Me cuesta entender, en especial, la forma en que las personas, respondiendo a los intereses de las instituciones, distorsionan sus principios para atropellar a las personas, que en una situación específica, se enfrentan a los designios de tales entidades. Este fenómeno se verifica con bastante frecuencia en el ámbito de “aplicación” del derecho, esfera de usos mecánicos en la cual las reglas pueden llegar a oscurecer el sentido axiológico de las prácticas jurídicas.
Quiero dar a conocer a los lectores un inicuo proceso legal el cual no voy a ignorar simplemente porque está sucediendo frente a mis ojos, amén de que está involucrado uno de los seres que más quiero. No especificaré nombres porque mi objeto sólo es presentar la forma en que los poderosos demandan certeza y seguridad jurídica sólo para poder pisotear al débil.
Hace unos meses uno de mis sobrinos, destacado atleta nacional, se enroló en un proceso de capacitación para trabajar en Transactel, un call center cuyo nombre no evoca prácticas laborales dignas de encomio. Desde el comienzo, no deje de mostrar mis reservas frente a tales empleadores, debido a que algunos jóvenes me habían puesto al corriente de continuos abusos laborales en tales empresas, que llegan hasta a dosificar los minutos para el ir al baño. No podía ignorar que los jóvenes no pueden hacer carreras en tales empresas debido a la presión psicológica y física a que dichas empresas someten a sus empleados. Tales compañías, que lucran con las estructuras fiscales que favorecen a las maquilas, no han podido ser controladas, quizá por carencia de recursos, por el Ministerio de Trabajo.
Después del período de capacitación, mi sobrino no fue confirmado en el puesto. Reconozco que la compañía estaba en su derecho de no contratarlo. Sin embargo, el problema empezó cuando mi sobrino les requirió el salario que le correspondía por los días que duró la capacitación. El jefe de personal adujo que esa capacitación no era pagada; tales días eran reconocidos salarialmente sólo si el empleado era confirmado en su puesto.
Mi sobrino no aceptó la validez de dicha opinión. Decidió acudir al Ministerio de Trabajo, el cual envió su caso a un juzgado laboral, el cual falló a su favor. Satisfecho de haber encontrado esta pequeña muestra de justicia, mi sobrino esperó el pago que le correspondía. Sin embargo, no contaba con que la compañía, al notar su actitud desafiante, había presentado una demanda contra él en el ramo civil. Transactel embargó el sueldo de mi sobrino en su nuevo empleo, aduciendo que éste les adeudaba el importe de la capacitación, que a decir de la compañía, constituía una capacitación de la cual el joven se iba a beneficiar.
Hasta donde yo sé, nadie va a esos lugares a educarse; sin embargo, el juzgado laboral, con los argumentos jurídicos pertinentes, determinó la invalidez de disimular una relación laboral bajo los términos del contrato. No sorprende a nadie que empresas como éstas elaboren contratos que sean un valladar potencial para el ejercicio de los derechos laborales de aquellas personas que, por necesidad, buscan una oportunidad laboral en tales empresas.
Ahora bien, lo que más nos ofende es que Transactel haya procedido por la vía civil después de que mi sobrino haya decidido a buscar justicia a las instancias laborales respectivas. En este caso, la demanda civil de Transactel surge como un ejercicio de pura represalia. En efecto, respondieron frente al ejercicio de un derecho con un abuso de derecho. Desde Louis Jasserand sabemos que el ejercicio de un derecho, para no caer en el abuso, debe ejercerse por motivos que se alineen con los fines de justicia que el derecho, como institución, debe luchar por realizar. Me pregunto si Transactel cobra el importe del curso a todos aquellos que no son contratados por la empresa; incluso si lo hicieran de manera consistente, éste sería un caso que ameritaría mayor investigación.
Las represalias legales de Transactel ilustran las razones por las que no muy creemos en el Estado de derecho que entusiasma a la mayoría de empresarios nacionales y extranjeros. Mi sobrino, afortunadamente, tiene profesionales, familiares y amigos que lo apoyarán en todo momento de este proceso. Pero se me encoge el alma al pensar en tanto joven que no tiene esa oportunidad y tiene que tragarse los atropellos de los poderosos. Por eso escribo este artículo: simplemente estoy cansado de esta injusticia cotidiana que atenaza a tanto guatemalteco. De antemano aclaro que iremos hasta a la Corte de Constitucionalidad si esto es necesario, dado que no por unos pocos miles de quetzales nos quedaremos con la sensación de que corre horchata por nuestras venas.
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