Es innegable que el sistema de educación pública y la red estatal de hospitales y centros de salud están en una crisis que está costando vidas. Parte de esta crisis radica en un problema de desabastecimiento, el cual debe ser analizado cuidadosamente, ya que, de lo contrario, medidas espurias disfrazadas de solución solo terminarían agudizándolo y engordando los bolsillos de corruptos y de proveedores tramposos del Estado.
¿Cuáles son las causas de este desabastecimiento? Responder esta pregunta es una premisa imperativa a toda propuesta de solución. Por un lado, se tienen los efectos de la crisis política de 2015 y el cambio de gobierno. Por ejemplo, luego del caso IGSS-Pisa, los funcionarios responsables de compras se volvieron particularmente renuentes a asumir la responsabilidad de levantar oportunamente eventos de licitación y cotización públicas por temor a correr la misma suerte de las enfermeras que integraron la junta de licitación que adjudicó el contrato con Pisa o de los miembros de la anterior junta directiva del IGSS (todos presos y ligados a proceso penal). Además, en las postrimerías del gobierno de transición de Maldonado Aguirre prevaleció la lógica de no asumir el riesgo de la responsabilidad de levantar eventos en las modalidades de compra abiertas y competitivas.
Por otro lado, hubo resistencia al cambio luego de la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado aprobada en noviembre de 2015. Esta reforma sancionó el fraccionamiento. Y con ello, luego del cambio de gobierno en enero de 2016, los nuevos funcionarios responsables de compras, por desconocimiento o mala fe, no levantaron concursos de contrato abierto, cotización o licitación públicas (abiertos y competitivos). Negligencia que se está pagando cara porque, en el modo normal, antes de la reforma, se hubiese recurrido al fraccionamiento impune de siempre. En buena medida, la sanción al fraccionamiento y el desconocimiento de cómo hacer procesos abiertos, competitivos y transparentes resultó en la crisis de desabastecimiento actual.
Esto abre una posibilidad inquietante: ¿habrá proveedores del Estado que puedan beneficiarse de la crisis de desabastecimiento esperando que la solución sea dar marcha atrás a la reforma que sancionó el fraccionamiento y el abuso de la compra directa?
Inquietan casos como el del IGSS, cuya junta directiva incluso instruyó no levantar los concursos de licitación o cotización ante la expectativa de comprarle medicamentos a la Unops, procedimiento que al inicio fue bloqueado por la Contraloría General de Cuentas, que luego cambió de postura y le dio luz verde. Por su parte, en el Ministerio de Educación, las autoridades incluso han ordenado a las direcciones departamentales abusar de la compra directa incurriendo en fraccionamiento, acción ilegal que es rechazada por los funcionarios que resultarían responsables de violar la ley.
Como suele suceder, algunos se quieren aprovechar de esta crisis. Se ha propuesto que la solución es legalizar de forma permanente el fraccionamiento y el abuso de la compra directa. En todo caso, suspender momentáneamente la penalización del fraccionamiento podría discutirse como una medida urgente y estrictamente temporal para resolver la crisis, pero nunca como una medida permanente, tal como se propuso en la iniciativa de ley número de registro 5075. En todo caso, los permisos temporales para violar la ley son peligrosos porque, una vez vigentes, habrá presión para volverlos permanentes.
La crisis es real y requiere una solución. Pero legalizar prácticas opacas y corruptas no es una solución aceptable para una crisis que quizá responda a intereses. Porque, si no, ¿para qué tanta bulla el año pasado?
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