Política Económica en la Tierra del Quetzal (II)

Esta quincena, quiero discutir algunas de las propuestas que más se escuchan para el desarrollo económico del país, con sus pros y sus contras. Limité la lista a cuatro posibles motores de desarrollo, y en este artículo trato las primeras dos.

• Mineras e hidroeléctricas: Por su capacidad de generar rentas enormes en un plazo relativamente corto, tiende a ser bastante popular entre políticos (alcaldes y diputados). El fantasma de un populismo con acceso a rentas de recursos naturales hace que no termine de ser completamente abrazada por el sector privado. Dada la naturaleza pública de la propiedad de los recursos naturales, adoptar esta estrategia significaría que las finanzas públicas podrían pasar en unos pocos años de su eterno estado de trapos de cucaracha a contar con cierta (o bastante) holgura. Y esto, por supuesto, se traduce en políticos con poder real, poder para cumplir promesas de campaña y satisfacer a sus poblaciones pero también poder para escoger ganadores y perdedores a dedo.  El reparto del botín se convierte, entonces, en un tema crucial en esta estrategia. Sobre los retos que supone entrarle de lleno ya escribió hace algunos meses Iván Morales. Fundamentalmente, hay que considerar que –a diferencia del Perú o Chile- los yacimientos minerales en Guatemala no están en zonas aisladas sino en medio de la población. Ello sumado a la debilidad institucional es la receta perfecta para la conflictividad social y para que los proyectos que vengan al país no sean de capitales prestigiosos sino de capitales marginales con alta tolerancia al riesgo. Adicionalmente, la naturaleza fluctuante del precio de los minerales nos expondría a periódicas crisis económicas. Sin embargo, por el lado positivo hay que mencionar el innegable potencial financiero. A 2012, el sector extractivo generó un 2.2% del PIB guatemalteco, lo cual está bastante por debajo del promedio latinoamericano de 5.5% y muy por debajo de países como Perú, Chile y Colombia, donde supera el 11%. El potencial también se refleja en el catastro minero del país, ya que de 2,772.27 kilómetros cuadrados que se han concedido en licencias mineras metálicas, la gran mayoría del territorio licenciado –un 87.2%- está en fase de exploración. De los 353.62 kilómetros cuadrados con licencia de explotación, más de dos terceras partes corresponden a un solo proyecto –el proyecto Fénix en Izabal- que aún no alcanza su cénit productivo. Para poner todo esto en perspectiva, podemos tomar como ejemplo la mina San Rafael, que proyecta ingresos de varios miles de millones de quetzales anuales, con una licencia de explotación de apenas 20 kilómetros cuadrados. Suponiendo que este proyecto no es de una excepcional productividad, ¿cuáles serían los ingresos si llegáramos a explotar la mayoría de los más de 2,400 kilómetros cuadrados de territorio con licencia de exploración? Claramente, estamos hablando de varias decenas de millardos de quetzales, lo cual transformaría radicalmente la estructura productiva del país. Lamentablemente, el arreglo legal vigente permite que la mayoría de esos ingresos salgan del país en forma de dividendos. Sin embargo, cabe preguntarse si no es posible modificar la normativa de llegar a haber un acuerdo nacional sobre este tema –recordemos la propuesta inicial de reforma constitucional de este gobierno. Si se consigue un arreglo donde la mayoría de ingresos se queden en el país en forma de impuestos, regalías, gastos administrativos y salarios, no sería descabellado hablar de un crecimiento del PIB de alrededor de un 50% en un lustro, ya que el dinero que se quede actuaría además como un estimulante de la economía local, dándose un efecto multiplicador keynesiano. No se puede, sin embargo, ignorar el costo social y ecológico de la minería, ni la naturaleza temporal de todo recurso no renovable. Pesaría también la posibilidad de la enfermedad holandesa, es decir, que el masivo ingreso de divisas al país disminuya la competitividad de otras actividades generadoras de divisas, como podrían ser en nuestro caso la agroindustria exportadora.

• Ecoturismo: Durante varios años, ha sido la estrategia de desarrollo que está en la punta de la lengua de la clase media profesional. Y no es difícil descubrir por qué. La abundancia de microclimas, el legado arquitectónico maya y colonial, la diversidad cultural y la cercanía con Estados Unidos hacen de Guatemala un destino turístico por default. El turismo es, además, una actividad generalmente amigable con el medio ambiente, al menos si se compara con la industria manufacturera o la minería, y por ello no tiene prácticamente ningún opositor visible.  Sin embargo, el verdadero reto de adoptar esta estrategia –más allá del trabajo que obviamente tenemos que hacer para mejorar la seguridad- está en lo limitado de su potencial económico. Dos países que generalmente se consideran un éxito regional en ecoturismo –Colombia y Costa Rica- obtuvieron en 2012 ingresos por US$2,351.1 y US$2,424.8 millones, respectivamente. En comparación, Guatemala obtuvo ingresos por US$1,418.9 millones en el mismo período, es decir, cerca de un millardo de dólares menos. Mil millones de dólares suena a mucho dinero pero es apenas un 2% del PIB guatemalteco: no es una cifra que se parezca a un verdadero motor del desarrollo, aun aplicándole un multiplicador generoso. Además, es un hecho que alcanzar a Colombia y Costa Rica en la industria del turismo es todo un reto, dados los mejores indicadores de seguridad e institucionalidad de esos países y el hecho que estaríamos competiendo por un mismo nicho de mercado. Complicando las cosas, la industria turística mundial suele seguir el desempeño económico de los países del Primer Mundo y éste atraviesa una histórica desaceleración. En síntesis, el turismo –con todas sus bondades- cabe mejor como un complemento que como la estrategia central de desarrollo nacional.

La próxima quincena abordaré la economía campesina y la industria manufacturera como posibles motores de desarrollo nacional.