, privado y académico y de la sociedad civil, todos ellos valientes y comprometidos con una transformación real del CANG. Ambas propuestas son opciones viables, que se salen de los esquemas vistos en elecciones anteriores. De tal cuenta, el mayor obstáculo por superar es el abstencionismo de los profesionales que no están ligados a ninguna de las redes clientelares de las que se sirven los grupos proimpunidad.
Nos encontramos a las puertas de un proceso que sí podemos cambiar, en el que sí podemos incidir. Está en las agremiadas y en los agremiados participar e ir a votar el 9 de febrero para no conformarnos con lo que hay. Podemos hacer mucho. Hagamos valer nuestra voz.
Más de este autor