Poco después ganó las elecciones y se convirtió en el primer presidente de la nueva era democrática del país, con el mayor respaldo popular que haya obtenido un gobernante en la historia reciente. De esa fecha para el presente, han transcurrido 27 años y ocho gobiernos diferentes, pero el país sigue siendo, en buena media, el mismo que era en 1985.
El ingreso por habitante no ha cambiado gran cosa (de US$1,760 en 1990 a US$2,300 en 2011),* lo mismo que la desigualdad (coeficiente de Gini de 0.58 en 1989 y 0.59 en 2006)* y la pobreza (61.1% en 1998 y 54.8% en 2006).* En otras áreas hemos empeorado. Tal es el caso de la desnutrición, pasó de 15% de la población en 1990 a 22% en 2008;* la violencia homicida, de 32.5 homicidios por cada 100,000 habitantes en 1995 a 46.3 en 2009;** y el cuidado del medio ambiente, en 1990 los bosques cubrían el 44% del territorio nacional, para 2010 se habían reducido al 34%.* Y todos los etcéteras. Alguna vez oí decir que la Guatemala de hoy es como la Guatemala de antes pero con más de todo: más gente, más carros, más casas, más pobres, más ricos, más muertos, más chistes, más colas, etc.
Según la encuesta de Latinobarómetro más reciente, apenas un 36% de los guatemaltecos aprueban la democracia. Es por mucho el peor índice de América Latina. Y me da la impresión que ningún guatemalteco dudaría de estos números. Al interactuar con la gente, en poco tiempo salta a la vista una gran insatisfacción con el sistema. Las opiniones del ciudadano común son muy diferentes de las opiniones políticamente correctas de los gobernantes y candidatos.
El guatemalteco común de clase media y alta, por ejemplo, tiende a no disimular mucho su desprecio por el votante promedio. Un prejuicio habitual es la creencia que “la gente es muy ignorante para votar”. Otro menos común, pero igualmente enraizado, es el que dice que los guatemaltecos no hemos realmente ganado el derecho al voto, pues este derecho no lo obtuvimos en una lucha popular victoriosa como los franceses, ni en una hazaña heroica como los ingleses, cuyo sufragio universal solo les fue concedido tras los sacrificios de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, hay quienes piensan que nuestra democracia está viciada y no se puede lograr ningún cambio a través de ella. Según esta visión, la decepción con cada gobierno que pasa es inherente al sistema, pues los gobernantes llegan condicionados al cargo, y resultan incapaces de promover cualquier cambio sustancial.
Lo curioso con estas visiones es que, en todos los casos, hay evidencia de lo contrario o son afirmaciones que no se sostienen por sus propios supuestos. Decir, por ejemplo, que la mayoría de guatemaltecos son ineptos para el voto debido a su “ignorancia”, implicaría aceptar que son ineptos para otro tipo de decisiones, también. Sin embargo, quienes suscriben esta visión apoyan con entusiasmo las decisiones de esos mismos guatemaltecos cuando actúan como consumidores. Más aún, una de sus causas políticas favoritas suele ser el respeto a las decisiones individuales porque “cada uno sabe mejor lo que le conviene”. ¿Por qué, entonces, si esas personas saben bien lo que les conviene como consumidores no saben también lo que les conviene como votantes?
En cuanto a que no nos hemos ganado el derecho al voto, eso es simplemente voltearle la cara a la historia. Las instituciones que tenemos en Guatemala han sido carísimas en términos humanos. No cualquier país de 7 millones de habitantes (la población de Guatemala en 1980)* ha sufrido más de 200,000 bajas en una guerra del siglo XX: uno de cada 35 habitantes. La independencia de España no significó gran cosa. Se dice, incluso, que fue apresurada para evitar que el pueblo la declarase. Pero, en cambio, los derechos establecidos en nuestra Constitución surgen de un charco de sangre y plomo que pocas naciones han vivido.
Y con respecto a la inutilidad de la democracia, queda la pregunta: ¿por qué si nuestros gobiernos no son más que parapetos, siempre hay quien derrocha tanto dinero y tanto esfuerzo en hacerlos elegir? ¿Por qué hay hasta muertos en la campaña electoral y tantos sectores –medios de comunicación, asociaciones gremiales, iglesias y universidades– se meten para influir en el resultado? Según Mirador Electoral, en la campaña electoral de 2007 se gastaron casi 90 millones de dólares. En comparación, en la carrera presidencial en Estados Unidos se han gastado poco más de 1,146 millones de dólares. Es decir, nuestras elecciones cuestan un 8% de lo que cuestan las elecciones gringas, aún si nuestra economía representa apenas un 0.3%*** de la economía estadounidense y tenemos un 4.5%*** de su población. ¿Quién en un libre mercado metería tanto dinero en algo inútil?
Con toda seguridad, el sistema que hay no funciona bien. Pero si se quiere que las próximas décadas sean diferentes de los últimos 27 años, algo habrá que hacer diferente. ¿Regresar a las dictaduras? Ni locos. Tal vez perderle el miedo a la democracia sea una buena opción.
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