Vocero de Giammattei cobró más que la mayoría del gabinete
Vocero de Giammattei cobró más que la mayoría del gabinete
Kevin López Oliva ex titular de la secretaría de comunicación de la presidencia SCSP, aumentó sus ingresos desde febrero de 2023 en un 42.91%. Pasó de 36,000 a 51,000 quetzales mensuales. Comparado con los salarios devengados del gabinete del expresidente Giammattei, solo el ex ministro de finanzas y ministra de educación ganaban más que él.
¿Cuánto debería de ganar un funcionario o empleado público? Existe el reclamo de que en algunas instituciones estatales los salarios son ínfimos, mientras que en otras son exorbitantes. Una publicación de Plaza Pública reveló que los sueldos más altos están en la Corte de Constitucionalidad (16 mil quetzales en promedio), y los más bajos en Salud (1,700 quetzales).
La discrecionalidad en la asignación de ingresos a funcionarios de confianza es la norma pues la Ley del Servicio Civil permite esta ambigüedad. El caso del secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López Oliva, es un buen ejemplo.
El ex vocero de Alejandro Giammattei fue nombrado el 4 de noviembre de 2021. Sus dos años en el puesto no coadyuvaron en el mejoramiento de la imagen del exmandatario, todo lo contrario, la última encuesta publicada por CID Gallup en diciembre de 2023 refiere que la aprobación de esa gestión cayó al 18%. Una encuesta de Prensa Libre de abril de 2020, da cuenta de que el mandatario comenzó su gobierno con el 83% de aprobación.
Cuando empezó su gestión, López Oliva devengaba 35,750 quetzales al igual que sus tres antecesores. Fue el mismo salario con el que inició Carlos Sandoval, el primer vocero de Alejandro Giammattei, en octubre de 2022.
Los aumentos
De acuerdo con el portal de Acceso a la Información de la SCSPR, Oliva recibió su primer incremento con un bono profesional de 375 quetzales que se materializó en octubre 2022, esto representó 1.05% más de lo que devengaba en septiembre de ese año. Es decir, pasó de 35,750 quetzales a 36,125.00 mensuales.
Luego, el mismo portal de transparencia revela que a partir de febrero de 2023 empezó a recibir un bono de responsabilidad por 9,000.00 quetzales, más un Bono por Servicios a la Secretaría de Comunicación por 6,500, sumando así un incremento de 15,500.00 en sus ingresos totales mensuales. Es decir, un 42.91% más.
Por ley el Presidente es el responsable de avalar estos incrementos, pues se necesita su aprobación para financiar cualquier cambio en la planilla.
Para el final de su gestión, López recibía mensualmente 51,625 quetzales desglosados de la siguiente manera: Salario base, 17,500 quetzales; complemento personal 6,000.00; bono profesional, 375; bono por responsabilidad 9,000; bono por servicios Secretaría de Comunicación 6,500; bonificación incentivo, 250; y gastos de representación 12,000.
López Oliva, fue el cuarto secretario de comunicación en el gobierno de Giammattei, y fue el único que recibió aumentos salariales. Concluyó su mandato ganando 43.36% más que sus antecesores.
De acuerdo, con la información pública de oficio, este salario fue uno de los más altos del gabinete. Comparado con 13 ministros, solamente lo superaban el Ministro de Finanzas Públicas, quien devengó 56,532.31 quetzales; y la Ministra de Educación, quien recibía 54,056.46 al mes.
En promedio, el gabinete de Giammattei devengó 45,000 quetzales; el salario más bajo reportado está en el Ministerio de trabajo (39,325.00). López Oliva como secretario ganó 12,000 quetzales más que el ministerio menos remunerado. La única cartera que restringe esa información es el de Defensa Nacional bajo excusa de la seguridad nacional.
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De diplomático a vocero
Kevin Alberto López Oliva transitó por poco más de dos años al frente de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Este período fue distintivo por el retorno a dinámicas cuestionadas de obstaculización a la libertad de prensa.
El informe «Estado contra la prensa y la libre expresión», de la Red Rompe el Miedo, elaborado en el 2021, sitúa que desde su llegada al poder, existió una tensa relación entre el gobierno de Giammattei y los medios de comunicación. El documento describe que se produjeron denuncias sobre cierres de fuentes y opacidad en el ejecutivo.
El colectivo No Nos Callarán publicó otro informe al respecto en 2022, cuando López era el secretario. En ese documento cita las reiteradas quejas sobre «denegación de información sobre temas de interés público y las restricciones al trabajo de la prensa». Evelyn Blanck, integrante de ambas organizaciones y directora del centro Civitas, comentó que estas dinámicas evidenciaron que era una directriz desde la presidencia.
Antes de ser nombrado secretario de Giamattei, Oliva trabajó como gestor de casos en el Departamento de Protección Consular, del consulado de México en Los Ángeles. Es politólogo y ha cursado estudios de migración y administración pública.
Una publicación del medio digital Divergentes reveló que Oliva recurrió a empresas y a personajes allegados al círculo de quien fuera vocero de Otto Pérez Molina entre 2012 y 2014, Francisco Cuevas Gallardo.
De acuerdo con la publicación, mientras López fungió como asesor en Asuntos Políticos del Cónsul General de Guatemala en Los Ángeles, entre 2016 y 2018, coincidió con el yerno de Cuevas, Rodolfo José Urruela Barrios, quien desempeñaba el cargo de secretario en esa institución.
La investigación también recoge que López Oliva contrató empresas de producción audiovisual vinculadas con un amigo de Cuevas, Julio Borrayo, que también fueron beneficiadas con millonarias compras durante su gestión al frente de la secretaría. Un hijo de Borrayo y un ex trabajador de esas empresas fueron contratados por López Oliva según la nota.
Salarios sin regulación
Han pasado varias décadas desde que el Estado comenzó a crecer descontroladamente. Distintas leyes ordinarias determinan cómo se deben distribuir los ingresos de empleados públicos y funcionarios. No obstante, estas normativas promueven la ambigüedad y la discrecionalidad para determinar los montos, pues los requisitos varían dependiendo la identidad.
Además de los salarios base, los empleados y funcionarios obtienen bonos, complementos, gastos de representación y dietas según el puesto. Para estos rubros el Estado dirige miles de millones de quetzales. Por ejemplo, el especial de Plaza Pública titulado Burocracia Inc. refiere que en el presupuesto 2023 ―aprobado también para 2024― el rubro para el pago de bonos asciende a 7,099 millones de quetzales destinados a los tres grupos de contratación de personal.
Además, existe un monto de 5,900 millones de quetzales destinado para los complementos del personal permanente. «Este rubro, comprende las remuneraciones adicionales al sueldo derivados de la emisión de decretos, acuerdos, suscripción de pactos colectivos de condiciones de trabajo y otras disposiciones legales», explica una de las publicaciones del especial.
Existen dos artículos que, en teoría, deberían evitar la discrecionalidad en la asignación de montos para el pago de funcionarios y servidores públicos. No obstante, también son ambiguos.
El artículo 1 de la Ley de Consolidación Salarial establece que el Gobierno de la República, sus entidades descentralizadas y autónomas y las municipalidades, deberán de considerar como parte integrante del salario de los trabajadores públicos, cualquier otra forma de remuneración o prestación económica.
En tanto, el artículo 70 de la Ley de Servicio Civil destaca que los servidores públicos «deben ser remunerados con base en un sistema que garantice el principio de igual salario por igual trabajo, prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad».
El ex presidente del Congreso constituyente, Roberto Alejos, recordó que en su gestión se conformaron mesas técnicas con apoyo de organizaciones de sociedad civil para reformar el régimen de servicio civil. Su iniciativa contemplaba la creación de una Secretaría Nacional de Servicio Civil, así como la integración de la Junta Nacional de Servicio Civil. Ambos proyectos nunca se concretaron.
Alejos considera que es imperante la regulación en este tema ya que no existen condiciones para fomentar una adecuada carrera profesional, y por tanto una mejor escala de salarios. Esta y las otras iniciativas planteadas en las legislaturas anteriores no han tenido eco en el Legislativo.
«Cada plaza debería tener requisitos y a quien se nombre debe cumplir con estos. La meritocracia sirve también para que las personas se mantengan en constante formación y capacitación, de manera de que cualquier ascenso o aumento salarial deba responder a méritos que se resumen en experiencia, formación y capacitación» agrega Alejos.
Otras iniciativas en el Congreso pretenden organizar el registro de empleados públicos mediante el servicio Guatenóminas, pero no existe actualmente datos certeros sobre la cantidad de personal contratado en el Estdo. Durante el gobierno de Jimmy Morales se elaboró un censo de servicio civil, sin embargo, este arrojó cifras no confiables pues partió de la información que cada institución envió y la misma nunca fue verificada.
En 2015, los entonces diputados Pedro Gálvez y Carlos Mejía, presentaron un proyecto de reformas al Código Civil, buscaban agregar nuevos principios, clasificar a los servidores públicos, responsabilidad de funcionarios e integración y organización de la Junta Nacional de Servicio Civil. Además, proponía dotar de autonomía a la oficina nacional de servicio Civil.
Según Alejos: «los sectores que no están de acuerdo con que el Estado tenga un sistema fuerte, no les conviene que haya una Ley de Servicio Civil donde las personas entren, tengan ascenso y ajustes salariales por meritocracia. Estos sectores quieren tener un Estado pequeño, mal pagado, con servidores públicos que realmente no hacen lo que tendrían que hacer. Y de esa manera han buscado siempre como detener la aprobación de esta ley».
A criterio de Ricardo Barrientos, Director ejecutivo del Instituto centroamericano de estudios fiscales (ICEFI), «el desorden de la administración genera espacios de corrupción como las plazas fantasmas y la discrecionalidad en los niveles de remuneración con enorme manipulación, además de los pactos colectivos».
Sobre el caso de López Oliva, ex funcionario de la secretaría de comunicación, Barrientos indica que este «es uno más de los diversos casos de abuso de funcionarios, y que encaja en una de las falencias más agudas que requiere reformas en este sistema».
El presidente Bernardo Arévalo, ha anunciado en reiteradas ocasiones que parte de los cambios en su administración será el reajuste salarial del gabinete, incluido su propio sueldo. Según la Secretaría de comunicación social de la presidencia (SCSP): «el reajuste de salarios es un proceso que requiere de dictámenes jurídicos y financieros, así como en materia de derechos laborales, por lo que aún se está trabajando en el análisis».
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