Cuando Guatemala no ha terminado de asimilar el estupor de confirmar la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) durante el gobierno de Jimmy Morales, se ve sacudida por otro escándalo, esta vez de corrupción en la misma entidad, pero durante el actual gobierno de Alejandro Giammattei. Estos son solo los episodios más recientes de un historial demasiado largo de corrupción y de abuso en prácticamente todos los gobiernos.
Lo malo es que es una corrupción que, en su gran mayoría, ha permanecido en la impunidad. Las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y del Ministerio Público (MP) en casos como Construcción y Corrupción y Odebrecht fueron las primeras excepciones en las cuales se logró llevar ante los tribunales de justicia a empresarios contratistas de la construcción y a funcionarios del CIV. En algunos de estos procesos se lograron condenas, algunas por procedimiento abreviado, por ejemplo en abril de 2018, cuando nueve empresarios contratistas de la construcción fueron condenados con penas reducidas porque aceptaron su culpabilidad en la comisión de actos de corrupción en el CIV. Por el lado del funcionariado de gobierno, con la entrega de Alejandro Sinibaldi y el juicio a este se espera esclarecer la otra parte del tango inmundo de la corrupción que se bailó frenéticamente durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
Sin embargo, las confirmaciones del secreto a voces de la corrupción en el CIV no siempre se han producido cuando los señalados han aceptado su culpa. La de un delincuente como José Luis Benito, exministro del CIV calificado de «genio» por el entonces presidente Jimmy Morales, uno de los principales responsables del fraude del libramiento de Chimaltenango y hoy un prófugo de la justicia, fue posible solo porque, casi por azar, se logró vincularlo con el escándalo de los 122 millones de quetzales en efectivo incautados en Antigua Guatemala. Sin embargo, ladrones como Jimmy Morales continúan protegidos por mantos de impunidad, en guaridas como el Parlamento Centroamericano.
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Que durante el gobierno de Giammattei la corrupción sigue campeando en el CIV es un convencimiento para el cual ya empiezan a emerger indicios inequívocos. Uno de ellos es el escándalo que protagonizó el hoy ex director general de Caminos, Fredy Chojolán, al declarar bajo juramento, en una citación en el Congreso de la República, que su firma había sido falsificada en la adjudicación de un contrato. Mientras tanto, el MP ya investiga adjudicaciones que él realizó a favor de familiares cercanos. Por algo el mismo vicepresidente de la república no solo avaló la destitución de Chojolán, sino que además exigió destituir al actual ministro del CIV, Josué Lemus.
Pero el proyecto de presupuesto para 2021 incluye un componente de «recuperación económica y social» por 4,560.8 millones de quetzales, de los cuales se propone destinar, con la prioridad principal, 2,882.0 millones (es decir, el 63 %) precisamente al CIV. En desproporción dramática, solamente el 7 % se destinaría a apoyar los ingresos de los hogares con transferencias condicionadas, el 4 % a financiar la denominada Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, el 4 % a salud y el 3 % a educación.
Ofende cómo el proyecto de presupuesto para 2021 menosprecia la protección social y las necesidades de la población ante una pandemia que está lejos de desaparecer para premiar con los presupuestos más abultados la corrupción escandalosa del CIV. Impresiona con qué indiferencia ante la corrupción rampante en ese ministerio el gobierno de Giammattei propone forrar de dinero a las mafias que continúan medrando mediante contratos adjudicados de manera mañosa, sobrevalorados y con obras de mala calidad.
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