También podría catalogarse como una casualidad desgastante para las organizaciones que, inspiradas por las movilizaciones sociales del año pasado, realizan esfuerzos justos sin capacidad organizativa para buscar la transparencia y la fiscalización en las diferentes instancias que designan magistrados para la CC y la pronta aprobación de las reformas que pueden iniciar cambios en el país.
Ambos procesos son importantes para que la lucha contra la corrupción siga un camino esperanzador, que forme instituciones transparentes y de calidad al servicio de la población, cuyos productos finales serían oportunidades de desarrollo y servicios sociales eficientes.
Los magistrados electos para este nuevo período en la CC seguramente tendrán que deliberar sobre los casos de corrupción y el desfalco de las instituciones del Estado. Mientras tanto, los diputados tendrán en sus votos la posibilidad de aprobar un paquete de reformas a la LEPP, ya que esta fue una de las principales exigencias de la ciudadanía durante las jornadas de protesta del 2015. Las organizaciones sociales y estudiantiles apelan al cabildeo político no partidista y a la presión ciudadana en las calles y en las redes sociales para que las instancias de elección de magistrados y los diputados al Congreso se sientan vigilados y presionados a tomar decisiones que se traduzcan en beneficios institucionales. Para que las intenciones de la sociedad civil sean una realidad, conviene que actores decisivos como Estados Unidos, a través de su embajada, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), representada en la Cicig, sigan jugando en el lado correcto de la cancha.
Buenas decisiones en la segunda vuelta de magistrados suplentes en el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y en la designación de magistrados titulares y suplentes en el Congreso y en el Consejo Superior Universitario (CSU) permitirían la correlación de fuerzas en la CC, una protegiendo el statu quo y otra trabajando por la imparcialidad y la justicia. Mientras, con la aprobación de las reformas a la LEPP, un tema en el tintero desde la firma de los acuerdos de paz, y aun con la reforma profunda del financiamiento de los partidos pendiente para otro paquete, se avanzaría en la democratización del sistema de partidos con nuevas competencias institucionales y organizativas para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los partidos políticos.
Este paquete de reformas a la LEPP incluye la regulación de espacios de propaganda en los medios de comunicación, el combate a los cacicazgos de los partidos, la paridad y la alternabilidad en las listas de diputaciones, el carácter vinculante del voto nulo y la revisión de la LEPP después de cada proceso electoral. La organización del sistema de partidos bajo la misma lógica de comprar posiciones para acceder a candidaturas y alcanzar el poder político casi no ayuda en la representación final que busca traducir los intereses de los diferentes sectores de la población en el trabajo del Ejecutivo y del Legislativo. Sin embargo, en términos organizativos, incentivar mayor participación (de la mujer principalmente) es positivo para ampliar las redes de inclusión en los partidos políticos que se pueden transformar en nuevas formas de organización interna y que pueden establecer y rutinizar procedimientos democráticos internos y externos en los partidos políticos guatemaltecos.
Tenemos una semana saturada, pero no debemos claudicar ante las últimas horas de estos dos procesos importantes. Hagamos del infortunio una oportunidad, un camino hacia la transparencia y el cambio de las reglas del juego político. Seamos ese equipo de zona de descenso que con un gol en el último minuto asegura su permanencia en la máxima categoría. Luego invirtamos en nuestras capacidades, apostemos a la articulación a través de la cohesión y los acuerdos mínimos y comencemos a buscar el campeonato.
Más de este autor