Los «niños bien»

Investigación y textos: Javier Tobar
Edición: Francisco Rodríguez y Enrique Naveda
Diseño web: Dénnys Mejía
Desarrollo: Erick Alvarado
Ilustraciones: Suandi Estrada y Dénnys Mejía
24 de marzo de 2021

Con imagen pulcra, defensores de los valores tradicionales de la sociedad y con apariencia de bien portados. Aunque al revisar los listados, lo usual es que estén presentes en las travesuras del salón.

Valor, la lucha para hacer posible la candidatura imposible
(9 diputados)

Valor es la plataforma política de Zury Ríos -la hija del exdictador Efraín Ríos Montt- para cumplir su sueño de convertirse en presidenta. Y su gran limitante, hasta ahora, es la Corte de Constitucionalidad (CC).

El bloque Humanista ha sido uno de los mejores aliados de Allan Rodríguez y la maquinaria oficialista. Le dieron su apoyo para ser presidente del Congreso en el 2020 y lo hicieron de nuevo para el 2021. A cambio pidieron la tercera secretaria para el diputado Douglas Rivero Mérida.

Si bien Zury Ríos participó como candidata presidencial en el 2011, se retiró tempranamente antes de las elecciones cuando se dio cuenta que tenía pocas oportunidades de ganar. En los comicios de 2015 y 2019, la CC no aceptó la inscripción de su candidatura invocando la prohibición constitucional de optar a la presidencia a los familiares de quien asumiera la jefatura de gobierno después de un golpe de Estado.

Pero las cosas pueden cambiar para ella.

Los 9 diputados de Valor podrán incidieron en la designación de nuevos magistrados de la CC, que deben tomar posesión en abril de 2021.

La alianza oficialista ya dio muestras de unidad en este tema. El 10 de noviembre juramentaron a toda prisa a Roberto Molina Barreto, quien sustituyó y terminó el periodo de Neftaly Aldana, quien renunció a la corte por problemas de salud.

Luego, el Congreso apoyó a la candidata oficialista para la CC, Dina Ochoa, por otro lado, la Corte Suprema de Justicia eligió a Roberto Molina Barreto, exvicepresidenciable con Zury Ríos, aunque finalmente el binomio no quedó inscrito.

El 26 de enero de 2021, seis diputados de Valor también apoyaron al presidente Allan Rodríguez, que coordinó la juramentación de Mynor Moto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, electo por el Colegio de Abogados en sustitución del fallecido Bonerge Mejía, fallecido en 2020.

Moto no consiguió asumir como magistrado, debido a que aún no se han resuelto más de una decena de impugnaciones. Además, el MP solicitó su captura debido a que el Ministerio Público y la jueza Éricka Aifán consideran que hay indicios de que ha obstruido la justicia, y que su excedencia como juez lo dejó sin inmunidad.

Dados sus aportes con la alianza oficialista, los diputados de Valor se ganaron la confianza de Allan Rodríguez y tienen una línea de comunicación directa con el presidente Alejandro Giammattei. Además, en el 2020 y el 2021, le otorgaron al diputado Luis Rosales, ex abogado de Ríos Montt, la segunda vicepresidencia del Congreso. Recientemente lo nombraron como magistrado suplente para la CC, en su lugar llegó Antonio Arenales Forno.

El cambio en el balance de poderes dentro de la CC también es importante para Valor debido a las aspiraciones presidenciales de Zury Ríos. Pero también es fundamental para el resto de bancadas porque los magistrados que asumirán en abril 2021 podrán definir nuevas reglas para elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Y esa es la razón por la que la alianza oficialista se resistió en el 2020 a elegir los magistrados con disposiciones que les limitan seleccionar a abogados señalados de corrupción. Valor es parte de ese grupo.

Viva, con y dentro del gobierno
(6 diputados)

Isaac Farchi, el ex candidato presidencial de Visión con Valores (Viva), hablaba en serio cuando dijo que apoyaría a Giammattei tras quedar fuera de la segunda vuelta de la contienda electoral.

Después de quedar sexto en las elecciones presidenciales de 2019, el político conservador, que comparte la identidad guatemalteca e israelí, se acercó al equipo de Giammattei y luego se incorporó como su asesor. Y en marzo de 2020 se incorporó al gobierno como coordinador general adjunto ad honorem del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad.

La alianza entre Vamos y Viva fue natural, en el Congreso la comunicación entre las dos bancadas dentro de la alianza oficial va de maravilla. En el pacto oficialista, el diputado de Viva, Armando Castillo, volvió a ser electo en 2021 para la tercera vicepresidencia de la Junta Directiva que ocupó en 2020.

A cambio, desde el primer día de la legislatura, Viva le dio sus seis votos a la presidencia de Allan Rodríguez. Viva votó a favor de las tres leyes que dieron vida a las iniciativas de asistencia para atender a las poblaciones vulnerables frente a la emergencia del COVID19.

La ejecución de estos proyectos emergentes fue muy cuestionada. Desde el diseño hasta la ejecución de los programas fueron el foco de atención de los medios y la sociedad civil organizada.

Pero Armando Castillo señala que, si bien apoyaron los programas de asistencia, desde Viva también los fiscalizaron y cuestionaron la forma en que eligieron a los beneficiarios.

El uso de la plataforma de distribución de la energía eléctrica para seleccionar a los beneficiarios del programa Bono Familia, por ejemplo, fue un error. «Siempre que no estemos de acuerdo con el oficialismo en algo, se los vamos a decir», asegura el diputado.

El diputado Armando Castillo confirma que Viva es parte de la alianza.

En el caso de Viva, seis de los siete diputados votaron en contra de las 17 mociones para priorizar la elección de las cortes; la única excepción es el diputado Nery Mazariegos, que eventualmente apoyó las propuestas con ese objetivo.

Armando Castillo cree que no es ideal elegir las cortes en medio de «tanta incertidumbre legal» pero sostiene que «no hay un enfrentamiento con la CC. El problema es que no hubo comunicación».

En el caso de Viva hay un conflicto en la elección de las cortes. La diputada Alexandra Ajcip fue una de las personas que se reunió con el empresario Gustavo Alejos mientras estaba hospitalizado en un sanatorio privado. Y ahí, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, intentaba arreglar la elección de magistrados.

Armando Castillo reconoce ese conflicto y asegura que les «sorprendió mucho». Agrega que por eso la diputada Ajcip prometió abstenerse de participar en la elección de magistrados. No obstante, la diputada sí participó en las votaciones de Roberto Molina Barreto y de Mynor Moto (que quedó sin efecto); aunque ellos no son magistrados de las cortes de justicia, sí pueden incidir en esa elección.

Viva ha sido uno de los aliados incondicionales de Giammattei y Vamos en el Congreso, apoyando todas las iniciativas de interés para el oficialismo.

«Pero no todo es blanco o negro» intenta matizar Armando Castillo.

Partido Unionista, un pié adentro y otro afuera
(3 diputados)

Allan Rodríguez resultó elegido presidente de la Junta Directiva, por primera ocasión, el 14 de enero de 2020, con apenas 82 votos. Sin el apoyo del bloque del Partido Unionista, habría obtenido solo 79 votos, a dos de la mayoría simple que necesitaba para tomar el control del Congreso.

Al principio de la legislatura los diputados Álvaro Arzú, Enrique Montano y Lázaro Zamora desempeñaron un papel indispensable en los planes de la alianza. Y los tres aceptaron participar en el pacto. A cambio no les dieron ni un puesto en la mesa directiva.

Álvaro Arzú intentó competir contra Allan Rodríguez por la presidencia del Congreso y, antes del 14 de enero de 2021, cabildeó con distintas bancadas en busca de apoyo. No consiguió los votos y se conformó con ser un diputado más. Eso hizo que los diputados unionistas no se comprometieran totalmente con la causa oficialista.

Arzú y compañía solo apoyaron 3 de los 9 préstamos que requirió el gobierno de Giammattei. En los otros 6 casos estuvieron ausentes en las sesiones: no querían apoyar el endeudamiento, ni votar en contra.

Tampoco apoyaron el tercer paquete de respuesta al Covid, que contempló una ampliación del presupuesto 2020 en 5,138 millones de quetzales. Aquel día no estuvieron en el pleno.

En cambio, para el segundo semestre sí se sumaron a la estrategia de la alianza oficialista para no elegir cortes.

Votaron en 16 de las mociones presentadas por la oposición para elegir a magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Solo en una oportunidad, Álvaro Arzú votó a favor de una moción presentada por el diputado Bernardo Arévalo, de Semilla.

Para finales del año, el bloque del Partido Unionista marcó más distancia del oficialismo. Los tres diputados se ausentaron en la sesión del 21 de octubre, en la que el Allan Rodríguez se aseguró la reelección para el 2021. Ya no eran indispensables, pues Rodríguez disponía de 107 votos.

Casi un mes después, la noche del 17 de noviembre, los unionistas aprobaron el presupuesto del Congreso, pero abandonaron el hemiciclo antes de que arrancara la aprobación de dos préstamos por 448.6 millones de dólares, y la discusión del presupuesto del Estado para el 2021, por 99,700 millones de quetzales, que se extendió hasta la madrugada del 18 de noviembre.

Un diputado de Vamos, que pide no ser citado, explica que la técnica del Partido Unionista para no votar en contra de la alianza es salir del Congreso y marcar su ausencia. Esa fue su estrategia para evitar las votaciones que les van a desgastar, asegura.

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