Para participar como postulantes, Rojas Cetina y su colega Marco Antonio Cornejo Marroquín, electo magistrado suplente del TSE, incluyeron en sus expedientes títulos de doctor en Derecho Constitucional y de magíster en Derecho Penal, respectivamente. Con esto, sus calificaciones como candidatos mejoraron en virtud de los créditos académicos que bajo juramento indicaron poseer.
Sin embargo, resulta que ni Rojas Cetina ni Cornejo Marroquín ostentan dichos grados, ya que simplemente no los han obtenido. Las certificaciones de la Universidad Da Vinci en las cuales se acreditan dichos títulos no constan en los registros de esa entidad. Los documentos que ambos postulantes, ahora magistrados, utilizaron para subir en la calificación fueron firmados por Juan Carlos Rodil Quintana, en ese entonces decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la universidad en cuestión, así como vocal primero de su consejo directivo.
Según informa la universidad, Rodil Quintana ha sido removido de su cargo, en tanto que el Ministerio Público (MP) informa que iniciará investigación de oficio a partir de la denuncia pública. El hoy exdecano podría enfrentar cargos por falsedad ideológica y falsificación de documentos privados. En tanto, el hoy presidente del TSE y el suplente Cornejo Marroquín, como mínimo, habrían cometido perjurio. Pero, si se prueba la concertación del exdecano con los beneficiados, los tres podrían haber incurrido en asociación ilícita (asociación para delinquir).
Al preguntársele sobre los documentos, Rojas Cetina pretendió librarse al afirmar que el de él lo había extendido Rodil Quintana. Sin embargo, fue Rojas Cetina quien lo utilizó para documentar una condición que él sabía que no ostentaba. Así, al haber utilizado un documento falso, también resulta cómplice del delito original.
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Pero no es el único hecho delictivo vinculado a quien preside el ente responsable de conducir el proceso electoral en Guatemala. Rojas Cetina tiene una solicitud de antejuicio, presentada en octubre de 2020, por su vínculo con el caso de corrupción conocido como Fénix. Los delitos por los que se le sindicaría habrían ocurrido cuando fue fiscal del MP y habrían estado encaminados a procurarles impunidad a implicados en el megacaso de corrupción contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Un abogado que cuando fue fiscal delinquió en pro de la corrupción llegó a ser magistrado e incluso presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Un abogado que, para ganar méritos como candidato al TSE, el cual preside, volvió a delinquir, y de la manera más ruin y cobarde, le endilga toda la culpa a su cómplice.
Durante décadas el TSE fue considerado un ente ejemplar en materia de apego al Estado de derecho. Hoy, sin embargo, está en manos de un delincuente que no tuvo el menor escrúpulo en falsificar documentos para alcanzar la presidencia de dicho ente. Un individuo que tampoco ha procurado depurar el sistema de partidos políticos de las empresas criminales que mediante financiamiento ilícito han asaltado el Congreso y la Presidencia.
Con esas vísperas, no hay manera de pensar que el fraude no existirá en el siguiente proceso electoral. Con el TSE en manos de semejantes delincuentes, el golpe a la democracia se acrecienta y Guatemala se convierte en un Estado criminal.
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