Los poderes ocultos

Como país dependiente, poco desarrollado industrialmente y ligado a la producción agrícola para el mercado internacional, los dueños reales de la economía son unos pocos grupos. Algunos están presentes desde la Colonia. Otros surgen más recientemente vinculados a servicios.

Esos sectores, junto con el imperialismo de Estados Unidos, mandan por aquí. Cuando su poder se vio cuestionado en décadas pasadas, apelaron a quien está para defenderlos: el ejército.

La guerra interna fue la respuesta que estos poderes dieron a quien osara proponer alternativas. Pero, en el transcurso de esa guerra, el poder armado del Estado, el ejército, tomó una dimensión enorme. Fenómeno único en toda Latinoamérica, donde igualmente las fuerzas armadas oficiales combatieron las protestas populares y las diversas iniciativas insurgentes que surgieron por los años 60 y 70 del pasado siglo, el ejército guatemalteco tomó una proporción monumental.

Quizá sin disputarles abiertamente espacios económicos a los poderes tradicionales, ese ejército —y todos los tentáculos que fue desplegando— se convirtieron en una nueva clase económico-social. A partir de él, no como institución, pero sí a partir de muchos de sus altos mandos, surgieron poderes que ya nadie pudo dominar.

El genio se salió de la lámpara. La institución castrense y el poder que fue acumulando sirvieron de base para la aparición de poderes que, sin existir oficialmente, pasaron a ser actores claves de la dinámica nacional: los llamados poderes ocultos.

«La expresión poderes ocultos hace referencia a una red informal y amorfa de individuos poderosos de Guatemala que se sirven de sus posiciones y contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que cometen. Esto representa una situación no ortodoxa en la que las autoridades legales del Estado tienen todavía formalmente el poder, pero, de hecho, son los miembros de la red informal quienes controlan el poder real en el país. Aunque su poder esté oculto, la influencia de la red es suficiente como para maniatar a los que amenazan sus intereses, incluidos los agentes del Estado» [1].

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O igualmente: «Fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y que siempre, a veces más, a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado» [2].

Esa red de poderes tiene presencia muy fuerte, incuestionable, en la dinámica nacional. Según datos aportados por Naciones Unidas, manejan sectores calientes de la economía (contrabando, narcotráfico, crimen organizado, tráfico de personas y de armas, tala ilegal de bosques), no menos de un 10 % del PIB. Evidentemente, constituyen un poder.

Durante la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos, la política de Washington intentó transparentar un poco los Estados centroamericanos, por lo que la Cicig tomó un rol determinante junto con un fortalecido Ministerio Público. De ahí que comenzaran a desmantelarse algunas redes criminales. Pero la realidad enseñó que las mafias se habían enquistado muy profundamente en las estructurales estatales, de tal modo que se habían fusionado con buena parte de la clase política. De ahí que pueda hablarse de un pacto de corruptos conformado por empresarios, exmilitares, políticos y el crimen organizado. Pacto que tiene una importancia decisiva en muchas de las decisiones de la política nacional, pues han copado los distintos poderes del Estado.

¿Mandan esos poderes? Son uno de los factores dominantes junto con un empresariado tradicional ligado a negocios lícitos, que también juega corrupta e impunemente (evasión fiscal, desalojo violento de tierras, desvío de ríos para su propio aprovechamiento, políticas neoliberales…). ¿Y la gente? Bien, gracias.