Grupos de diputados, empresarios y funcionarios mafiosos nos están demostrando con actitudes descaradas y desafiantes que Guatemala en realidad no ha cambiado, que continúan siendo fuertes y que la impunidad sigue siendo un negocio muy lucrativo. Desde 2015 el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), poco después y cada vez más la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y, por desgracia, cada vez menos la ciudadanía emprendieron una batalla contra el poder que genera la corrupción y la impunidad.
Una batalla cuyo resultado final está muy lejano, en la que ambos bandos han logrado victorias y sufrido derrotas. El MP, la Cicig y la SAT usan los recursos contenidos en la legislación vigente, presionan al maltrecho sistema de administración de justicia para que funcione bien (o lo mejor posible) y continúan confiando en el apoyo ciudadano. Lo malo es que este último, lo que se llamó la plaza, continúa reposando en su tumba, abandonando peligrosamente al MP, la Cicig y la SAT.
En cambio, las mafias de la corrupción y la impunidad tienen a su disposición recursos, instrumentos y espacios diversos para librar la batalla y se benefician cada vez más y más del creciente desinterés ciudadano. Uno de estos recursos e instrumentos por excelencia es tener grupos de diputados a su servicio. Prueba de esto, un grupo de diputados está jugando este papel presentando iniciativas de ley que, de ser aprobadas, reducirían penas y sanciones por faltas y delitos cometidos, en abierto fomento y promoción de la impunidad.
En octubre de 2016, un grupo de diputados ganaderos o en representación de ganaderos presentó una iniciativa de ley que propuso un régimen de privilegios fiscales y una amnistía para dejar en la impunidad décadas de evasión de impuestos, de informalidad y de un menosprecio general a las leyes. Luego de desechar la propuesta original, la semana pasada el Congreso de la República aprobó en tercera lectura una nueva versión, pero básicamente con el mismo contenido, los mismos privilegios y la misma amnistía, es decir, impunidad fiscal y hasta posibles inconstitucionalidades.
Como si la propuesta de impunidad fiscal para los ganaderos no fuera suficientemente escandalosa, aún más agresiva es la iniciativa de ley identificada con el número de registro 5148, presentada en agosto de 2016, con la cual un grupo de diputados busca otorgar amnistía a los acusados de crear plazas fantasmas y de beneficiar a otros acusados de corrupción, propuesta que el MP calificó de «instrumento de la impunidad». No solo este adefesio legislativo fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el 2 de marzo pasado, sino que se intentó aprobarla aprovechando que la semana pasada la opinión pública estaba distraída con la tragedia del hogar Virgen de la Asunción.
Quizá la creciente ola de indignación por esta medida artera motivó al diputado independiente Mynor Cappa a denunciar públicamente presiones para la aprobación de las propuestas a favor de la impunidad, en particular el proyecto de ley de privilegios y amnistía fiscal para los ganaderos, así como el de amnistía para los acusados de corrupción y creación de plazas fantasmas, en tanto los diputados señalados niegan las acusaciones.
Ciertamente los ganaderos y los diputados que impulsan estas propuestas han demostrado con descaro y dejado muy claro lo poco que les importan la plaza y el combate de la corrupción. Y, la verdad, continuarán hasta donde los dejemos continuar, ya que hace mucho que no ven una ciudadanía interesada y activa contra la corrupción y la impunidad.
¿Nos importa a nosotros?
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