Esto me recuerda la ocasión en que una preocupada Patricia Sandoval presentó una iniciativa de ley por «los altos índices de denuncias falsas en los casos de violencia contra la mujer». Al revisar la iniciativa de ley, no hay ni un solo estudio ni una sola cifra que puedan confirmar esa declaración. Se está legislando con base en un mito popular.
Ni hablar del anterior intento de reformas al Código Penal del año 2017, en el cual, dadas la redacción de los artículos que aprobaron y la rapidez con la que recularon, se nota que ni siquiera se sentaron a leer el mismo código que estaban reformando. Da la sensación de que en esa ocasión solo vieron las penas de los tipos penales por los que han sido acusados sus colegas y decidieron conmutar todas las penas de los delitos menores de diez años. Esto, sin tomar en cuenta que existen muchos tipos penales de alta repercusión que se encuentran dentro de ese margen.
Actualmente, un ejemplo más grave y reciente es la aprobación de la Ley de Aceptación de Cargos. El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, justifica esta ley diciendo que «no beneficia a mareros ni asesinos». Esto es un mito que solo demuestra que los funcionarios no se acercan al Ministerio Público, que no tienen idea de cómo se procede penalmente contra estas organizaciones y que menos quieren acercarse a los tribunales de justicia para entender los delitos por los que se les procesa.
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El problema con esta mediocridad parlamentaria es que están jugando con el marco jurídico del país, que está en sus manos, y lo que hacen allí repercute en muchas vidas, casi en todas.
Pareciera que la impunidad es para ellos un juego, pero no se dan cuenta. O, mejor dicho, no les importa incurrir en el famoso que así se vaya. Estas iniciativas pasaron por muchas manos y fueron revisadas por muchas personas antes de ser aprobadas por el pleno, por lo que una simple disculpa no basta para revertir el daño hecho. No se vale decir «no entendí por qué estaba votando» cuando se desembolsan fondos públicos en el pago de asesores, sesiones, comisiones de trabajo, formación, etcétera, con tal de garantizar legislación de calidad.
En el caso de los diputados del Pacto, qué les importa todo el trabajo que hacen la PNC y el MP para desarticular organizaciones criminales. Porque a ellos no les tocaría vivir las represalias de denunciar, de infiltrarse, de convivir diariamente con estas organizaciones. Todo lo ven desde su palacio de cristal, obtenido desde la mediocridad de no leer aquello por lo que votan.
Y, como siempre, perdemos nosotros. Cuando hacen las cosas a medias, perdemos oportunidades importantes de discutir e implementar mecanismos como la aceptación de cargos, el cual, bien hecho, podría ayudar a resolver la eterna crisis de la impunidad y democratizar mejor el sistema de justicia.
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