En el marco de su esfuerzo por violentar la voluntad ciudadana expresada en las urnas en junio y ratificada en agosto de 2023, Porras y su clica allanaron las oficinas del TSE. Durante el asalto al único ente responsable de las elecciones, la banda de Porras Argueta se llevó varias computadoras, una de las cuales contenía dicho archivo. Así lo ha confirmado la presidenta del TSE, Blanca Alfaro. De igual forma ya se ha denunciado que sin notificaciones formales, integrantes de la fiscalía al servicio de Porras y su banda, han citado a personas que integraron voluntariamente las Juntas Electorales.
La gran operación que el MP ha montado contra el proceso electoral y la legítima voluntad ciudadana expresada en las urnas, es una parte del secuestro del Estado de derecho en Guatemala. Previamente, la gavilla de Porras se había concentrado en desmantelar los espacios de justicia que luchaban contra la corrupción.
De esa cuenta, fiscales, jueces y personas mandatarias que impulsaron procesos contra funcionarios o exfuncionarios de los gobiernos de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, sufren la persecución penal espuria. Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua), más de 90 personas han salido al exilio, producto de la persecución ilegal. Y, aunque han debido dejar familias, trabajo, hogar y entorno inmediato, aún sufren ante las constantes amenazas y acciones que la cuadrilla de Porras lleva a cabo.
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Entre tanto, también hay personas criminalizadas en Guatemala y que enfrentan la acción de Porras que utiliza indebidamente el derecho penal. El fiscal Stuardo Campo, por ejemplo, quien condujo la investigación por el robo gigantesco en el fraude que representa el libramiento de Chimaltenango, enfrenta prisión y juicio penal. José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, cuyo cierre es un vergonzoso mérito de Porras y su caterva de sinvergüenzas, cumple esta semana 735 días en prisión y tiene una condena por un juicio espurio.
Para cumplir su cometido, Porras Argueta ha tenido a su servicio una cuadrilla de fiscales y funcionarios del MP quienes con total servilismo violentan la ley para satisfacer a su jefa. Los recursos de la fiscalía, sostenidos con los impuestos de la ciudadanía, están destinados a que la oficina encargada de la persecución penal cumpla su cometido. La ley le concede facultades especiales para cumplir esa delicada función.
Sin embargo, al estar controlada por una cáfila de delincuentes, todas las herramientas y facultades tienen un destino perverso. De allí que la pandilla de Consuelo abuse del recurso de la reserva procesal para violentar el derecho a legítima defensa de las personas espuriamente perseguidas. Al mejor estilo de los tristemente célebres tribunales de fuero especial del genocida Efraín Ríos Montt, las reservas procesales de Porras y su banda sirven para ocultar la ilegalidad de los casos fabricados.
En tal sentido, la sospecha de que los dispositivos y personal de la Unidad de Métodos Especiales (UME) se destinen al espionaje ilegal desde el MP, está más que fundada. Máximo ahora que tienen en su poder el número telefónico, el nombre y el CUI de 9.3 millones de personas.
Porras y su camarilla son una banda delincuencial. Un clan dedicado a utilizar perversamente la ley y a pasar por encima de todo el estado de derecho en aras de alcanzar sus intereses diabólicos. ¿Cuánto tiempo más le dejarán seguir delinquiendo y destruyendo el sistema de libertades, derechos y garantías que protege nuestra Constitución?
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