La semana pasada, el Organismo Ejecutivo presentó, a través del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfín), una iniciativa de ley para realizar una reforma tributaria en el país que pretende recaudar un total de 5 869.2 millones de quetzales, de los cuales casi la mitad provendría de un incremento al impuesto a los combustibles, particularmente del dísel, cuyo precio aumentaría 231 %. Detengo el análisis de la propuesta en este punto en particular por una sencilla razón: el dísel permite transportar (entre todos los bienes) los alimentos. La serie histórica del precio de la canasta básica alimentaria y del precio medio del galón de dísel muestra una alta correlación, es decir, si suben los precio del dísel y de los alimentos, estos productos serán más inaccesibles que hoy en día. ¿Qué opinará el presidente Jimmy Morales respecto a su meta de disminuir la desnutrición desde un vergonzoso 49.8 %?
¿Es muy difícil comprender que el bienestar de los niños y las niñas depende en buena medida del bienestar que sus progenitores puedan brindarles?
El Comité de Derechos de la Niñez (CDN) publicó el pasado 20 de julio su comentario número 19, referente al tema del gasto público. Este, en su acápite 76, es muy claro al indicar que las reformas fiscales que no consideran la capacidad de pago de las familias pueden conducir a una mayor inequidad y, sobre todo, afectar a los niños. Y es que hay que considerar que, en un país donde el 50.7 % del consumo del hogar en situación de pobreza es en alimentos, esta iniciativa significa comprometer la seguridad alimentaria de los hogares en pobreza y pobreza extrema: 59.3 % de una población de 15 millones de personas.
Si bien esta reforma tributaria aboga por un noble propósito, como lo es cerrar las brechas en el cumplimiento de los derechos humanos para las niñas y los niños en materia de nutrición, salud y educación, en la práctica les da la espalda y los utiliza en el discurso, pero con un cero en la realización de sus derechos humanos. Si el Minfín evaluó estos impactos, ¿dónde están los estudios?
Reitero: cero en la realización de sus derechos, pues habrá que preguntarse, del monto total, ¿qué cantidad estará disponible para estos fines? En un cálculo rápido en el Icefi encontramos que de ese monto total deben descontarse los destinos específicos más las rigideces del presupuesto, de modo que queda un disponible de 2 755.2 millones de quetzales. Pero aquí hay un importante aspecto sobre el cual los actuales ministros de Salud, Educación y Finanzas aún no tienen una respuesta clara y concreta: qué hacer con los pactos colectivos, cuyo cumplimiento este año implicaría no menos de 1 800 millones de quetzales. Al final quedan 373.5 millones, de manera que hay dinero para educación y salud, pero no para los niños, adolescentes y jóvenes, pues dicha cantidad se quedará para cubrir pactos colectivos leoninos, destinos específicos y rigideces presupuestarias.
Siendo así, lo primero que se debió haber hecho fue renegociar los pactos con los sindicatos y solicitar al Congreso modificaciones de leyes como, por ejemplo, la del IVA para redirigir los fondos del IVA Paz a nutrición, salud o educación, y no a la opaca gestión de los Consejos de Desarrollo.
De igual manera, los fondos para estas nobles causas pueden provenir de revisar los privilegios fiscales a maquilas, de despojar a los desarrolladores inmobiliarios de la facultad de facturar solo el 70 % de sus ventas o de obligar a las Iglesias a pagar impuestos (incluso a la educación privada, que francamente recibe exenciones fiscales a cambio de resultados mediocres), entre otros.
El Congreso de la República tiene en sus manos, pues, dos opciones: tomar decisiones políticas y presupuestarias a favor de los niños, adolescentes y jóvenes o emular el ejemplo del Ejecutivo de utilizarlos en el discurso.
Más de este autor