Las elecciones generales programadas para el próximo 24 de noviembre, tienen como trasfondo un ambiente vulnerable para el respeto a los derechos humanos. Justo en la recta final, Beatriz Valle, candidata a diputada por el partido Libre, abandonó el país frente a las amenazas de muerte en su contra y, que el mismo ministerio fiscal hondureño confirmó. Valle, ex-vice canciller del gobierno del derrocado presidente Manuel Zelaya y crítica opositora del actual régimen que surgió de las elecciones dirigidas por el gobierno de facto efectuadas durante el golpe; resultó ser la mujer candidata a diputada más votada dentro de su partido.
Su caso es uno de los más emblemáticos de LIBRE, pero no el más trágico. El más reciente reporte de la ONG canadiense Rights Action indica que hasta el mes de octubre pasado, al menos 36 miembros de los distintos partidos políticos han sido asesinados y 24 han sufrido ataques armados. Muchas de las víctimas, no solo jugaban un rol político sino también fungían como defensores de derechos humanos o líderes de movimientos sociales. Según dicho reporte, la mayoría de estas eran miembros del partido LIBRE, lo cual indica claramente, que muchos de los asesinatos tienen como trasfondo motivaciones políticas.
Y es que la ausencia de voluntad política y la ineficacia de las autoridades judiciales para combatir la impunidad han colocado a Honduras en un espiral de violencia imparable que lo mantiene en la cúspide de la lista de los países más violentos del mundo. Es así que actualmente, la inseguridad ciudadana y el crimen organizado se presentan como los principales desafíos para que el país pueda garantizar el goce y ejercicio de los derechos más esenciales para el ser humano. A la vez, en una parodia demagógica, aquellos se han convertido en los temas primordiales de la campaña electoral. La respuesta gubernamental ante los niveles de inseguridad, ha sido la militarización de la sociedad, la que lejos de disminuir la violencia, ha recrudecido el uso excesivo de la fuerza militar- policial y no ha logrado reducir los niveles de criminalidad.
Emergencia de derechos humanos: un SOS a la comunidad internacional
A un mes de las elecciones, la mesa de análisis sobre la situación de los derechos humanos integrada por sindicatos y ONGs que velan por los derechos humanos y más específicamente por los derechos de la mujer, emitió una declaración de emergencia en materia de derechos humanos. El llamado busca evidenciar a nivel internacional la represión y persecución emprendida contra líderes políticos de la oposición y sus familiares. La declaración advierte y denuncia el uso del aparato judicial para perseguir y amedrentar , como también el papel que juegan los medios de comunicación al estigmatizar y criminalizar la oposición política. Así mismo, cuestiona los altos niveles de impunidad que permiten que responsables de violaciones a derechos humanos se postulen a cargos de eleccción popular.
Una bomba de tiempo y el futuro incierto
Aunque Beatriz Valle, expresa con valentía que regresa al país para hacer frente a la situación, la incertidumbre está a la orden donde las estadísticas demuestran que exponer la vida es un verdadero riesgo. Su caso es el reflejo de la inseguridad que enfrenta el país en cuanto a garantías democráticas y el ejercicio de los derechos políticos. Más allá, el panorama hondureño es lúgubre frente a un país fracturado por un golpe de estado, donde además recientemente el Congreso Nacional destituyó ilegalmente a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombró de forma irregular a quienes actualmente dirigen la Fiscalía del Estado. Todo parece indicar que desde el Congreso se pretende mantener un control autoritario sobre los órganos responsables de administrar la justicia. Con el fantasma del fraude de las elecciones internas pasadas, en un país militarizado, con candidatos y electores aterrorizados por los altos niveles de inseguridad ciudadana; el gobierno no podrá garantizar una elección pacífica, democrática y justa. El futuro inmediato en Honduras se presenta incierto. La violencia institucionalizada está ganando. Es tiempo que los países de la región asuman un rol decisivo porque un poco más de tolerancia a lo que sucede en el país y Honduras puede estallar.
* Publicado en Asuntos del Sur, 21 de noviembre.
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