Desde entonces, el hecho ha generado revuelo mediático, con imágenes abrumadoras y desoladoras, pero también llenas de humanidad, solidaridad, esperanza y unidad. Algunos medios y organizaciones sociales acompañaron el recorrido hasta Tijuana, donde a la fecha miles de estos migrantes permanecen en un limbo.
Este año también se registraron movilizaciones masivas que, al igual que las de octubre, fueron detenidas por las acciones que han tomado el Gobierno estadounidense y la política migratoria mexicana, la cual pasó de una visión humanitaria a la contención militar. No obstante, la emigración que no se ha detenido acontece a diario, individual o en grupos más reducidos. Cientos de guatemaltecos se han ido y continúan haciéndolo en busca de sus familiares, de una mejor vida, huyendo de la violencia y de la ausencia del Estado.
Cualquiera pensaría que, al menos con las caravanas, las autoridades se preocuparían y limpiarían un poco la vergonzosa imagen. Pero fue lo contrario. Tal como ocurre con las migraciones y deportaciones diarias, mostraron su habitual indiferencia, las ignoraron y, como en otros casos, las dejaron en manos de organizaciones de la sociedad civil, particularmente parroquias y casas del migrante que vieron rebasadas sus capacidades.
La actitud del Gobierno evidencia que el tema migratorio no le interesa, que no le importa si la gente se va por violencia, por falta de empleo, porque busca reunirse con sus familiares o para emprender una vida fuera de Guatemala. Sus prioridades están en el enriquecimiento ilícito y en pagar favores a militares, narcotraficantes y contratistas del Estado. En desprestigiar a quienes denuncian y persiguen la corrupción y en aquellos que buscan acabar con la impunidad. Ejemplos hay varios, pero el más reciente lo demuestra la propuesta de presupuesto para 2020 que el Ejecutivo presentó al Legislativo.
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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales advierte la continuidad de la crisis en las finanzas públicas y la reducción de presupuesto a instituciones clave «para gestionar de manera exitosa la inversión en niñas, niños y adolescentes, la lucha contra la desnutrición infantil, la reducción de la mortalidad materna e infantil y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, entre otras».
Aun cuando incrementa en 6 % el presupuesto de educación, el gobierno de Jimmy Morales plantea como meta para 2020 dejar fuera del sistema educativo a 62,603 alumnos. Propone reducir el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y, dentro del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, tiene el descaro de proponer una asignación de 55 millones de quetzales a organizaciones no gubernamentales desconocidas o de origen cuestionable. En contraste, propone asignar al Ministerio de Defensa 200 millones de quetzales para comprar aviones militares.
Un presupuesto público con estas características no contribuye a atacar las raíces estructurales que provocan la migración. Además, en esta propuesta no existe ningún rubro para crear la institucionalidad que se establece en el Código de Migración. De hecho, sigue asignando recursos a una Dirección General de Migración que, según la ley vigente, ya debió haber desaparecido.
El tema de la migración debería ser uno de los más importantes, pero con esta propuesta presupuestaria se confirma que al Gobierno no le interesa atender la pobreza, las condiciones de violencia estructural o las violaciones de derechos humanos. Al contrario: es descarado al demostrar su desprecio por su ciudadanía, su falta de interés por conocer por qué tanta gente se va o está intentando irse del país y su negligencia por cumplir lo que la Constitución le ordena para solucionar la pobreza, el desempleo, el subempleo y la desnutrición infantil. Quizá sigue confiado en que la gente de alguna manera resolverá su vida, ya que su resiliencia es tal que algo se ingeniará para sobrevivir. En particular, migrando.
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