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Un pick-up con adhesivo del Gobierno y placa oficial acude a la asamblea del partido Vamos para la elección del binomio presidencial en Quetzaltenango, el 07 de enero. Eduardo Say

Vamos y Une usaron 16 carros oficiales en asambleas y el TSE no tiene prisa por investigar

Ferdy Montepeque
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Vamos y Une usaron 16 carros oficiales en asambleas y el TSE no tiene prisa por investigar

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La Unidad Nacional de la Esperanza (Une) negó haber usado recursos públicos durante la proclamación de Sandra Torres como presidenciable, pero Plaza Pública constató que utilizaron al menos cuatro vehículos oficiales. El vocero presidencial, Kevin López, aseguró que en la actividad de Vamos solo usaron uno del Ejecutivo. Lo cierto es que en ese otro acto, emplearon 12 carros propiedad del Estado: cinco del gobierno, seis de municipalidades y uno del Congreso.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no muestra esfuerzo por terminar una investigación sobre los partidos Vamos y Une, que utilizaron carros oficiales en las asambleas donde ambos postularon a sus binomios presidenciales, inscritos para competir en las votaciones del 25 de junio. La Inspección General del TSE solo logró establecer que en las actividades se utilizaron tres vehículos del Estado, aunque este medio documentó que ambos partidos políticos usaron 16 carros oficiales. Dos meses después de los hechos, el tribunal electoral tampoco emite ninguna sanción.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) planteó hallazgos contra tres municipalidades por el uso de vehículos en las asambleas de Vamos y la Une, informó la vocera de esa institución, Mónica Monge, quien explicó que las auditorías son independientes a la investigación del TSE. Dos de estas se iniciaron por alertas enviadas a la CGC y una más por denuncia ciudadana, precisó Monge. 

Una fuente de la CGC confirmó que las sanciones, sobre las que aún deben pronunciarse las alcaldías, están dirigidas hacia las comunas de San Gaspar Ixchil, Huehuetenango; Cahabón, Alta Verapaz y San José Poaquil, Chimaltenango. Sin embargo, esas no fueron las únicas que usaron carros oficiales en los actos políticos. 

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Por medio de fotografías y videos captados los días de las asambleas, Plaza Pública determinó el uso de vehículos con placas oficiales en ambos eventos. Los nombres de las instituciones a las que pertenece cada carro fueron confirmados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en respuesta a una solicitud de información pública. En ambas actividades se observaron vehículos con placas tapadas, y en el caso de la actividad de Vamos hubo varios, principalmente picops, que transportaban comida y otros enseres, sin placas. Todo a la vista de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sin que estos se inmutaran.

Entre los vehículos del Estado utilizados en la actividad del partido oficialista, hubo dos que pertenecen a la Unidad Especial Antinarcóticos (Unesa), la cual entre sus funciones tiene planificar programas y proyectos contra el narcotráfico en todas sus formas y actividades conexas. El Ministerio de Gobernación respondió que los carros que se observaron el 7 de enero de 2023, en la asamblea de Vamos en Quetzaltenango, estaban asignados a «comisiones» de las cuales no dio detalles.
En el lugar estuvieron presentes delegados del tribunal, pero solo para verificar la presencia de candidatos postulados y otras formalidades de los partidos, como en toda actividad política. En cuanto a los recursos públicos utilizados en el evento, el informe que presentó la Inspección General, a cargo de la abogada Claudia Marleny Ardón Román, se basó en publicaciones de prensa, indicó la oficina de Comunicación Social del tribunal.

El artículo 88 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) ordena al TSE sancionar a las organizaciones políticas o candidatos por usar bienes del Estado para fines electorales antes, durante y después de la campaña electoral. Las penalizaciones van desde una amonestación pública o privada y multas; hasta la suspensión o cancelación de una organización política, aunque esto último no es posible durante el periodo electoral.

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7 de enero, asamblea de Vamos. Vehículos sin placas y matrículas tapadas

A las 11:00 horas del 7 de enero de 2023, un grupo de personas con playeras del partido Vamos descendió del picop Volkswagen Amarok con placas O-491BCB que pertenece al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn). Después de dejar a las personas en el parqueo que se improvisó para la asamblea, en un descampado en Salcajá, Quetzaltenango, el vehículo se retiró.

Pero no fue el único. Durante la actividad, este medio identificó otros carros, incluso, con las placas oficiales tapadas, como el microbús Toyota Hiace, verde, con matrícula O-862BBF, cubierta con una bolsa negra de nylon.

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Cuando nueve personas estaban a punto de abordar el microbús para retirarse de la asamblea de Vamos, un reportero de este medio les preguntó a qué institución pertenecía el vehículo, pero todos callaron y luego negaron que fuera un carro oficial. Lo cierto es que el vehículo es propiedad de la Gobernación de Chimaltenango, que dirige Óscar Elías Marroquín Toj, un abogado que prestó servicios a la empresa Fabrimix, vinculada al diputado de Vamos por Chimaltenango, Maynor Mejía Popol, que se ha beneficiado de contratos con el Estado al vender escritorios escolares.

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Otros vehículos oficiales con las placas cubiertas usados en la asamblea de Vamos, fueron los picops Toyota Hilux O-796BBY y O-741BCB, este último con las placas cubiertas con una mascarilla quirúrgica. El primero pertenece al Congreso de la República y el segundo a la Municipalidad de San Juan Tecuaco, Santa Rosa.

El picop del Congreso, en esa fecha, estaba asignado a la Cuarta Secretaría de la Junta Directiva, según los registros en Guatecompras. El cuarto secretario del Legislativo es, desde 2022, el diputado Aníbal Rojas, quien estuvo presente en la asamblea del 7 de enero, aunque de momento no figura inscrito como candidato a cargo de elección popular con Vamos. Rojas no respondió ni las llamadas ni mensajes enviados por Plaza Pública para preguntarle por el uso del vehículo, cuyas placas estaban cubiertas con cartón.

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Mientras que el alcalde de San Juan Tecuaco, Wilian Alonzo García y García, electo en 2019 con  la Unión del Cambio Nacional (UCN), participa en mítines junto con el presidenciable Manuel Conde y el diputado por Santa Rosa, Napoleón Rojas. García busca reelegirse con Vamos, aunque su inscripción aún no está registrada en la página electrónica del TSE.

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Otro de los vehículos identificados por este medio fue el Toyota Hilux O-749BBV, propiedad de la Municipalidad de Casillas, Santa Rosa, en cuya parte trasera se encontraba un hombre con armas y municiones al cinto. Según los registros de compras de esa alcaldía, el vehículo es usado para «actividades varias». El alcalde de Casillas, Dayri Benjamín Bocanegra Salazar, quien llegó en 2019 a la silla municipal con la UCN, busca un nuevo periodo con Vamos. Bocanegra fue asesor del Ministerio de Gobernación, desde 2012 hasta antes de llegar a la alcaldía.

Los otros cuatro vehículos que se encontraron en la asamblea de Vamos y que pertenecen a alcaldías corresponden a: Zapotitlán, Jutiapa; San José Poaquil, Chimaltenango; San Juan Chamelco, Alta Verapaz y San Gaspar Ixchil, Huehuetenango. Los cuatro alcaldes de esas comunas también buscarán la reelección con el partido oficialista. Los jefes ediles son Hilmar Egdardo Quiñónez y Quiñónez, Carlos Similox Sisimit, Ervin Orlando Tut Quim y Sebastián García Pérez, respectivamente.

El picop Hilux plateado O-892BBV fotografiado por Prensa Libre con una manta vinílica del partido Vamos en la parte trasera, es propiedad de la Municipalidad de San Gaspar Ixchil, dirigida por Sebastián García Pérez, quien no quiso atender una comunicación con Plaza Pública porque dijo que no tenía tiempo para la entrevista. Los demás alcaldes no respondieron las llamadas hechas a sus celulares.

Dos vehículos de la Unidad Antinarcóticos

Al terminar la asamblea de Vamos, muy cerca de un grupo de agentes de la PNC que vigilaban la asamblea, este medio identificó dos vehículos parqueados, propiedad de la Unidad Especial Antinarcóticos (Unesa) del Ministerio de Gobernación (Mingob), según la SAT. Otro de los asistentes al evento de Vamos fue el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos. La directora de comunicación del Mingob y la Unidad de Información Pública del ministerio, se contradijeron más de una vez en sus respuestas sobre la utilización de los dos vehículos Mazda BT-50 azules 2020, con matrículas O-008BCB y O-007BCB.

El 19 de enero, la comunicadora de Gobernación, Suseth Carrillo, respondió en un mensaje por WhatsApp que ningún carro propiedad de la Unidad Antinarcóticos se usó en la actividad de Vamos: «Buena tarde la información de Unesa es que los vehículos no han salido a ningún (sic) actividad fuera de las laborales y lo respalda el kilometraje de los vehículos». Al insistirle sobre la presencia en la asamblea, Carrillo agregó: «Nunca han salido a ninguna actividad que no sea LABORAL».

Sin embargo, en dos respuestas que la Unidad de Información Pública del Mingob dio a Plaza Pública hay más contradicciones. El 10 de febrero, fuera del plazo que otorga la Ley de Acceso a la Información Pública, la Unidad respondió que la Unesa había otorgado ambos vehículos «en calidad de préstamo» al Ministerio de Gobernación y que estos se encontraban bajo la responsabilidad de David Salomón Herrera de León, coordinador de transportes de la planta central del ministerio.

Pero el 23 de febrero, tras un recurso de revisión presentado por este medio, la Unidad modificó la primera respuesta e indicó que el carro O-008BCB está asignado a Julio Roberto Ordóñez Monzón, y el O-007BCB a Noel Corado Arévalo, sin identificar el cargo que ambos empleados del Mingob. En su respuesta, el coordinador de transportes indicó que el primer carro fue utilizado para una «comisión en Quetzaltenango» y el segundo para una «comisión departamental», sin explicar cuál fue el tipo de comisión para la que estos dos carros se utilizaron el 7 de enero en Quetzaltenango.

Otro vehículo del Ejecutivo que se utilizó en la actividad de Vamos fue el Mazda BT-50 2017 con placas O-741BCB, a nombre del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Al consultarle al vocero presidencial, Kevin López, sobre la utilización de los carros oficiales en la actividad de Vamos, el funcionario aseguró que solo un vehículo del Ejecutivo se usó en la asamblea. López, aunque no es candidato, también participó en esta actividad política para informarse, dijo, de las propuestas del partido oficialista.

«No fue una docena, pero sí había vehículos en ambas actividades. Nosotros identificamos un vehículo que pertenece al Ejecutivo y vamos a tomar acciones al respecto. Se identificó que pertenece a una gobernación y vamos a tomar acciones al respecto ante los abusos y malas prácticas, así mismo los demás vehículos pertenecen a municipalidades. En el tema municipal existe la autonomía, pero es algo que desde el gobierno rechazamos», respondió López al ser cuestionado por este medio, pero evitó precisar a qué institución pertenece el carro que, según él, se identificó del gobierno.

8 de enero, asamblea de la Une. Cuatro alcaldes y sus vehículos

Cuatro alcaldes que buscan reelegirse con el partido Une, usaron vehículos de sus municipalidades en la asamblea de postulación de Sandra Torres, el 8 de enero de 2023, en Explanada 5 en la capital. 

Plaza Pública también documentó, con fotografías, la presencia de los carros y corroboró la propiedad de estos con información de la SAT y Guatecompras. Ese día, la candidata Torres fue cuestionada por la presencia de esos vehículos, pero negó que se hayan usado recursos oficiales.

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El 11 de enero, el partido Une publicó un comunicado en el que calificó de «señalamientos irresponsables provenientes de un periodista» que cuestionaban el uso de recursos públicos en la asamblea, sin identificar a ningún comunicador. La única publicación sobre el uso de vehículos oficiales en la asamblea de la Une corresponde a un tuit del periodista de Plaza Pública quien firma esta nota.

En el comunicado, la Une justifica que el picop Mazda BT-50 gris, modelo 2023, con placas O-664BCB estaba parqueado en la vía pública y que de eso no podía responsabilizarse el partido. Sin embargo, lo que omitió la organización de Sandra Torres es que ese carro pertenece a la Municipalidad de Cahabón, Alta Verapaz, dirigida por Denis Cristian Fraatz Sierra, quien en 2019 fue electo con el FCN-Nación, pero que ahora busca la reelección con la Une. Además, Fraatz estuvo presente junto a su equipo de trabajo en la postulación de Torres, según las fotos publicadas en la página de Facebook «Une Cahabón».

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Cahabón es uno de los municipios más empobrecidos del país y donde abunda el hambre, que ha aumentado debido a los efectos de los fenómenos climáticos de los últimos años. Pero su alcalde se permite usar un vehículo último modelo para una actividad política. Además, la candidata presidencial que promueve las ayudas sociales como bandera de campaña, le resta importancia a la actitud de su candidato en el comunicado de la Une. El alcalde Cahabón tampoco atendió las llamadas hechas a su celular para que explicara ¿qué hacía el picop frente al sitio donde él se encontraba ese domingo en la capital, a más de 300 kilómetros de su municipalidad?

Quien sí admitió haber usado su vehículo para asistir a la asamblea de la Une, fue el alcalde de Concepción Huista, Huehuetenango, Juan Ahilón Vargas, electo en 2019 también con el FCN-Nación, pero ahora en busca de la reelección con el partido de Sandra Torres. Su camioneta Toyota Fortuner blanca 2022 O-429BCB la ubicó en un parqueo contiguo a la Explanada 5, vigilado en todo momento por integrantes de la Une, según verificó Plaza Pública.

Vargas explicó que utilizó ese carro porque el sábado 7 de enero, un día antes de la asamblea, viajó a la capital para una comisión de trabajo en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que, entonces, aprovechó para usar la camioneta durante la proclamación de Sandra Torres, su vicepresidenciable y varios candidatos a diputados. Vargas dijo que no ve problema en haber usado ese recurso público para una actividad política, en teoría, ajena a su función pública.

El tercer carro oficial en la asamblea de la Une fue el Hilux blanco con matrícula O-428BCB, a nombre de la Municipalidad de El Chol, Baja Verapaz. Enrique Milián Pérez, alcalde de ese municipio, quien también busca ser reelecto con la Une, aseguró que él no autorizó el uso del picop, pero al pedirle que explicara la presencia del mismo en la actividad, dijo que no estaba de acuerdo en dar información por teléfono y cortó la comunicación.

En tanto que el cuarto vehículo identificado en la asamblea de postulación de Sandra Torres y Romeo Guerra como binomio presidencial de la Une, pertenece a la alcaldía de Iztapa, Escuintla, dirigida por Mario Rolando Mejía Alfaro, quien ganó la elección municipal en 2019 con Prosperidad Ciudadana (PC), pero ahora busca un nuevo periodo con la Une. El carro de la municipalidad de Mejía utilizado en la asamblea es el Hilux plateado O-498BCB. El alcalde de Iztapa no atendió las llamadas para que explicara la presencia del vehículo.

Aunque la Ley Electoral y de Partidos Políticos ordena al TSE sancionar a las organizaciones políticas o candidatos por usar bienes del Estado para fines electorales antes, durante y después de la campaña, el tribunal que ha sido permisivo con la mayoría de partidos políticos al sancionar solo a algunos por campaña anticipada, librar de la cancelación a siete partidos políticos en 2021, y hacer lo mismo el año pasado en el caso de la Une, tampoco muestra afán por sancionar a las organizaciones políticas por una investigación que se inició hace dos meses. 

Por medio de la oficina de Comunicación Social del TSE, Plaza Pública intentó contactar a la inspectora general, Claudia Marleny Ardón Román, para preguntarle por qué la investigación no avanza, pero no se obtuvo respuesta. La funcionaria tampoco atendió las llamadas hechas a su celular. De parte del TSE solo se recibieron respuestas poco claras sobre este proceso. El tribunal no precisó si la investigación ya concluyó o aún debe ser remitida al Registro de Ciudadanos (RC), dependencia encargada de sancionar a partidos y candidatos.

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