Así de tóxico parece el ambiente cuando el país se encuentra a menos de tres meses de las elecciones generales de septiembre, en medio de la peor crisis institucional luego de 30 años de democracia.
La indignación, la apatía y los llamados de la ciudadanía a suspender las elecciones o al voto nulo para castigar a la actual clase política continúan revelando la falta de credibilidad y legitimidad del proceso político-electoral en un año salpicado de corrupción e incertidumbre. Si en el ...
Así de tóxico parece el ambiente cuando el país se encuentra a menos de tres meses de las elecciones generales de septiembre, en medio de la peor crisis institucional luego de 30 años de democracia.
La indignación, la apatía y los llamados de la ciudadanía a suspender las elecciones o al voto nulo para castigar a la actual clase política continúan revelando la falta de credibilidad y legitimidad del proceso político-electoral en un año salpicado de corrupción e incertidumbre. Si en el 2011 las élites económicas tuvieron una salida relativamente cómoda para adaptar su proyecto patrimonialista apoyando en bloque al Partido Patriota contra el partido Líder (aunque al final resultaron siendo prácticamente lo mismo), la crisis actual refleja la incapacidad de las cámaras empresariales y sus asociados para reproducir aliados afines o crear, dentro de su propio estamento de clase, una nueva generación de políticos profesionales para administrar la cosa pública.
Al momento en que fuerzas prodemocráticas y ciudadanas (o al menos institucionales) tratan de encarrilar el sistema por medio de reformas electorales ante el clamor popular de que se sane la política nacional, fuerzas antidemocráticas se afanan por desestabilizar tanto el movimiento social pluralista de abril como el proceso por investigar los actos de corrupción a los que han sido expuestos los actuales gobernantes. Si abril y mayo trajeron la esperanza en flor, junio trae torrentes para tratar de ahogar la primavera. La vergonzosa toma del podio presidencial por parte del embajador estadounidense Todd Robinson, el vil y sospechoso asesinato del abogado Francisco Palomo y la cuestionada manifestación de campesinos llevada a cabo por un grupo desconocido son globitos del pasado que estallan para distraer y disuadir. Incluso las declaraciones poco afortunadas de la primera dama, Rosa Leal de Pérez, parecen pertenecer a ese mismo patrón de audaces ocurrencias con las que el presidente Otto Pérez trataba de hipnotizar para taparle el ojo al macho.
El triple golpe asestado al Estado durante esta administración, como apunta Edgar Ayala en este medio, refleja lo que otros analistas también han expresado: las élites no lograron encaminar al país por el sendero de un sistema funcional al monopolizar el espacio partidista y concesionarlo al mejor postor. Y ahora tampoco están preparados ni armados moralmente para guiar la transición cuando siguen apoyando al que algunos han de considerar un partido o un sirviente traidor. Frente al golpe a la conciencia nacional, como dice Ayala, y al despertar de la ciudadanía —principalmente el de los jóvenes estudiantes y una clase media menos indiferente hacia lo político—, las élites también se encuentran en una encrucijada: la evolución de su visión de país para la construcción de un Estado que vele por los bienes públicos y la ciudadanía con un modelo de desarrollo económico equitativo en el campo y la ciudad, o bien la involución de su modelo ante la caducidad de un sistema que pronto también podría terminar por devorarlos.
Bien que mal, en 10 años se cumplirán 40 de vida democrática. Ya no se puede sacrificar a más generaciones de guatemaltecos. Les toca a las élites mostrar su responsabilidad, así como refundar y recomponer un nuevo proyecto político: uno en el que quepa la gente.
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