El Sistema de Consejos de Desarrollo es el «medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo», según el artículo 1 del decreto 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Durante los más de 20 años en los que ha estado vigente esta ley, el SISCODE ha representado realidades muy diferenciadas para la sociedad guatemalteca, debido a que ha habido diferente grado de empoderamiento de la sociedad civil en torno a estos mecanismos de participación ciudadana en las políticas públicas.
Lo positivo de los Consejos de Desarrollo es que han abierto un importante mecanismo de deliberación. Si se utiliza de manera adecuada, este mecanismo puede favorecer el diálogo entre diversos actores políticos, económicos y sociales, permitiendo así focalizar la inversión pública en proyectos de desarrollo que realmente cumplan con el objetivo del bien común establecido en la Constitución Política de la República. De esta manera, se podrían impulsar proyectos que contribuyan de manera efectiva al progreso de las diversas comunidades del país. Por ejemplo, durante la campaña electoral 2023, tuve la suerte de conocer a los integrantes de la Coordinadora Departamental de los Consejos de Desarrollo de Chimaltenango, y el dinamismo y el entusiasmo de sus participantes me dejó gratamente sorprendido. El grado de compromiso y de conciencia ciudadana que intentaban trasladar a las diversas comunidades del departamento fue algo que me llamó la atención. La coordinadora departamental parecía realmente cumplir su papel de mediación, concientización y articulación de propuestas para el desarrollo del departamento, aunque claro está, este proceso no estuvo exento de problemas y conflictos.
[frasepzp1]
La elección de gobernadores departamentales de este año, impulsada por la disposición del gobierno de Arévalo de cambiar la orientación del trabajo de los gobernadores, despertó un inusitado interés: más de 1500 personas se postularon para ocupar alguno de los 22 puestos vacantes, lo que representa un promedio de casi 70 aspirantes por gobernación. Lamentablemente, este gran interés también se tradujo en un amargo despertar para muchos representantes de la sociedad en cada departamento. La elección realizada por cada Consejo Departamental dejó muchas inconformidades, ya que muy pocos actores sociales se habían preocupado por empoderarse de este mecanismo de participación. Como resultado, en la práctica, muchos Consejos están cooptados por intereses particulares y sectarios.
Durante los meses siguientes a la elección, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República de Guatemala (SCEP) ha desarrollado un proceso de diagnóstico participativo y consulta a diversos expertos. Este proceso busca proponer reformas legales e institucionales para mejorar el funcionamiento del SISCODE, enfocándose en tres temas fundamentales: una representatividad real, una capacidad efectiva de planificación del desarrollo y mecanismos de fiscalización que combatan las malas prácticas asociadas a la corrupción.
En la práctica, el desafío es triple: encontrar las reformas legales e institucionales que fortalezcan y democraticen el sistema, desmontar las redes clientelares instaladas en los diversos consejos de desarrollo, e incentivar una vigorosa vigilancia ciudadana que corrija los errores y vicios ya detectados.
Si se logra reformar el SISCODE para que cumpla con los objetivos establecidos en el decreto 11-2002, el gobierno de Bernardo Arévalo podría adjudicarse un verdadero aporte a la democracia de nuestro país. Debido a que una de las falencias más graves del modelo de desarrollo guatemalteco es la concentración de la inversión pública en las áreas más ricas y prósperas del país. Por ello, una adecuada planificación del desarrollo podría contribuir a revertir la deuda histórica que el país tiene con las comunidades rurales.
Más de este autor