Precio por cantidad

La respuesta depende de a quién le preguntamos. Si sentamos a dos empresarios, lo más probable es que digan que no. Dos sindicalistas opinarían lo contrario.

Pero ¿hay algún punto medio o alguna herramienta neutra para tomar la decisión?

Por supuesto que sí. Hay varias, cada una con sus virtudes y sus defectos. En primer lugar, se puede pensar en la opinión mayoritaria. Generalmente, esta se inclina a favorecer los aumentos. Sin embargo, no dejan de registrarse casos en que ha hecho lo contrario.

Luego, se podría pensar en términos de disponibilidad financiera. ¿Hay dinero para pagarlo? Y, estrictamente hablando, la respuesta la mayor parte de las veces —para la parte más significativa de las empresas— será que sí. Al menos si al problema se le entra con mirada de liquidador.

Finalmente, podríamos preguntarnos cuál de las dos alternativas aumentará la cantidad de recursos disponibles en el futuro. Suponiendo ciertas condiciones, no tardaremos en llegar a la conclusión de que menores gastos presentes favorecerán —casi siempre— una mayor acumulación futura. Y entonces estaremos en contra del aumento del salario.

Todos estos enfoques tienen puntos débiles. Con el primero, no hay ninguna garantía de que la opinión mayoritaria y la disponibilidad financiera estén siempre alineadas. Con el segundo, sí lo están —por definición—, pero solamente para el momento que estamos analizando. Y con el tercer enfoque, nada nos salva de llevarlo a sus tristes consecuencias finales y de quedarnos con un presente totalmente abandonado en beneficio de un futuro en el que ya no estaremos.

Se puede, sin embargo, intentar combinar lo mejor de los tres enfoques. Para empezar, podemos partir del mandato democrático y procurar siempre la solución más ventajosa para el conjunto de la población —que en su gran mayoría son trabajadores, y no empleadores—. Bien afinada la brújula moral, podemos luego echar una mirada a las márgenes del camino —las restricciones financieras que no podremos saltarnos aunque quisiéramos—. Por último, podemos sacar de la mochila un par de binoculares e intentar ver por dónde estaremos caminando el día de mañana.

En jerga financiera, todo esto podría resumirse así: si el valor presente de todos los salarios reales futuros dentro del segmento de menores ingresos es mayor, entonces vale la pena aumentar el salario mínimo. De lo contrario, no. Claro y sin trampas. El problema es que justamente esto es muy difícil de determinar.

Como todas las demás decisiones, las del salario mínimo implican escoger entre costos y beneficios. Ceteris paribus, un aumento del salario mínimo nunca va a generar un aumento del empleo. Sin embargo, sí puede aumentar los ingresos totales de los trabajadores de dos formas: rompiendo el poder de mercado de los empleadores y trasladando este a los trabajadores, que ven limitadas sus posibilidades de violentar el acuerdo general de salarios empleándose por menos que los demás.

Dentro de un límite, funciona. La cantidad de empleos que se pierden es poca y el daño social es compensado prácticamente en su totalidad por los efectos positivos del aumento de ingresos. Incluso se puede pensar en medidas compensatorias para los desempleados, fácilmente costeables con los mayores ingresos de todos los trabajadores. Sin embargo, no es difícil ver que en algún punto la lógica se revierte y la cantidad de empleos perdidos comienza a ser mayor que el aumento de ingresos producto de un salario mayor.

¿Dónde está ese punto? Eso depende enteramente de la elasticidad de la demanda de empleo. Pero para determinarla hay que ver los miles de variables que determinan la capacidad presente y futura de las empresas para acomodar trabajadores a distintos niveles de salario.

Es una pregunta compleja, más aún cuando —como en el caso del debate en Guatemala— hay que proyectar los efectos que un salario mínimo menor en un territorio tendría en los territorios vecinos. Capacidad productiva y patrones de migración podrían ser solo el primer capítulo del libro.

Entonces, ¿vale la pena precio por cantidad? No le digo ni que sí ni que no. Le digo que depende. Y que no creo que con la información pública con que se cuenta se pueda decir mucho más que eso.