Siglo XIV. Tres improntas en Guatemala

Según Bárbara Tuchman, en la Europa del siglo XIV «se encontraban las huellas de los cascos de jinetes que no eran cuatro, como muestra la visión de san Juan, sino siete: plaga, guerra, impuestos, bandidaje, mal gobierno, insurrección y cisma en la Iglesia. Todos, salvo la peste, brotaron de un estado preexistente a la muerte negra y se prolongaron después de haberse extinguido la pandemia».[1]

En el mismo orden, James Westfall Thompson, relacionando los hechos previos a la muerte negra del siglo XIV y los sucesos que antecedieron a la gran guerra (Primera Guerra Mundial), «constató que, independientemente de las causas directas de mortandad masiva —la peste en el caso medieval y el conflicto bélico en el segundo—, persistían otros males comunes en ambos ciclos. El profesor citó el caos económico, la intranquilidad social, los precios elevados y la depravación moral, la indolencia y la ostentación frenética, el derroche, el lujo, la histeria colectiva y la exacerbación religiosa como algunos elementos reiterados en los dos momentos estudiados».[2]

¿Hay similitudes en Guatemala como para retrotraerlas a la memoria en esta tercera década del siglo XXI? Yo creo que sí. Veamos tres improntas muy marcadas. Me referiré en esta ocasión a tres relacionadas con el mal manejo de la política y el aprovechamiento de las crisis sanitarias por parte del gobierno. Ni qué decir, para medrar en beneficio de sus altos funcionarios.

La primera corresponde al fallido intento de golpe de Estado propiciado por Jorge Antonio Serrano Elías, quien era el presidente constitucionalmente electo. Fue el 25 de mayo de 1993. En esa ocasión mandó suspender la Constitución Política de la República, disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. También censuró a la prensa y la libre emisión del pensamiento. La sociedad protestó de manera unánime y la comunidad internacional manifestó su rechazo. Obligado por las circunstancias, renunció el 1 de junio de 1993.

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La segunda es terrible porque cobró la vida de muchos guatemaltecos durante la pandemia de Covid-19. La enorme cantidad diaria de personas contagiadas y fallecidas fue cada día en ascenso (a partir del diagnóstico del primer caso) hasta perderse la certeza estadística por los casos no documentados. Hubo contrastes ominosos como la calidad de los trajes de protección de no pocos funcionarios públicos y los exiguos uniformes del personal de salud; en ese contexto sucedió la renuncia de los mejores infectólogos que participaban en la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia de Covid-19 (Coprecovid); y, como si todo ese entramado fuera poco, en esas fechas y bajo el pretexto de la pandemia se aprobó un préstamo más. Fueron 594 millones de dólares. Hasta el momento, los guatemaltecos ignoramos cómo se invirtieron esos millones y a quién o a quiénes beneficiaron.

La tercera la vivimos el pasado 13 de julio de 2023. Se trató del allanamiento a la sede del Registro de Ciudadanos por funcionarios del Ministerio Público y agentes policiales con el rostro encubierto. Se pudo ver cómo ingresaron armados al edificio haciendo gala de abuso y fuerza. Su propósito, secuestrar documentación atinente a uno de los partidos que lograron pasar a segunda vuelta en la contienda electoral para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República. Se trata del partido Semilla. Horas antes, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a cargo del juez Fredy Orellana, había enviado, a petición del fiscal Rafael Curruchiche, un oficio al Tribunal Supremo Electoral solicitando cumplir con la suspensión de dicho partido dictaminada desde ese tribunal (en orden a la comisión de supuestos delitos no precisamente electorales). Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral mantuvo su apego a la Ley Electoral de Partidos Políticos y la Constitución de la República y horas más tarde, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional a favor del partido Semilla por lo que el Tribunal Supremo Electoral pudo continuar con el proceso electoral.

Se colige de estas tres improntas, al mejor estilo del siglo XIV, que Guatemala no puede seguir siendo una república bananera. Los gorros pasamontañas y los vehículos con las placas tapadas ya no deben tener lugar en nuestro suelo. Ni puede seguir siendo un territorio donde se expolie a los ciudadanos utilizando las instituciones del Estado. Guatemala merece respeto y somos los ciudadanos honrados los llamados a traerla de vuelta a las buenas prácticas de los países civilizados del siglo XXI. Cueste lo que cueste y pese a quien le pese.