Miles llegaron a la ciudad de Tecún Umán, cabecera del municipio de Ayutla, mientras las autoridades mexicanas registraban y emitían la tarjeta humanitaria. Los migrantes debían esperar, incluso por varios días, en la frontera, entre albergues o en espacios públicos de Tecún Umán.
El alcalde municipal de Ayutla, Erick Zúñiga, declaró que se les ofreció albergue y la posibilidad de instalarse en el estadio municipal. Sin embargo, un grupo no lo hizo y, luego de una semana de espera, alg...
Miles llegaron a la ciudad de Tecún Umán, cabecera del municipio de Ayutla, mientras las autoridades mexicanas registraban y emitían la tarjeta humanitaria. Los migrantes debían esperar, incluso por varios días, en la frontera, entre albergues o en espacios públicos de Tecún Umán.
El alcalde municipal de Ayutla, Erick Zúñiga, declaró que se les ofreció albergue y la posibilidad de instalarse en el estadio municipal. Sin embargo, un grupo no lo hizo y, luego de una semana de espera, algunas de estas personas alteraron el orden y el ornato del municipio. Esto molestó a los vecinos, incluido el alcalde Zúñiga, quien a través de sus mensajes incitó al menosprecio y a la violencia: «Ahora entiendo por qué sus países se están hundiendo en la miseria. Ahora entiendo por qué los están echando de sus países. Ahora entiendo por qué allá no los quieren. No son personas educadas. Le andan pidiendo dinero a todo mundo y andan chuleando a las mujeres». Un grupo denominado Ayutlecos Unidos obligó violentamente a los migrantes a abandonar el parque central y los expulsó del municipio.
El alcalde Zúñiga cometió un error grave al generalizar y expresarse así de los migrantes, ya que desde el inicio de las caravanas en octubre de 2018 hasta la fecha han transitado por Ayutla más de 20,000 centroamericanos, pero es hasta ahora cuando un grupo altera el orden. La generalización a la que recurre el señor Zúñiga es preocupante porque no solo incentiva sentimientos xenófobos, sino que, mediante estos, también incita a la violencia. Él, como autoridad local de los ciudadanos de Ayutla, está obligado a sancionar a los revoltosos conforme a la ley, no con palos ni con mensajes cargados de desprecio.
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El desorden público y las faltas al reglamento municipal fueron perpetrados por un grupo reducido de migrantes. Generalizar y hacer señalamientos cargados de odio en contra de todos los migrantes centroamericanos que buscan salir de la pobreza y del abandono en que los han tenido varios gobiernos no solo es injusto, sino peligroso, pues promueve la xenofobia.
Nadie dijo que la migración forzada tiene un rostro bonito. Estos migrantes vienen de lugares olvidados, no han recibido educación, no han tenido acceso a servicios de salud. Migran porque sus necesidades y la desesperación los obliga. Huyen en busca de empleo porque quieren ser humanos y, por ende, ser tratados con humanidad.
No se trata de alcahuetear los desmanes de un grupo de revoltosos que infringieron la ley, pero tampoco de alcahuetear la violencia ejercida por aquellos que bajo el argumento de defender el orden y sus espacios públicos actúan con agresividad también ilegal. En este caso, lo que procede es sancionar de acuerdo a la ley, ni más ni menos. Las autoridades locales de Ayutla tienen la obligación de prevenir y combatir la violencia con medios legales y, de preferencia, no violentos. Sus mensajes y acciones de hostilidad deben ser rechazados y, si cabe, perseguidos penalmente.
Si una autoridad es incapaz de enfrentar una crisis migratoria, que es en extremo compleja, ello no es excusa para que recurra a atajos que atenten contra las leyes, la dignidad de las personas y los derechos humanos. Lo que sucedió el 29 de enero en Ayutla debe alertarnos sobre el peligro de optar por soluciones simples para un problema complejo. El desafío es grande para la sociedad y para el sistema de justicia. La violencia no se erradica con violencia.
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