La pérdida aguda de credibilidad y legitimidad es la principal amenaza al proceso electoral de 2023, que tempranamente languidece.
La aplicación de criterios jurídicos inconsistentes, incoherentes y sesgados están condenando el proceso electoral de 2023. En enero pasado escribí, con mucha preocupación, porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está aplicando criterios jurídicos inconsistentes e incoherentes, que demuestran estar sesgados a favor de políticos afines al oficialismo y en contra de los opositores. Entonces hice una crítica constructiva, haciendo ver la notoria inconsistencia de los criterios jurídicos aplicados al caso del rechazo de la candidatura vicepresidencial de Jordán Rodas Andrade, por el tema del denominado finiquito de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y de la aceptación de la candidatura presidencial de Zury Ríos, pese a la prohibición expresa del artículo 186 de la Constitución Política de la República.
Ignorar estas críticas y advertencias empezaron un lamentable proceso temprano de desgaste del TSE con la irremediable pérdida de credibilidad y legitimidad en el proceso electoral de 2023. Entonces, la gravedad del asunto consistía en la forma en que se ignoraron, desde las argumentaciones de connotados juristas guatemaltecos, hasta las críticas y advertencias de simples ciudadanos como su servidor.
Hoy, la situación se deteriora severamente, porque a ignorar los argumentos y las críticas, se suma la reincidencia en el mismo error, o peor, la comisión de errores aún más graves. El sábado de la semana pasada, 11 de marzo, el TSE emitió su resolución al Expediente 930-2023, en la que, en palabras sencillas, dan marcha atrás en las decisiones anteriores que habían rechazado la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado, declarando procedente su candidatura. Todo esto pese a que, como es bien sabido, Baldizón fue capturado, juzgado y condenado en los Estados Unidos, por lavado de dinero y otros delitos vinculados con el narcotráfico. En este proceso, el propio Baldizón se declaró culpable. Además, enfrenta procesos judiciales por los casos Odebrecht y financiamiento ilícito.
Estoy seguro de que la ciudadanía debe estar preguntándose, ¿bajo qué argumentos legales el TSE pudo declarar procedente la candidatura a diputado de un criminal confeso y condenado? Me parece que, menospreciando la inteligencia justamente de esa ciudadanía, tres de las cinco magistraturas del TSE (una de ellas suplente), votaron a favor de una argumentación que, en resumidas cuentas, sostiene que por la soberanía de Guatemala las sentencias emitidas en el extranjero no tienen eficacia en el territorio nacional. Pese a ser un hecho notorio que el propio Baldizón se declaró culpable de lavado de dinero y de ser parte de una estructura de narcotraficantes, y que sirvió una condena de prisión. Pero, a juicio de estas magistraturas, ese hecho notorio no constituye prueba en Guatemala.
Vaya, ahora sí, como dicen popularmente, el TSE «se voló la barda». Por un lado, es en extremo riguroso y legalista en el caso de Jordán Rodas, rechazando su candidatura vicepresidencial porque el actual PDH presentó unas denuncias en la CGC, que ni siquiera aparecían en el sistema en línea de acceso público de esa entidad y, en términos sencillos, no ha concluido su proceso de defensa ni ha sido declarado culpable. Pero, por otro lado, es flexible, indulgente y demuestra un interés peculiar en encontrar argucias leguleyas para permitir la candidatura a diputado de Manuel Baldizón, un delincuente confeso y exconvicto, nada menos que por lavado de dinero y narcotráfico.
A la ciudadanía poco le importan las discusiones legalistas en ambos casos. La cosa es más clara y directa, a Jordán no y a Baldizón sí. Y eso golpea severamente la credibilidad y la legitimidad del TSE y del proceso electoral de 2023.
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