Y ya que se ha argumentando que el caso de Guatemala aún se encuentra lejos de esa condición, habría que definir la situación actual del Estado guatemalteco. Y en términos de fortaleza y debilidad, si consultamos el Índice de Fragilidad de los Estados publicado por la Fundación para la Paz, veremos que nos encontramos en el lugar 61 de 178 países, en una lista en la cual el peor (con el número 1) es Somalia y el mejor (número 178) Finlandia.
Si nos enfocamos en la región de América Latina y el Caribe, somos los segundos peores, superados solo por Haití, que se encuentra en el lugar 10, y seguidos de cerca por Venezuela en el lugar 63. Este índice se construye a partir de 12 indicadores principales repartidos en tres áreas (social, económica y político-militar). Teniendo en cuenta que la peor posición es el número 1, resulta oportuno señalar que la cuantificación de los indicadores para Somalia suma 114 puntos. Guatemala, más allá de la medianía de la tabla, suma 83.2. Y la mejor posición, Finlandia, suma 18.8 en el total numérico de los indicadores.
Ya que no somos un Estado fallido (pero, más que Estado débil, somos altamente frágiles), es cuerdo pensar que se debe iniciar un proceso de reforma que nos permita construir un mejor Estado. La revista Análisis de la Realidad Nacional, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en su edición 18, de octubre a diciembre de 2016, aborda el tema de la reforma del Estado y plantea propuestas para el debate en los temas de política, economía, salud, educación, seguridad, justicia, medio ambiente, desarrollo rural, innovación y transferencia de ciencia y tecnología.
Son destacables la caracterización de la crisis y cómo el autor titula la condición de deterioro general como «crisis de estatalidad», término políticamente correcto que ojalá deje tranquilos, aunque no satisfechos, a los cada vez más numerosos analistas (ya que no cientistas sociales) y que señala cuando menos cuatro indicadores de esta crisis. Primero, la pérdida acelerada de capacidad para la prestación de servicios básicos. Segundo, la fragmentación de las instituciones públicas, que escapan muchas veces del mando de las autoridades democráticas. El tercer indicador es la pérdida de soberanía sobre porciones apreciables de territorio y la población que los habita, que son gobernadas por grupos criminales. Finalmente, el cuarto indicador se plantea como la evolución que en los últimos 30 años han tenido las organizaciones criminales en su relación con el Estado.
Es recomendable leer y entender el Índice de Fragilidad de los Estados, considerar el análisis y la propuesta del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC y agregar a estos instrumentos todo aquel material o todos aquellos insumos que hayan sido generados por instituciones y personas sobre el tema con seriedad y método. Y más que nada es impostergable iniciar la tarea de la necesaria reforma del Estado, ya que, sin adornos y eufemismos, nuestro Estado está tronado.
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