Durante las tres lecturas de rigor fueron aprobadas las reformas constitucionales. Sin embargo, durante el envión final, en la lectura y aprobación por artículos, dieron el ranazo. Con mucha dificultad fue posible llegar a 103 de los 105 votos requeridos para darles el toque final antes de someterlas a consulta popular.
Pero ¿cómo se explica semejante incoherencia? En las primeras lecturas, los votos a favor de las reformas superaron el mínimo necesario de 105 (dos terceras partes de los 158 integrantes de la asamblea), pues llegaron a 116. ¿Qué sucedió entonces con los 18 diputados que en los primeros pasos votaron a favor y en la segunda fase o no llegaron o votaron en contra? Cabe analizar si entre los votos ausentes no hubo más de los mencionados debido a que otros que habían votado en contra o se habían abstenido llegaron a apoyar la lectura final.
La falta de consistencia mostrada entre el momento de la discusión inicial y la forma como finalmente zafaron bulto solamente evidencia lo mediocre de la presente legislatura. Leer la conducta de las y los congresistas no es complicado si nos atenemos a la historia del Organismo Legislativo. En definitiva, es el espacio político por naturaleza. Es la vitrina de la integración del sistema de partidos políticos.
Para llegar allí, en los últimos 30 años no ha sido menester contar con capacidades para legislar. Más bien se ha necesitado de una abultada chequera (propia o ajena, no importa) a fin de llegar a la cuota requerida por los dueños del negocio. Entre oficina de trámites para negocios, sede central de transacciones anómalas y refugio de criminales que se cobijan en el antejuicio, el hemiciclo de Guatemala es poco menos que la cueva de Alí Babá. Así, no resulta extraño identificar los motivos de quienes, con la investidura para legislar, han mandado a la gaveta los cambios necesarios para empezar a limpiar el ejercicio de la cosa pública.
Los temas fundamentales que contiene la propuesta resultaron más que mercancía para quienes viven del negocio de poseer una curul. El reconocimiento del pluralismo jurídico, que intenta sentar las bases para empezar a superar la exclusión estructural por razones de origen étnico en una sociedad multicultural, quedó fuera, como también quedaron fuera las modificaciones al derecho de antejuicio y la separación de funciones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los tres, temas vitales de transformación para depurar el ejercicio de la política y la justicia.
En materia de convivencia armónica entre los sistemas jurídicos que incluyan a las comunidades maya, garífuna y xinca, su vigencia daría paso a formalizar un esquema que durante siglos ha funcionado sin reconocimiento legal. Sería el punto de partida del proceso de superación social de la persistente exclusión originada en el racismo y la discriminación institucionalizados.
En lo que respecta al antejuicio, se trata de limitar el empleo abusivo, como en el caso del amparo usado en litigio malicioso, para solapar la comisión de delitos. De un legítimo instrumento de garantía para proteger de la persecución política espuria, el derecho de antejuicio se ha convertido en una de las principales bases de la impunidad, a tal grado que en la nueva junta directiva del Congreso y en el pleno hay diputados que por este principio siguen en sus puestos pese a las evidencias de criminalidad que hay contra ellos.
Finalmente, la separación de funciones en el Organismo Judicial es un principio básico para avanzar en la administración de justicia. Hasta ahora, la CSJ desempeña tanto funciones de administración de justicia como de gerencia operativa del sistema, así como de designación de jueces. Otra arma que se presta a la corrupción y a la pervivencia de la impunidad.
Por ello quizá, al mejor estilo de los mercaderes, en el Congreso se vendió la decisión contra los reclamos sociales. Y para ello, ¡qué mejor instrumento que el mecanismo establecido para la negociación de leyes: la innecesaria, engorrosa y corrompible lectura y aprobación final por artículos en toda ley que se pretende emitir! Por lo tanto, la única manera de revertir la situación presente es movilizarnos y por esta vía forzar al Congreso a que conozca de nuevo las reformas y se deje de mañas y corruptelas.
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