La libertad de expresión y los actos que de allí se deriven son pilares fundamentales de las democracias. En los últimos tiempos, esas libertades combinadas con la tecnología nos han permitido presenciar una peculiar pero bulliciosa revolución en el mundo árabe. Y seguro falta mucho por ver.
Y mientras otros evidencian y ponen en práctica esas libertades, en Guatemala están siendo solapada y calladamente amenazadas. Hay varios hechos que así lo indican, no sé si como una política de Estado o como actitudes personales de funcionarios que sintiéndose con un mínimo de poder creen tener derecho de hacerlo todo.
Me refiero a tres situaciones que se han dado en los últimos días, y que vale la pena explicar ya que se conocen y discuten casi solo en el mundo de los periodistas en su ejercicio.
La primera fue el caso de los trabajadores de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Con el nuevo Secretario de Comunicación, Francisco Cuevas, varios trabajadores fueron despedidos, algunos dicen que sin motivo. Cuevas le dijo a Sala de Prensa, que de la Secretaría “solo va a quedar el nombre”, pues iba a despedir a los trabajadores de esa institución.
La segunda situación fue la vivida por periodistas del Diario de Centroamérica, el órgano de prensa oficial del Estado. Algunos colegas denunciaron que la mañana del 1 de febrero recibieron instrucciones del nuevo director, Gustavo Soberanis, que debían permanecer en las oficinas de ese Diario y entregar sus celulares, sin previo aviso, lo que tomaron como una amenaza a su labor periodística. Soberanis le dijo a Cerigua que la acción fue porque tenían denuncias de supuestos actos de corrupción con el manejo de los celulares.
Durante la campaña electoral pasada fueron de conocimiento público las solicitudes de algunos políticos de “piel sensible” que pidieron a directivos de medios de comunicación el cambio de reporteros que cubrían a candidatos presidenciales porque “no eran afines a sus propuestas”. Tres meses después cuando la campaña ha terminado, al menos formalmente, las presiones políticas y laborales para algunos colegas periodistas no han cesado.
¿Cómo deben tomarse acciones de tal nivel?, ¿como decisiones independientes de los que hoy ocupan esos cargos, que por cierto se han desempeñado antes como periodistas, o cómo una política de Estado que restringe la labor periodística?
El tercer hecho, y que ahora más preocupa, es la intención del Congreso de la República de modificar la ley de Acceso a la Información Pública, en los artículos 22 y 23 que se refieren a la información clasificada y la información reservada. Si la reforma pasa, se estaría cambiando el punto medular de la ley que es la transparencia en la administración pública especialmente en los temas militares y diplomáticos.
La ley de Acceso a la Información Pública llegó con expectativas altas, sin embargo poco fue el eco que hizo en la mayoría de la población que poco la conoce, poco la utiliza, poco ha entendido su alcance y cómo esta fortalece la transparencia en la administración pública. Mucha responsabilidad de esto se debe a que el Estado poco ha hecho para que la gente pueda utilizarla.
Hoy es importante que en lugar de restar, los políticos sumen mecanismos a la labor que realiza la prensa, pero especialmente a la función que la ley de Acceso a la Información Pública tiene para este país, información que no es propiedad de ustedes, sino es propiedad de toda la población guatemalteca. No solo para que confiemos en lo que la administración pública hace, sino para permitirnos a los ciudadanos fiscalizar esa labor.
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