Siempre quieren quedar bien y no importa como. Son los encargados de organizar al salón aunque el profe no está, les preocupa que esté contento. Si dice «salten», saltan, si dice «aprueben esta ley», votan.
VAMOS, la cabeza de la alianza oficialista
(17 diputados)
Tras cuatro intentos, Alejandro Giammattei logró asumir como presidente en el 2020. Su gloria escaló cuando su partido, Vamos por una Guatemala Diferente, conocido simplemente como «Vamos», tomó las riendas del Congreso.
El oficialismo se estrenó con 17 diputados, apenas el 11% de los 160 escaños, pero consolidó una alianza que se convirtió en una aplanadora. Al principio fueron 82 congresistas de 12 bancadas, incluyendo a seis de la opositora UNE. Y así, el 14 de enero, Allan Rodríguez se aseguró la presidencia del Congreso y conformó la Junta Directiva del 2020 con sus aliados.
Durante 2020 la alianza sufrió cambios. Se incorporaron cuatro diputados de Compromiso Renovación y Orden (Creo) y varios de la UNE. También se retiraron cinco de Todos, encabezados por Felipe Alejos y los diputados del Partido Unionista marcaron distancia.
Para el 21 de octubre de 2020, el pacto se había ampliado a 107 diputados de 15 partidos. Allan Rodríguez aprovechó esa fortaleza en la alianza y consiguió su reelección como presidente del Congreso, para el 2021.
A lo largo del año, además de hacerse con el control del Congreso, otra de las principales preocupaciones de Vamos fue la crisis del COVID19. La alianza oficialista y la oposición acordaron aprobar tres paquetes de programas de asistencia para las familias más afectadas, por 14.6 mil millones de quetzales.
La oposición fue crítica frente a la falta de información sobre cómo desarrollaron los programas y a quiénes beneficiaron. El diputado de Vamos y presidente de la Comisión de Finanzas, Duay Martínez, resta importancia a los señalamientos, pero atribuyó los problemas de la ejecución del gasto público a la falta de institucionalidad.
Otro aspecto clave fue el financiamiento del presupuesto. La alianza oficialista, con apoyo de la oposición, aprobó siete préstamos por 1,100 millones de dólares (9,200 millones de quetzales) para el 2020. Y además, otros dos préstamos, sin el apoyo de la oposición, por 448,600,000 de dólares (3,400 millones de quetzales) para financiar el presupuesto del 2021.
Entre la noche del 17 de noviembre y la madrugada del 18, la maquinaria oficialista volvió a la carga. En una sesión de más de seis horas, los diputados aprobaron de urgencia nacional el presupuesto del Estado para el 2021. A la oposición le dieron apenas unas seis horas para revisar las 127 páginas del dictamen del proyecto de presupuesto, algo que generó críticas contra el oficialismo en el Congreso y el gobierno de Giammattei.
Duay Martínez dice que al oficialismo lo sorprendió el COVID19 en su primer año de gestión, pero asegura que en el 2021 y en adelante desarrollarán una agenda legislativa más ágil de la mano de sus aliados.
¿Cuál es esa agenda? Es un misterio.
La alianza oficialista no solo aprobó las iniciativas que necesitaba. También bloqueó todos los esfuerzos de la oposición para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
La elección de cortes estaba programada para el 2019 y los magistrados debían tomar posesión el 13 de octubre de ese año. Pero la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el proceso cuando la Fiscalía Especial contra la impunidad demostró reuniones privadas entre candidatos a magistrados, diputados y operadores con el empresario Gustavo Alejos, señalado de interferir en la justicia.
En mayo de 2020, la CC estableció los plazos y la forma en que el Congreso debía elegir a los magistrados de las cortes. El fallo señala que los diputados deben elegir a los abogados «idóneos y honorables» y para eso deben basarse en un informe del Ministerio Público, que expone los procesos contra los aspirantes a las magistraturas.
Entre junio y octubre de 2020, se presentaron 17 mociones para priorizar la elección de las cortes en la agenda de sesiones, o al menos establecer un día de la semana solo para elegir a magistrados. Todo los esfuerzos fueron en vano. La aplanadora del oficialismo se opuso a elegir a los magistrados y extendieron la incertidumbre en el Organismo Judicial. Por el contrario, aceleraron para juramentar a Mynor Moto, Molina Barreto y la de Dina Ochoa para la CC.
Hasta principios del 2021, los diputados no habían cumplido con la resolución de la CC.
En cambio, aprobaron con 92 votos un procedimiento interno para elegir a las cortes a su manera y conformaron una comisión pesquisidora para investigar supuestos delitos cometidos por cuatro magistrados de la CC. El denunciante era uno de los aspirantes a magistrado descartado del proceso por reunirse con Gustavo Alejos, el empresario señalado de operar e intervenir en la elección de cortes de justicia.
La CC se defendió y decidió que el proceso contra cuatro de sus magistrados debía archivarse. Y a pesar de eso, 7 diputados directivos, encabezados por Allan Rodríguez, desoyeron una orden que los obligaba enviarles el expediente de antejuicio. Por esas acciones, el Ministerio Público pidió retirarle la inmunidad a los 92 que favorecieron otro procedimiento para elegir cortes, y también contra los directivos que desobedecieron las órdenes del máximo tribunal constitucional.
Fuentes del oficialismo aseguran que el Congreso se resistirá a elegir a las cortes de justicia antes de que haya una nueva CC, en abril de 2021. A los diputados les interesa un cambio en las reglas del juego al momento de elegir a magistrados de las Cortes de Apelaciones y especialmente de la Corte Suprema de Justicia, que tiene el poder de decidir si un legislador debe o no perder su inmunidad cuando recibe una acusación penal.