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Después de sufrir abuso sexual las niñas son obligadas a responder como adultas

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Después de sufrir abuso sexual las niñas son obligadas a responder como adultas

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Ilustración: Dénnys Mejía
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En Guatemala, nueve de cada diez niñas abandonan la escuela debido a un embarazo producto de una violación. De esas nueve, solo el 2 % logran completar el nivel medio. El resto queda rezagado con las consecuencias de la maternidad a tan temprana edad.

Sara no es su nombre real, pero se contará su historia bajo ese seudónimo. Al momento de esta conversación se preparaba para realizar en septiembre los exámenes vocacionales de la Universidad de San Carlos. Ella tiene 20 años y un hijo de nueve. Le ilusiona estudiar Trabajo Social.

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En 2018 se graduó de bachiller en computación. Para llegar ahí, recibió meses de terapia que la ayudaron a encontrar las fuerzas y el interés por continuar su formación después que a los 11 años un vecino la violó. 

Interrumpir el embarazo no pasó por su cabeza como tampoco se lo propusieron, a esa edad no tenía idea de qué estaba pasando. Perdió toda motivación hasta el punto de no querer vivir más. Así abandonó la escuela en quinto primaria. No más muñecas ni pelota con las amigas, a Sara le interrumpieron la niñez de tajo.

Para ella todo había concluido.

«La verdad todavía no me la creo, Mujeres Transformando el Mundo (MTM) ha hecho tanto por mi crecimiento personal y mi proyecto de vida», cuenta. MTM es una ONG que brinda apoyo legal y psicológico a niñas que han sufrido algún tipo de atentado contra su vida.

Sara quiere ser Trabajadora Social. «Me gusta mucho conocer la realidad de las personas que viven en las comunidades. “Vas a caminar mucho en el campo”, me dicen, eso es lo que más me gusta».

Como Sara, otras 57,578 niñas entre los 10 y los 19 años quedaron embarazadas entre enero y junio de 2021, según el Observatorio de la Salud Reproductiva (Osar). La cifra equivale a llenar cuatro veces el Estadio Cementos Progreso.

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De los últimos años, 2019 tiene la cifra más elevada con 114,858 jóvenes embarazadas. Más de la mitad (109,797) oscilan entre los 15 y 19 años y 5,061 se encuentran entre los 10 y 14 años. Se toma en cuenta esos grupos de edades debido a que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) las define como las correspondientes a la adolescencia.

Los departamentos con más niñas embarazadas son Huehuetenango y Alta Verapaz con 7,303 y 6,517, respectivamente. Las niñas indígenas son las más vulnerables debido a la pobreza y bajo nivel educativo. Como respuesta al embarazo surgen los matrimonios precoces, aunque en ocasiones ocurre antes. Las creencias culturales y religiosas no permiten que sean las niñas quienes decidan sobre sus vidas y cuerpos, desarrolló Mirna Monterroso, directora de Osar.

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Evelyn también cumple su proyecto de vida, el de estudiar Contaduría Pública y Auditoría. Algo que desde pequeña quiso, pero a los 13 años quedó embarazada consecuencia del abuso por parte de su padre. Ella tiene 20 y su hijo seis. En 2019 se graduó de perito contador. «Yo no iba a seguir estudiando, tampoco tenía cómo seguir, pero MTM me ayudó a buscar una beca en Proyecto Miriam». Evelyn tampoco es su nombre, pero al igual que Sara, su historia es real.

Según los datos del Ministerio de Educación (Mineduc), el año pasado, 62,633 alumnos desertaron de los estudios, aunque no se cuenta con los datos del motivo del abandono.

De las niñas que han sido madres entre los 10 y 19 años el 63.6 % solo tienen educación primaria y el 34.3 % tiene secundaria y media. Rachel Morales del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) aseguró: «en la investigación "Me cambió la vida" se reconoce que nueve de cada diez niñas embarazadas abandonan los estudios».

Hasta junio de 2021 se contabilizaron 57,578 jóvenes que enfrentan un embarazo. Tomando de guia dicha investigación, 51,820 niñas abandonaron los estudios debido al abuso infantil, y solo 1,151 tendrán la posibilidad de completar el nivel medio. Con las clases a distancia estas cifras pueden verse alteradas.

Sara se ausentó un año, pero además la retiraron. «Dejé de estudiar porque me dijeron que no podían recibir clases en ese estado» recuerda. Ello, a pesar que la Ley PINA prohíbe cualquier tipo de discriminación en el ámbito educativo.

Evelyn, en cambio, recibió apoyo de su centro estudiantil para completar ese año de estudios sin pagar la colegiatura debido a su buen rendimiento. Ambas fueron becadas por el Proyecto Miriam hasta graduarse. Este se enfoca en niñas y mujeres mayas, xincas y mestizas con atención integral y bolsas estudiantiles.

Ese apoyo les permitió completar sus estudios de nivel medio, aunque se vieron obligadas a trabajar desde una corta edad. Sara a los 11 años y Evelyn a los 14.

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Los obstáculos que afrontan

Las niñas que enfrentan una maternidad forzada tienen cuatro veces más riesgo de muerte por causas relacionadas con el embarazo que una mujer mayor de 20 años, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, tienen más probabilidades de sufrir preeclampsia, anemia y depresión.

A Sara se le corta la voz al contar cuánto la afectó: «yo intenté matarme, pero mi mamá me decía “vamos a salir adelante, sea como sea”».

La psicóloga, Brenda Rosales, de MTM, especificó que además de enfrentarse a una maternidad forzada, recordatorio del abuso, se ven rodeadas de estigmas y circunstancias que no las dejan continuar con su proyecto de vida. «Encontramos familias donde las niñas no tienen una red de apoyo, no está presente el Gobierno ni una comunidad o una sociedad sensibilizada en el tema».

Entre enero y junio se contabilizaron 36,238 registros de nacimientos en madres adolescentes, según los datos de Osar. De esa cifra, en 21,340 casos el bebé no sobrevivió al embarazo por distintos motivos como que la vida de la niña también se vio afectada por complicaciones al momento del parto.

Los problemas se deben a la poca atención médica que reciben las niñas, en especial durante el periodo de gestación. «Las adolescentes deben ser consideradas un grupo vulnerable en la seguridad alimentaria para evitar niños con bajo peso al nacer y priorizar la atención hospitalaria para el parto», insistió Mirna Monterroso.

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Otra consecuencia que enfrentan las niñas es la poca oferta laboral debido a su edad y nivel académico. El trabajo infantil es una violación a los Derechos Humanos, sin embargo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece en su convenio 138 que la edad mínima para admisión en cualquier empleo es de 15 años y 13 para los trabajos ligeros, aunque siempre se debe tener el aval del Ministerio de Trabajo o su delegación más cercana.

El 76.2 % de las madres en edad temprana no participa en el mercado laboral remunerado, se ven limitadas toda su vida por el nivel de estudios alcanzado ya que las opciones de trabajo disminuyen y de la misma manera los ingresos mensuales.

Esto crea una brecha salarial. Según el estudio Milena las mujeres con estudios de posgrado generan siete veces más ingresos que quienes poseen solo nivel primario.

El presupuesto anual promedio para quienes tuvieron el primer hijo en la adolescencia y tienen el nivel primario completo oscila los 16,300 quetzales, correspondiente a 1,358 mensuales. El costo de la canasta básica es de 3,003, es decir, más del doble del salario de una madre a edad temprana. Mientras en edad adulta con estudios de posgrado puede ganar hasta 114 mil quetzales anuales.

Desde que supo del embarazo, Evelyn empezó a trabajar en una zapatería del mercado de su localidad. Su horario era de lunes a viernes de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía; al salir se cambiaba y se iba a estudiar.

Los sábados estaba en la zapatería de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, una jornada de 12 horas. Trabajó ahí por dos años, luego se cambió a una heladería donde solo asistía los fines de semana todo el día. La diferencia de salario eran 10 quetzales semanales. El año pasado, debido a la pandemia, perdió su trabajo y sin más pasó a engrosar el sector informal. Durante esos seis meses sobrevivió de ventas de artículos distintos dentro de su localidad, hasta que MTM la contrató para dar charlas sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.

Sara también trabajó embarazada, junto con su mamá vendió refacciones a tiempo completo, pero al regresar a estudiar ayudaba en sus ratos libres y estuvo unos meses en una heladería donde la paga era de 700 quetzales mensuales.

Para ambas niñas sus magros ingresos apenas cubrían los suplementos del bebé (fórmula, pañales, ropa) pero nunca era suficiente y recurrían a trabajar más o realizar préstamos.

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Programas de apoyo

Fue la pastora de la iglesia de Evelyn quien alertó a la madre de un posible problema de salud, «ella le dio dinero a mi mamá para que me llevara a hacer los exámenes, una hematología completa y una prueba de embarazo».

Al día siguiente, cuando volvió del colegio su mamá no hacía más que llorar. Ella no comprendía la situación ni porqué le preguntaba quién era su novio. Tenía cinco meses de embarazo. Se encerró en su habitación por una semana. La madre seguía insistiendo en saber la verdad, hasta que Evelyn le dijo sin detalles «fue mi papá» y rompió en llanto.

Ninguna de las dos sabía qué hacer, una familiar se comunicó con ellas para explicarles cómo debían actuar frente a esa situación. Ella trabajaba en la Policía Nacional Civil (PNC), les indicó a ambas todo sobre la denuncia y las convenció de hacerlo a pesar del miedo. Acudieron al Ministerio Público (MP).

Cuando el padre se enteró del embarazo le propuso interrumpirlo, ella se negó.

En el país la interrupción del embarazo es considerada un delito, es penado con tres años para la mujer o niña que lo realice y hasta 12 años para quien haga la intervención. El aborto terapeutico es el único que no tiene pena legal y es la última opción en caso la vida de la madre corra peligro.

Cuando llegó el día del parto, el personal hospitalario atendió a Evelyn. Antes de darla de alta alertaron a las autoridades de una menor de 14 años embarazada. Ella cuenta cómo pasaban las horas y no podía salir, estaba preocupada, creía que su mamá la había abandonado.

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Cuando pudo salir se percató que mientras ella esperaba el alta del hospital, la madre libraba una batalla para demostrar la denuncia interpuesta y el proceso abierto contra el agresor.

Desde 2012 existe una ruta de abordaje la cual involucra al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el MP, Mineduc, Ministerio de Desarrollo (Mides), la Procuraduría General de la Nación (PGN), Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).

Esta, con motivo de alertar a las autoridades cuando sea detectado un caso de embarazo adolescente en un hospital o centro de salud, para garantizar el bienestar de la niña. 

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El Mides está a cargo del Programa Vida desde 2018, este consiste en la entrega de un estipendio condicionado de 1,500 quetzales a niñas menores de 14 años con una maternidad forzada, cuyo caso haya sido conocido por un juez.

Dicha condición consiste en acudir mensualmente a control prenatal o postnatal. Hasta el año pasado, cerca de 95 niñas formaban parte del programa. Este es el equivalente al 2.2 % de embarazos en menores de 14 años de 2020.

El programa es el único para madres a temprana edad, beneficia a una poca cantidad de menores y solamente se encarga de verificar que tanto la niña como el recién nacido acudan a los servicios de salud. Se intentó en repetidas ocasiones comunicarse con Adriana Teleyón, directora financiera del Programa Vida, sin obtener una respuesta hasta el cierre de esta edición.

En cuanto a Sara, fue la madre quien notó cambios en ella. Llegó a MTM por ayuda psicológica y fue por su asesoría que acudieron a denunciar. Cuando le realizaron el examen médico en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) sintió temor.

Ella no tenía idea de lo que pasaba, fue su mamá quien la acompañó los nueve meses y explicó todo el proceso, «me decía cómo me tenía que cuidar».

Tanto Sara como Evelyn desconocían la educación sexual. Fue en MTM dónde aprendieron sobre sus cuerpos, cuidados, derechos y además las prepararon para ser menos vulnerables. Paula Barrios, coordinadora general de MTM detalló «tenemos un modelo de atención, uno de los fines es transitar por la justicia penal y el otro es restituir su proyecto de vida».

Como respuesta a la falta de educación sexual integral, se presentó en 2018 el Programa Planea. El proyecto se realizó de la mano con el gobierno de Guatemala e instituciones internacionales de la salud y niñez.

Busca prevenir embarazos a temprana edad por medio del aumento de la educación sexual desde la niñez, disminuir el índice de deserción escolar y aumentar la participación juvenil. El programa termina el siguiente año con escasos avances.

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Solo se han realizado acciones aisladas como el diplomado en Educación Integral en Sexualidad para Docentes en Huehuetenango. Son 179 maestros de diez municipios diferentes quienes participan en la capacitación para impartir clases de educación sexual en el ciclo básico y diversificado.

Alta Verapaz es el único departamento -a parte de la capital- con áreas completas en el centro de salud (psicología, ginecología y pediatría). Acompañadas de sus madres, algunas niñas viajan hasta Cobán desde distintos municipios, lo hacen en busca de recibir mejor atención prenatal y durante el parto.

Debido al tiempo de viaje, pasajes y condición de salud no todas tienen la oportunidad de trasladarse hasta otro municipio o departamento. La falta de acceso a estos servicios dificulta la detección temprana de algún padecimiento, tanto en la madre como en el bebé e incrementa los partos atendidos en condiciones no recomendables.

Osar, en tanto, desarrolla un plan comunitario de empoderamiento que forma niñas y adolescentes en autoestima, salud, derechos y diferentes talleres productivos. «Eran 12 adolescentes las que estuvieron con nosotros en 2015, nueve ya están en la universidad», se alegra Monterroso.

La educación sexual integral es un derecho y el encargado de brindarla sin discriminación es el Estado, pero en el país el tema es un tabú y quienes la reciben son privilegiados. Esta puede prevenir los abusos, embarazos a temprana edad, reducir riesgo de enfermedades y aumentar la planificación familiar.

Monterroso y Barrios concuerdan en que el Gobierno debe generar espacios de apoyo y programas para madres jóvenes, además de brindar herramientas en cuanto a la educación sexual integral y Derechos Sexuales y Reproductivos. «No puede ser un proceso que dependa solamente de nuestra organización, nos toca empujar a las instituciones para que asuman sus obligaciones», insiste Monterroso.

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En busca de la justicia

Evelyn terminaba su jornada de clases a las 5:30 p.m.. Corría a casa donde su mamá cuidaba del recién nacido, la costura no dejaba lo suficiente para solventar las cuentas y salía a buscar otros ingresos. En ocasiones su hermana de diez años cumplía la tarea.

«Mi mamá me apoya con darme casa, pero no con alimentación y demás gastos», describe Evelyn. Y así, a la mañana siguiente de vuelta al trabajo.

Para ella fue un alivio la detención de su padre. «Fue una liberación quitarnos a mi papá porque era violento». Él tenía intenciones de marcharse a Estados Unidos, de hecho, le propuso irse con él, a lo que de inmediato se negó, le temía.

Un día antes de iniciar el viaje las autoridades lo arrestaron y en 2016 fue declarado culpable por el delito de violación con agravación de pena. Aún cumple una condena de 16 años.

Barrios, la coordinadora de MTM, explicó que los casos en los cuales se captura al agresor corresponden a menos del 10 % de las denuncias, sin contabilizar los casos de abuso que no llegan a las autoridades.

Sara recuerda a su mamá quien fue la única persona que la acompañó y ayudó. Solo su madre la apoyó, en tanto sus seis hermanos le dieron la espalda.

El agresor de Sara, su vecino, sigue libre viviendo en la misma localidad. Ha recibido varias intimidaciones verbales de la familia para que retire la denuncia. Le ofrecieron 5 mil quetzales y hasta la golpearon.

En dos ocasiones la policía detuvo al vecino, pero fue puesto en libertad a las pocas horas porque no había motivo para retenerlo.

Sara sigue en busca de justicia, por ella y por su mamá, quien falleció el año pasado. Teme que su agresor le haga lo mismo a otras niñas.

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Ellas aprendieron a luchar por su proyecto de vida, terminaron sus estudios de nivel medio y tienen un trabajo fuera del comercio informal. «Uno no espera que le resuelvan la vida» repitió Evelyn, «pero al menos algún apoyo gubernamental». Eso les habría aliviado, coinciden.

El equivalente a cuatro estadios Cementos Progreso abarrotados de niñas y adolescentes embarazadas buscarán la manera de continuar su proyecto de vida, si tienen acompañamiento. Aunque prevenir siempre será la mejor opción, cuando el Estado dedique esfuerzos a impartir educación sexual integral desde la escuela.

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