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Si a Rosa le explicaran qué es ser positiva a papiloma humano

Para Rosa el sistema de salud pública local es accesible, pero salir del pueblo no.
El padecimiento es silencioso y el sistema de salud pública no cuenta con la capacidad para brindar acompañamiento integral.
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Si a Rosa le explicaran qué es ser positiva a papiloma humano

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La situación de mujeres kaqchikeles de Comalapa, Chimaltenango, diagnosticadas con lesiones precancerosas por papiloma humano, da una idea de cómo es padecer cáncer, lo lejos que les queda prevenir y tratar. Es el frágil sistema de salud, pero también es la falta de información de sus derechos en su idioma y años de silencioso maltrato por parte de sus parejas.

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De una bolsa plástica sacó tres hojas de papel, en la primera se leía que el Centro de Atención Permanente de Comalapa (o CAP) la refería al Hospital de Chimaltenango, la cabecera. La segunda era del Hospital Roosvelt y la tercera, una libreta de cartulina rosada, su tarjeta de citas del San Juan de Dios. 

María Rosa acumuló estos papeles desde 2019, pero su historia con su padecimiento comenzó en 2004 cuando tenía 30 años. Al momento de esta publicación tiene 47. 

A pesar de este recorrido le pregunta a su entrevistadora: «Seño, ¿usted me puede explicar qué tengo?, porque no entiendo, no me lo han dicho con claridad».

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Maria Rosa es kaqchikel de Comalapa, como el 97.2 % de los habitantes del lugar. En 2019, cuando visitó el CAP, le informaron acerca del resultado de su exámen: «había salido mal» y debía operarse. «Yo pregunté ¿por qué? si no siento dolor», reclamó Rosa. En un test de rutina de papanicolau salió positiva al Virus del Papiloma Humano (VPH), la principal causa del cáncer cervical el cual persiste en el cuello uterino, como en su caso. 

Es una infección de transmisión sexual que afecta al 80 % de las mujeres sexualmente activas. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) existe alta incidencia, pero son pocas quienes llegan a saber que están o estuvieron infectadas porque es inusual la presencia de síntomas. 

Los hombres lo transmiten y son inmunes al VPH, explica el director del CAP de Comalapa, Florencio Simón. «No afecta de igual manera como a las mujeres salvo cuando el virus es persistente, en el miembro puede provocar cáncer de pene». Los datos del Observatorio Global del Cáncer (GCO por sus siglas en inglés) en Guatemala lo confirman: la incidencia del cáncer de cérvix es de 20.3 y de pene es 0.29 por cada 100 mil habitantes.  

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Para Simón, el médico, la principal causa es la infidelidad conyugal. El riesgo aumenta en parejas de alto riesgo, término que alude a múltiples compañeras sexuales. Así lo indica la guía de atención integral para la prevención, detección y tratamiento de lesiones precursoras del cáncer cérvico uterino de Salud. 

«No hay cáncer de cérvix si no hay papiloma humano antes. Aunque ellas tengan una sola pareja, pero su compañero más, entonces se tiene una vida sexual compartida y expuesta al virus», agrega Alejandro Silva, oficial del Programa de Salud y Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Guatemala.  

A esto se suma la distancia. El tratamiento para Rosa estaba a 84 kilómetros de Comalapa, su municipio. 

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Padecer cáncer en los departamentos

Salud indica que el 90 % de los especialistas en oncología y el 100 % de los centros de tratamientos de cáncer se concentran en la capital. Los dos hospitales públicos con capacidad para atender estas enfermedades son el Roosvelt y San Juan de Dios, que a su vez remiten a pacientes al Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), una asociación privada con sentido social. 

Aún siendo públicos es un privilegio acceder a ellos, pues seis de cada diez guatemaltecos viven en pobreza media; y tres de cada diez en pobreza extrema, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

En este contexto, «el tema del tratamiento [de cáncer] en Guatemala es casi imposible si usted no tiene seguro social o un buen seguro privado porque en los hospitales nacionales las posibilidades son mínimas», insiste Silva. Estima que los tratamientos en hospitales privados pueden llegar a costar Q60 mil mensuales. «La gente pobre, lo más seguro es que morirá con su cáncer». 

Para evitar el cérvix, mujeres mayas como María Rosa Serech con precáncer avanzado, implica enfrentar barreras desde la falta de educación, recibir salud sexual o tratamientos informados en su idioma materno. Ella vive las consecuencias de la centralización del sistema de salud y pertenece al nueve de cada diez de la población en pobreza. A ello se añade vivir violencia sexual e intrafamiliar. 

«Guatemala no tiene la capacidad pública de afrontar el tema del cáncer», según el oficial del programa de UNFPA. Ni para tratarlo o prevenirlo.

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Pobreza + violencia sexual 

Rosa vive del comercio informal en su día a día: prepara granizadas donde también vende plantas ornamentales, cría y vende gallinas, lava ropa ajena y vende los güipiles que teje en telar de cintura.  

Su esposo es soldado y tienen tres hijas y un hijo. En la actualidad están separados, él tiene una orden de alejamiento. 

Calló múltiples violencias intrafamiliares durante años: económica, emocional, psicológica, física y sexual. Las palabras de su esposo aún resuenan en su cabeza: «Tenés amantes», «te voy a matar». 

Cuando a los 30 años fue diagnosticada con lesiones precancerosas de alto riesgo remitieron su caso al INCAN donde estuvo en terapia durante más de un año. Viajaba en buses extraurbanos todos los días para recibir su tratamiento en la capital a 84 kilómetros de Comalapa.

Tratarse implicaba gastos diarios: pasajes, alimentación y el tiempo que dejaba su negocio. Aún así no faltó a ninguna terapia porque comprendió lo grave de su situación. A sus tres hijas (pequeñas, por entonces) las recomendaba con familiares.

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En algún momento su oncólogo le pidió hablar con su pareja. Él atendió la cita. «Lo regañó», recuerda Rosa. El médico le pidió respeto para su esposa, le explicó que el proceso de embarazo no es sencillo. «Al hombre no le cuesta engendrar hijos, pero debés respetar los tiempos de tu esposa». Sus tres hijas nacieron con un año de diferencia entre cada una. 

Pese a la llamada de atención y sabiéndola enferma la forzó a mantener relaciones sexo genitales. Un patrón de comportamiento que continuó hasta separarse.  

—¿Qué pasaba si usted le decía que no? 

—Pegaba. No le podía decir no.

Al año de finalizar su tratamiento en el INCAN en 2005, dió a luz a su último hijo. Fue un embarazo delicado. «Como que mi matriz ya no aguantaba y sentía que se me salía».

Según la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer de Guatemala, negar el derecho a la planificación familiar y no adoptar medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual en el ámbito público y privado es delito. Puede sancionarse con prisión de cinco a 12 años.

Pero en Comalapa, hablar de derechos sexuales y reproductivos es tabú, un reflejo del país  «es de los temas más rezagados de hablar en Guatemala» sabe Silva. Su desconocimiento promueve discursos y prácticas en detrimento de las mujeres al normalizar la violencia sexual. Para el esposo de Rosa la planificación familiar significa «no ser hombre». 

Rosa recuerda ese viernes cuando recibió la visita de la Coordinadora de Programa de Salud Reproductiva y una enfermera del CAP para darle seguimiento a su caso. Sobre las causas del padecimiento le dijeron: «posiblemente tu esposo se haya metido con otras mujeres y son las esposas como tú, en casa, las principales afectadas». En ese momento recordó las insistentes recriminarciones de su esposo, «amantes», cada vez que regresaba de sus turnos de trabajo. 

«Las enfermeras del CAP me dijeron: “usted es dueña de su vida, él no le puede mandar”, y así lo hice».


Hasta entonces tuvo acceso a información y decidió operarse [se sometió a ligadura de trompas]. «Si no lo hubiera hecho, tendría más hijos que estarían sufriendo», se resigna. 

De lo que aún no tenía pleno entendimiento era de su enfermedad. Aún así, en 2019, se dirigió al Hospital de Chimaltenango, la ginecóloga que la atendió le preguntó si quería someterse a la operación. «Si la enfermedad no lo exige entonces no», respondió Rosa y sin más terminaron de darle seguimiento a su caso.

Pasadas unas semanas recurrió a un médico privado en la capital donde le diagnosticó infección urinaria. Por falta de recursos no terminó su tratamiento.

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«Mejor morite», le espetó su esposo. Y también a sus hijas: «Que se muera tu mamá, ¡cuánto dinero para tratarla!». Fueron ellas quienes la apoyaron.

En mayo del 2021 se realizó otro exámen de papanicolau y el resultado fue positivo al VPH y con diagnósticos de lesiones precancerosas avanzados por tercera vez a sus 47 años. En esta ocasión asistió al Hospital San Juan de Dios donde le realizaron una escisión electroquirúrgica con Asa conocida como LEEP la cual consiste en una cirugía para extirpar el tejido anormal (canceroso) del cuello uterino. 

Aunque la Guía de Atención Integral del MSPAS describe la hemorragia como una de las complicaciones del procedimiento, Rosa salió del hospital el mismo día de su intervención para reposar en casa. Lo prefirió así por el contexto de la COVID19. 

Su historia describe las deficiencias del sistema de salud pública, y de las causas ideacionales del sistema cultural que determina las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. La realidad de miles.

En 2020, en Comalapa dieron positivo al VPH 75 mujeres, como para  llenar cinco microbuses de los que transitan en el municipio.

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No son suficientes 

En el CAP de Comalapa, dos miembros del personal están capacitados para tratar a las pacientes diagnosticadas con anormalidades leves (NIC 1+). Cuando los casos son considerados de alto riesgo (+NIC 2 y +NIC 3) las refieren al Hospital de Chimaltenango, San Juan de Dios o Roosvelt dentro del sistema de salud público según cada caso. 

Vilma Otzoy es la coordinadora del Programa de Salud Reproductiva (PSR) del CAP y es consciente de que dos personas para atender son insuficientes. Por ello gestiona campañas de tamizajes y tratamientos de crioterapias con instituciones no gubernamentales especializadas para atender a la mayor cantidad de mujeres. 

Pero la invitación a realizarse estas pruebas persuade a muy pocas mujeres, lamenta Otzoy, en los últimos años no se ha alcanzado la meta de tamizajes fijados: 1,477.  En 2018 sólo se realizaron 475, en 2019 fueron 821 y en 2020, 555.  

Ella sabe de sus dificultades para salir de casa; por atender a sus hijos, el pasaje para movilizarse desde su aldea, a los celos de su pareja a que otro hombre las examine o se enteren de infidelidades, al qué dirán o por vergüenza.

«De por sí a las mujeres les cuesta venir al CAP, no digamos a Chimaltenango o a la ciudad. Algunas prefieren no seguir ningún tratamiento y otras —las menos— hacen lo posible por ir aunque los problemas intrafamiliares se mantienen», agrega Otzoy.

Cuando el Centro de Salud las convoca a las campañas de tamizajes recomienda que se acompañen de sus esposos, representa una oportunidad para proveer información en pareja. «Muchas de ellas no saben el porqué de su resultado, a nosotros nos corresponde informar las posibles causas. Cuando se acompañan de sus parejas la mayoría de veces se pelean al enterarse de las relaciones extramaritales de sus esposos», dice la coordinadora. 

«Pocos asumen su responsabilidad y aceptan su culpa». Las parejas de varias de las infectadas son policías, tanto del área urbana como rural.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) este cáncer y el de mama son los más frecuentes en las mujeres de América Latina y el Caribe pese a ser una enfermedad prevenible. Sin embargo, sigue siendo una de las principales causas de muerte entre las mujeres en todo el mundo», según la Guía de atención integral

En 2018 el de cérvix ocupó el primer lugar en mortalidad de las mujeres en Guatemala, en 2020 fue el segundo lugar, según el Observatorio Global del Cáncer de la OMS con una tasa de mortalidad de 11.9 por cada 100 mil mujeres en el país.

En 2010, Guatemala adoptó la Política Nacional Contra el Cáncer e incluyó dentro del esquema oficial de vacunación una contra el VPH que se administra en niñas de 10 a 14 años de edad [es la estrategia de atención primaria]. Son población en riesgo de infección quienes no están vacunadas contra este virus. 

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¿Quiénes asisten al CAP?

La cobertura del Centro de Salud de Comalapa tiene presencia en el casco urbano y en siete de las aldeas más pobladas: Pakixik’, Simajulehu, Panabajal, Patzaj, Pamumus, Xiquin Sinahí y Paraxaj donde se registra mayor número de pruebas realizados en 2018 y 2019 equivalentes al 60 % y 62 % del total. 

La mayoría de las tamizadas no indican su grado académico y quienes lo señalan dicen haber estudiado la primaria. Rosa cursó tercero de primaria. El número se reduce a más grados de escolaridad, representan el 1 % las universitarias. 

A nivel municipal, la población del área urbana prefiere recurrir a médicos particulares o clínicas privadas.

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En el contexto de 2020 ante la COVID19 fueron 555, de las que 76 mujeres (22.3 %) resultaron positivas en área urbana y rural, la mayoría comprendidas entre los 17 y 48 años. 

La mayoría de las tamizadas no indicaron su grado académico y quienes sí, dijeron haber estudiado la primaria. Rosa cursó tercero de primaria. El número se reduce a más grados de escolaridad, representan el 1 % las universitarias. 

A nivel municipal, la población del área urbana prefiere asistir a médicos particulares o clínicas privadas.

De enero a mayo de 2021 se realizaron 238 pruebas, de las cuales 35 fueron positivas. Las edades de las mujeres que se sometieron a los tamizajes están en el rango de 17 a 70 años, significa que las lesiones precancerosas pueden afectar a adultas mayores. 

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En la agenda internacional de países latinoamericanos como como Chile, Argentina y  Uruguay se habla de un seguro para las enfermedades catastróficas. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento (CIPPEC), en la lista de enfermedades está el cáncer de cérvix. La Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala del Instituto Nacional de Seguridad Social (IGSS), en las enfermedades crónicas no transmisibles se encuentran los cánceres; si no se cuenta con este seguro, afrontar la enfermedad exigirá altas sumas de dinero. 

Para Rosa el sistema de salud pública local es accesible, pero salir del pueblo no. 

«Desde que sacamos a mi esposo de la casa, vivimos tranquilos», actualmente busca que cumpla la obligación de otorgar manutención. Está a la espera de su cita de seguimiento clínico en el San Juan de Dios programado para finales de este año.

El padecimiento es silencioso y el sistema de salud pública no cuenta con la capacidad para brindar acompañamiento integral y garantizar el servicio para ellas que viven múltiples violencias culturales e intrafamiliares, en contextos de pobreza multidimensional. Guatemala tiene fuertes retos por atender, cumplir con la garantía de los derechos humanos de las mujeres mayas, por ejemplo.  

 

* Esta publicación es parte del programa de formación para periodistas departamentales Plaza Pública 2021. Para conocer cómo ser parte haz click aquí.

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