Comedores Sociales: Mides sigue con mismo proveedor y precios
Comedores Sociales: Mides sigue con mismo proveedor y precios
En el primer semestre, este gobierno compró alimentos por 117 millones de quetzales, sin concurso público, a Banquetes de Guatemala (Presto). El ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, se justifica en que hay un «monopolio de la alimentación».
Son las once de la mañana y casi 300 comensales esperan una ración en el Comedor Social que opera en las instalaciones de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), en la zona 1 capitalina. En la fila hay diversidad: desempleados, vendedores ambulantes y otras personas que cubren con sus manos frascos de los que inhalan con infructuosa cautela.
Antes del mediodía los almuerzos se acaban. La jornada para quienes desean su segundo tiempo de comida arrancó hace casi seis horas en una fila más, pero esa vez bajo el sereno de la madrugada.
«Hay veces que no alcanzamos. Se acaba -la comida- y hay una gran colona. Pero el lento es uno. Uno tiene que ser diligente para hacer las cosas», asegura Mario Cruz, de 60 años, quien sobrevive vendiendo golosinas en el transporte público.
Aunque no siempre recibe un plato, admite que el Comedor Social le ayuda a él y a cientos de personas más a no quedarse con hambre. «La comida no la da la persona, la da Dios. Nos dan huevitos y frijoles en el desayuno, y carne o pollo en el almuerzo», cuenta mientras espera que le den paso a las instalaciones.
Los Comedores Sociales, vigentes desde el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, en 2008, son objeto de críticas durante los últimos gobiernos. Primero, porque la comida no siempre llega a quienes más la necesitan, principalmente en áreas rurales. Y segundo, porque solo existe un proveedor en el mercado capaz de ofrecer el servicio.
Es Banquetes de Guatemala, conocido también como Presto, que durante los últimos tres gobiernos, incluyendo al del presidente Bernardo Arévalo, impuso, sin competencia alguna, los precios de los alimentos que se sirven en los lugares como el que frecuenta Mario.
Cuestionamientos
Desde su inicio, el objetivo de los Programas Sociales fue facilitar desayunos y almuerzos gratuitos a personas en inseguridad alimentaria. No está diseñado para combatir la desnutrición, sino sólo para facilitar el acceso a alimentos a quienes tienen dificultades para hacer todos los tiempos de comida por pobreza, por desempleo o por sufrir una crisis financiera sobrevenida, priorizando a adultos mayores o personas con discapacidad.
Sin embargo, su implementación es cuestionada por expertos en seguridad alimentaria, organizaciones fiscalizadoras y, recientemente, por diputados en el Congreso de la República. Entre las críticas principales figuran el precio y la falta de criterios técnicos para decidir en qué lugares instalar los Comedores.
Un desayuno con huevos revueltos, frijoles, plátanos y bebida mezclada con leche puede costar hasta 25 quetzales. Un almuerzo con 4 onzas de carne, una porción de tortillas, vegetales y fruta puede alcanzar casi los 30 quetzales, según consta en los registros del portal Guatecompras.
A tan solo unas cuadras de Fegua, otros negocios ofrecen menús similares por hasta 10 quetzales menos. El costo, explican las autoridades del Ministerio de Desarrollo (Mides), se justifica por toda la logística que conlleva preparar los alimentos y trasladarlos a todos los Comedores Sociales.
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De enero a julio de este año, la citada cartera erogó 117 millones 752,719 quetzales a favor de Presto para el suministro de alimentos en los 62 Comedores Sociales que se encuentran activos, la mayoría en cascos urbanos, de acuerdo con registros del Mides.
De estos, 25 comedores se ubican en municipios que reportan una baja vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, 16 en municipios con vulnerabilidad media, 14 con alta y solo 6 en municipios con muy alta, según la última medición del Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional (Ivisán) 2012 (no se incluye uno de Zacapa porque se creó en 2014). El departamento de Guatemala concentra la mayoría de Comedores Sociales, con 13.
En 2022, el diputado Cristian Álvarez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, uno de los más críticos de este programa, denunció que el precio de un desayuno había pasado de 10 quetzales con 25 centavos entre 2018 a 2020, a 20 quetzales con 10 centavos en ese año, el doble. En mayo pasado, el congresista cuestionó en las instalaciones del Mides la sobrevaloración de la comida y falta de criterios técnicos para llegar a las personas con necesidad.
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«Aquí se está haciendo exactamente lo mismo que en el gobierno pasado, cuando el programa estrella en el Mides era el de los Comedores. Estrella porque no daban la comida completa, nunca llegó a las personas que más hambre tenían y las realmente afectadas, estaba sobrevalorado, tenía una empresa específicamente asignada y no había concurso público», sostiene Álvarez.
Un mercado “monopólico”
Durante los últimos tres gobiernos, Presto ha sido el principal proveedor con capacidad para entregar raciones servidas al Mides y a otras instituciones del Estado.
Abelardo Pinto, a cargo del Mides, explica que en el mercado la única empresa con la capacidad para preparar alimentos y trasladarlos a los Comedores ha sido Presto. Por ello, describe la situación como un escenario «monopólico».
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«El cuestionamiento ha sido muy grande alrededor del proveedor, pero solo al Mides se voltea a ver, cuando es un proveedor del Estado. Provee al IGSS, a la Secretaría de Bienestar Social, al Ministerio de Gobernación. (…) El problema que tenemos entonces es un monopolio de la alimentación porque no hay más (proveedores) (…) Estamos dando pasos hacia la diversificación, nosotros lo que quisiéramos es tener un proveedor por departamento», comenta el ministro.
El Fondo de Protección Social, la unidad del Mides a cargo del programa, comenzó a contratar alimentos con dicha empresa desde junio de 2017 por medio de un contrato abierto, el cual venció en agosto del año pasado.
Ese mismo mes de 2023, el procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señalando que, tras el vencimiento del contrato abierto, existía la amenaza de dejar de abastecer de alimentos a las personas beneficiarias de los programas sociales.
La CSJ otorgó el amparo y ordenó al Mides y a otras entidades que adquieren alimentos con dicha empresa, que realizaran «todas las acciones administrativas necesarias, dentro del ámbito de su competencia, para garantizar la continuidad de la prestación de los alimentos establecidos en los diferentes programas sociales».
Desde entonces a la fecha, el Mides empezó a realizar compras directas, sin concurso público, a Presto por montos mensuales que han alcanzado hasta los 23 millones de quetzales.
El titular de la cartera insiste que, aunque haya pequeños negocios que ofrezcan precios menores, la legislación vigente impide que se les pueda comprar.
«Una vez un diputado nos dijo por qué no íbamos a la esquina y comprábamos dos huevos y una lata de frijoles para entregar. Pero si ese diputado pretende que yo haga eso, primero debiera modificar la Ley de Contrataciones del Estado. Usted sabe que como Estado no le podemos comprar a la tienda de la esquina. (Para vender) cualquier artículo, desde un lapicero, el proveedor debe tener un Regae (estar inscrito en el Registro General de Adquisiciones del Estado)», rebate.
Agregó que a finales de junio se lanzaron 16 licitaciones para compra de alimentos, con las cuales se busca que más proveedores puedan ofertar. En 10 de estas, hubo otros oferentes distintos a Banquetes de Guatemala que presentaron ofertas más bajas. Al cierre de esta nota, los eventos estaban en evaluación y ninguno se había adjudicado.
Plaza Pública se comunicó a las oficinas de la empresa Banquetes de Guatemala para consultar cómo justifican los precios de los alimentos. Ofrecieron devolver la llamada, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Falta de criterios
«Yo vendo pan. Me defiendo con el pan y calculo que sean las 10:00 para lograr número. Ya con el número, sigo trabajando. A las 10:45 vuelvo porque es la hora de entrar», refiere Mario Cruz, homónimo del primer entrevistado, aunque de 72 años, quien hace fila para alcanzar un almuerzo.
Al tiempo que es entrevistado en la fila del comedor en Fegua, otro hombre observa con deseo el canasto con pan que más tarde deberá vender Mario en las tiendas cercanas. Mientras lo controla de reojo, el anciano defiende la necesidad de los Comedores. «Hay momentos en que debemos buscar la manera de comer. Como estamos grandes, no nos dan trabajo», lamenta.
Sin embargo, no todos los que tienen hambre corren la misma suerte de tener un Comedor Social a su alcance. Un reportaje de Plaza Pública evidenció que en 2023, el 66 por ciento de los Comedores Sociales se ubicaban en áreas donde la inseguridad alimentaria era media o baja.
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Además, 8 de cada 10 Comedores inaugurados durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei se instalaron en municipios donde el alcalde aceptó inscribirse con Vamos, el entonces partido oficial.
Al respecto, el ministro Pinto refiere que ahora se incluyeron nuevos criterios para decidir las áreas en la que se instalarán los Comedores.
Además del Ivisán, también se priorizarán municipios en el Corredor Seco, aquellos incluidos en la Gran Cruzada por la Nutrición, los que reporten hambre estacional y se tomará en cuenta la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, informa.
Por su parte, Jorge Pernillo, experto en temas de inseguridad alimentaria, considera que este programa es necesario para atender las necesidades de poblaciones urbanas que padecen hambre en el «día a día». Sin embargo, las poblaciones rurales no han sido priorizadas.
«Este programa está dedicado a centros urbanos. No va a llegar a Jocotán y Camotán (Chiquimula), no va a llegar a Panzós, Alta Verapaz, donde está más crítica la situación. Ese es el desbalance. Considero que sí es necesario el programa, pero tiene que ser acompañado de otras acciones a nivel rural», comenta Pernillo.
Enfatiza que los comedores no combatirán la desnutrición crónica, ya que su alcance es únicamente mitigar el hambre y la inseguridad alimentaria. Pero para ello, es importante que el programa responda a criterios técnicos y no políticos.
«Las municipalidades podrían perfectamente hacer evaluaciones de inseguridad alimentaria para ver cómo está su población y, según los resultados, tendrían que responder este tipo de programas (…)», sugiere Pernillo.
Asegura que desde que se fundó, el Mides respondía a una «visión política». «El reto del ministro ahora es darle esa transformación. Que responda a las necesidades sentidas de la población, pero para ello tiene que romper con ese ciclo de responder a lo político. Si no, se va a seguir en las mismas, pasará el gobierno y se perderá la oportunidad de atender a los más vulnerables», sentencia el experto.
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