No obstante, esta legislación es efectiva solamente cuando va acompañada de condiciones que fomentan la competitividad de las empresas en el mercado global. De lo contrario, la historia de nuestros países es un ejemplo de cómo los salarios mínimos aumentan los costos de nuestras empresas, incrementan el mercado laboral informal y reducen la oferta de empleos en el mercado formal.
Los aumentos de los salarios mínimos contribuyen en teoría a la reducción de la pobreza, especialmente de la pobreza extrema, cuando van acompañados de reformas macroeconómicas estructurales que permiten a las empresas mantenerse competitivas ante este incremento en sus costos. Al final de cuentas, un trabajador con un mayor ingreso puede asegurarse a sí mismo y a sus familiares mejores condiciones de salud, de alimentación, de educación y de transporte, con lo cual las empresas se vuelven mejores y más competitivas. Sin embargo, en la práctica, el aumento de los salarios mínimos se convierte en una decisión política importantísima que impactará en la vida de millones de personas para bien o para mal cuando no se cuenta con las condiciones socioeconómicas que le permiten a un país mantenerse competitivo a escala global.
Los efectos económicos del salario mínimo no se perciben en los sectores informales y fuera de la legislación, donde el trabajador termina ganando menos al final del día con los incrementos de precios de la canasta básica. Este último punto es de especial importancia para nuestro país, donde contamos con un mercado informal que alcanza casi el 70 % de la población económicamente activa, según el Ministerio de Trabajo de Guatemala.
El aumento del salario mínimo perjudica aún más a las pequeñas y medianas empresas, pues reduce sus márgenes de beneficio, incrementa la inflación y anima a los empresarios a reducir el tamaño de su personal o a comprar sus insumos en otros países. La distancia ya no es una barrera para lo anterior, y es más barato traer un contenedor desde Asia por 800 dólares que pagar el envío de ese mismo contenedor por las rutas Guatemala-Costa Rica o Guatemala-Estados Unidos, por poner un ejemplo. Además, los salarios mínimos más altos tienen efectos negativos sobre el volumen y el desempeño del empleo en el sector privado formal, pues suelen disuadir a las empresas de contratar nuevos trabajadores y causan despidos.
Entonces, ¿es contraproducente legislar un aumento del salario mínimo?
Legislar aumentos del salario mínimo no consigue el objetivo en nuestros países de sacar a los trabajadores de la pobreza y de reducir las desigualdades. Esta legislación tiene efectos distintos en países más desarrollados, donde la población del mercado formal es la mayoría y existen condiciones económicas de estabilidad que nuestros países no tienen. Milton Friedman, un economista querido por unos y odiado por otros, demostró que los incrementos de un salario mínimo crean un monopolio salarial a costa del desempleo de los jóvenes y de los menos cualificados (que para el caso de Guatemala es el grueso de la población) y propuso que en lugar de establecer salarios mínimos se ofrecieran condiciones mínimas de renta y servicios a los más pobres y necesitados siguiendo las reglas del mercado. Quizá explorar este camino sea el idóneo para nuestro país, donde el encarecimiento de la vida continúa, la competencia entre las empresas aumenta mientras reduce nuestras ganancias y la presión global de las transnacionales amenaza con sacarnos del mercado.
Ante el encarecimiento del costo de la vida en Guatemala, quizá deberíamos preguntarnos qué puede hacer (o dejar de hacer) el Gobierno para facilitar la creación de empleos y de nuevas empresas, pues, a cómo van las cosas, si seguimos discutiendo sobre legislar salarios o sobre cómo controlar los precios de la canasta básica, los más perjudicados serán los guatemaltecos más pobres y más vulnerables de nuestra sociedad.
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