La felicitación que recibe el gobierno va acompañada también del beneplácito por la aprobación del reglamento del Convenio 175 de la OIT, que abre la posibilidad de contratos laborales a tiempo parcial, una forma –legal y sutil– de ampliar la explotación de los asalariados.
Además, no puede obviarse en el análisis que esa supuesta recuperación económica ocurre tras la tremenda caída producto de la pandemia de covid-19, se debe en parte a las crecientes remesas que llegan desde el exterior. Alrededor de un 15% del PBI lo constituyen esos envíos, lo que evidencia la situación patética en que se encuentra la gran mayoría de la población.
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Pese a la crisis sanitaria y al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, más las terribles penurias que deben soportarse en el viaje, unas 200 personas salen diariamente camino al supuesto «sueño americano». Eso muestra el estado de precariedad en que se vive. Gracias a esas remesas, en parte —parte muy mínima, por cierto— se atempera un poco la pobreza generalizada del país (70% de guatemaltecas y guatemaltecos sobreviven en esa situación). Eso, en modo alguno puede ser un desarrollo nacional sano y sostenible.
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Esa supuesta mejora económica de la que habla el gobierno es prosperidad solo para un muy reducido sector. La gran mayoría de la población sigue mal. Si bien últimamente ha habido inflación, por tres años consecutivos no hubo aumento de salarios. Ahora, en diciembre pasado, luego de interminables negociaciones, gobierno, empresariado y sindicatos fijaron un aumento de 4.75% para el salario mínimo en las tres ramas tratadas: actividades agrícolas, no agrícolas y de maquila. Ese magro incremento no equipara en absoluto el precio real de la canasta básica (casi el triple de esos sueldos).
Por otro lado, son muchísimos más las trabajadoras y trabajadores que ni siquiera reciben ese escuálido ingreso. Aunque el gobierno y el empresariado hablen de crecimiento y mejoras, es sabido que muy buena parte de la población trabajadora no es contratada con todas las prestaciones de ley, se evade el pago del Seguro Social y existe una gran evasión fiscal.
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Los contratos a tiempo parcial constituyen un mecanismo para ampliar la explotación. La instalación de maquilas y call centers (maquilas para los que hablan inglés) no es ninguna solución, pues ahí también la explotación es inmisericorde. Pedir «la milla extra» terminó siendo la norma. ¿Quién puede oponerse? Los sindicatos están prohibidos. Que alguien explique entonces dónde está el crecimiento de la economía, a quién favorece eso.
Pasó el aniversario número 25 de la Firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera sin mayor pena ni gloria. Ya eso se ve como algo muy lejano en la historia, sin ninguna incidencia real en nuestras vidas actuales. Las transformaciones sociales que, tibiamente, establecían estos acuerdos, nunca fueron cumplidas. Hubo algunos cambios cosméticos luego de finalizado el conflicto armado interno, pero en lo sustancial nada cambió.
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La carga impositiva, que se había fijado en un piso del 12% del PBI para llegar al 20% (la media latinoamericana) nunca se cumplió. El Estado sigue siendo raquítico. Si bien la economía puede haber crecido en términos macro luego del parón ocasionado por la crisis de la pandemia, al pueblo trabajador, a los históricamente excluidos no les llega nada de esa mejora. Y la justicia sigue cooptada por mecanismos mafiosos.
El Estado, que debería ser un mecanismo regulador de las tensiones y dinámicas de toda la sociedad, claramente toma partido a favor de la corrupción e impunidad. En otros términos, el país sigue igual. ¿Quién crece entonces?
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