Ya lo decía Chomsky. La guerra contra algunas de las drogas provee un eficaz motivo para la intervención de Estados Unidos en nuestras regiones que realmente no tiene que ver con las drogas, pero permite la limitación de libertades civiles y la represión de tensiones o conflictos sociales, de modo que se asegure la hegemonía de esa nación.
Esta lógica de guerra se ha sostenido a través de estrategias de seguridad ejecutadas por el Departamento de Estado como la Iniciativa Mérida o el Plan Colombia, que han demostrado su ineficacia en la reducción del consumo y la producción de drogas ilegales y más bien han proveído las condiciones para la militarización y expropiación de recursos para el capital transnacional y otros intereses políticos y económicos. Aquí lo interesante es notar la canalización de recursos de la lucha contra el narcotráfico para financiar campañas de expropiación y control poblacional como el Programa Frontera Sur.
En junio de 2013, México anuncia la implementación del Programa Frontera Sur como parte de las acciones previstas en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. Dicho programa es la respuesta estatal al fenómeno migratorio y a las demandas de seguridad y desarrollo en la frontera con Guatemala.
Desde enfoques de seguridad militarizada y de prevención de la migración, el Programa Frontera Sur implementa cuatro estrategias de intervención en los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Estas estrategias, agrupadas en cinco planes, están articuladas alrededor de la promoción de desarrollo económico, infraestructura y obra pública, así como de la modernización de aduanas, del registro de ingreso al país y de tarjetas de paso seguro a visitantes y trabajadores.
Algunas estrategias de este programa cuentan con financiamiento de Estados Unidos a través del pilar III de la Iniciativa Mérida (sobre la lucha contra el narcotráfico para la seguridad integral). El Departamento de Estado ha financiado 112 millones de dólares en México para el mejoramiento de la tecnología de seguridad fronteriza y de infraestructura y la formación en materia de seguridad, de los cuales 14 millones están destinados a la creación de bases de datos de las personas que ingresen a México.
Esta inversión corresponde al interés de cercar el paso hacia Estados Unidos por medio de condiciones que limiten el tránsito por la frontera sur y conviertan esta en el cuello de botella para la migración centroamericana. Esto ayuda a reducir el costo político y económico de Estados Unidos en la atención al tema migratorio y delega el trabajo más escabroso a las autoridades mexicanas.
En ese sentido, se evidencia la efectividad del Programa Frontera Sur en el incremento de deportaciones desde México. Las estadísticas de la Dirección General de Migración en Guatemala evidencian que de 2013 a 2015 las deportaciones de guatemaltecos por vía aérea desde Estados Unidos han disminuido un 37 %, mientras que las deportaciones por vía terrestre desde México se han incrementado en un 61 %.
El impacto del Programa Frontera Sur en el tema migratorio se ha traducido en mayor control territorial a cargo de agentes militares con poca capacidad para la seguridad ciudadana, lo cual ha significado una serie de violaciones a los derechos de los migrantes.
Algunas organizaciones de derechos humanos ya han denunciado las vulneraciones que viven día a día migrantes (asesinato, secuestro, violación, trata y corrupción), el hacinamiento y la privación de libertad en las estaciones migratorias, la inoperancia burocrática para solicitantes de asilo y la ambigüedad legal para la regularización migratoria.
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Estas condiciones han convertido a México en un calvario para los migrantes, cuyo sueño de libertad y bienestar les ha costado la vida, por lo que no debe asombrarnos que las madres de los migrantes desaparecidos señalen el país como la gran fosa donde están enterrados sus hijos e hijas.
Vale mencionar que uno de los grandes beneficiarios de estas estrategias represivas es justamente el enemigo a atacar, el narcotráfico, ya que los migrantes son fuente de ingreso económico gracias a los impuestos que deben pagar para pasar por algún estado mexicano y a los famosos rescates que se cobran por su secuestro. Las mujeres, además, corren el riesgo de ser violadas o captadas para las redes de trata, que justamente pertenecen a estos carteles.
Estas condiciones se recrudecieron con el Programa Frontera Sur, cuyo control ha obligado a los migrantes a transitar en rutas clandestinas controladas por el narcotráfico, lo que aumenta la invisibilidad del fenómeno y la vulneración de sus derechos humanos. Masacres como las de Cadereyta y San Fernando dan cuenta de la total impunidad con la que opera el narcotráfico en México.
Sin embargo, la lucha contra las drogas continúa. Y en este caso se manifiesta en la criminalización de la migración y en la militarización con fines de expropiación de recursos naturales.
Con el Programa Frontera Sur, México abona terreno para la concesión de licencias de explotación para la industria energética y turística en una región que es bien conocida por la riqueza de sus recursos naturales, pero también por la intensidad de sus luchas y resistencias comunitarias.
A través de presencia militar en la región, México cuenta con capacidad para controlar y reprimir las demandas de las comunidades, principalmente indígenas, por la defensa del territorio, las cuales ya empiezan a evidenciarse.
A dos años de implementación, el Programa Frontera Sur deja miles de migrantes detenidos en precarias condiciones y vulnerados en su dignidad, una sociedad polarizada ante la estigmatización de migrantes, represión y control militar que impide el pleno ejercicio de los derechos universales y una total impunidad que favorece las más crueles violaciones de derechos humanos.
La guerra contra las drogas es la excusa perfecta para asegurar el control en la región y la expansión del capital transnacional, que poco o nada tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico. Por el contrario, este se nutre de la ilegalidad y la clandestinidad, condiciones que ofrecen las actuales políticas de seguridad militar.
Matar a nuestra gente en nombre de la lucha contra las drogas no ha disminuido el consumo de estas, pero sí asegura la expropiación de nuestros recursos naturales, la vulneración de los derechos humanos y la militarización de nuestras comunidades para convertirlas en campos de guerra y explotación.
No por ello sorprende que candidatos a la presidencia estadounidense como Donald Trump estigmaticen a migrantes como violadores y asesinos: se necesita de la paranoia colectiva para que estas guerras tengan sentido. Y el miedo hacia un enemigo común es el recurso indispensable. Ese enemigo es el migrante, pues con él vienen las drogas[1].
Durante esta semana se encuentra en Guatemala la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, compuesta por activistas y víctimas de la guerra contra las drogas. Su mensaje ha sido la denuncia del costo humano de estas políticas en nuestras regiones y un llamado al diálogo para abrir nuevos enfoques que atiendan el tema.
Asimismo, la caravana evidencia que la atención que se le da a este flagelo social está permeado por preconcepciones moralistas y estereotipadas que impiden una mirada objetiva y eficaz del tema.
Para un abordaje adecuado de las drogas y de su consumo es necesario reconocer la variedad de drogas legales que generan adicción y la urgencia de regular su consumo, conocer los beneficios medicinales de algunas drogas respaldados por la ciencia y analizar las experiencias de la legalización de la marihuana en algunos estados de la nación del norte, cuya implementación ha contribuido a la disminución del crimen y a la dinamización del mercado.
Después de 45 años vale la pena que como sociedad cuestionemos la efectividad de la lucha contra las drogas, si realmente es necesario el control militar para su abordaje, y que analicemos la conveniencia de políticas estatales que promuevan alternativas menos violentas y mucho más beneficiosas para tratar las adicciones y el consumo de drogas.
[1] Una de las más recordadas expresiones de este candidato presidencial es: «When Mexico sends its people, they are not sending their best. They’re sending people that have lots of problems, and they’re bringing those problems with us. They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rapists» (Cuando México envía su gente, no está enviando a su mejor gente. Está enviando a personas con muchos problemas, y estas están trayendo esos problemas a nosotros. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores).
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