El ejercicio del periodismo libre e independiente es la mejor muestra de la robustez de una democracia. Por el contrario, la ausencia de este pone al desnudo la existencia de un régimen dictatorial. Guatemala no ha caminado, sino más bien ha corrido, para estar en la segunda afirmación: hoy por hoy en el país se instaló una dictadura.
Pero no es cualquier dictadura. Es la dictadura del crimen organizado que ha encontrado en un pacto interélites (económicas, políticas, militares y delincuenciales tradicionales), el mecanismo idóneo para asaltar el poder. Como el cáncer que corroe un cuerpo debilitado hasta la metástasis, así la entente de la corrupción se desplegó en todo el entramado institucional.
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Cuando tomaron control absoluto de los poderes del Estado y quebrantaron la independencia de los mismos, pusieron en marcha el tren de la represión. Para ello, el Ministerio Público (MP), a cuya jefatura desaprueba el 85 % de la población, se ha puesto a la cabeza, acompañado por el sistema de justicia. De esa cuenta, el MP y las cortes son la herramienta de aniquilación de las disidencias y voces críticas al régimen de corrupción e impunidad que se ha instalado.
Por esto, esa maquinaria se empleó en contra del diario ElPeriódico, cuyo presidente fue capturado en julio 2022, en un proceso que el MP armó en 72 horas. La captura de su principal ejecutivo y el embargo de cuentas institucionales representó un gravísimo golpe a las finanzas del medio.
Pese a ello, el equipo de ElPeriódico resistió más de 280 días. Primero, en noviembre, eliminó su edición impresa y se concentró en su formato digital. Tocó en ese momento la destitución de una parte significativa del personal. Aún así, no fue suficiente. El retiro de pauta publicitaria, promovida desde el poder que amenazaba a los anunciantes, ahogó finalmente al medio y este, decidió cerrar.
El lunes 15 de mayo ha sido un día doloroso para la sociedad guatemalteca. Ha perdido con el cierre de dicho medio, una fuente constante de información y denuncia sobre las irregularidades en el poder. Especialmente en el manejo corrupto de los recursos del Estado, realizado de manera permanente y cínica por el actual gobierno y el funcionariado público de alto nivel.
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El ahorcamiento no ha sido solo económico. El uso indebido del derecho penal mediante el montaje de casos espurios también ha significado la violación flagrante al derecho de defensa. De esa cuenta, al menos cuatro abogados defensores han sido detenidos y otros tantos han renunciado al ejercicio de la defensa, ante las amenazas recibidas. Seis periodistas y tres columnistas del medio también han sido criminalizados, bajo el falaz argumento de que su labor obstruye la acción penal.
En la cabeza de los verdugos de la palabra, como solo pueden llamarse los operadores de justicia y querellantes en estos casos, la información sobre los hechos de interés público, obstruye la justicia. Ciegos de soberbia por el poder que momentáneamente detentan, son incapaces de aceptar que quien obstruye la justicia es cualquier fiscal, juez o querellante que inventa casos, prevarica al valorar prueba, amenaza y tortura a personas procesadas y, sobre todo, violenta el derecho de defensa.
La pérdida de una voz crítica y el cierre de un espacio valioso para la democracia es un paso más en el establecimiento de la dictadura de la corrupción. El trámite electoral, que ha dejado de ser un proceso, será el evento de consumación legal de la dictadura, a menos que la sociedad organizada lo impida. De tal suerte que corresponde reclamar el ejercicio de las libertades de información, expresión del pensamiento, reunión, asociación y abierta disidencia contra el régimen corrupto.
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